Esta misma mañana Francisca Granados ha negado ante una jueza en Granada haber incurrido en intrusismo, o haber ejercido como algo más que asesora legal de Juana Rivas (caso que cuenta con el apoyo de Diario16). Las acusaciones que se han presentado ante la jueza vienen respaldadas por el Colegio de Abogados de Granada, y en concreto por el decano Eduardo Torres. Para Granados estas acusaciones suponen “malgastar unos recursos que se podrían dedicar a ayudar a las asociaciones en defensa de la mujer, en vez de atacarlas” ha declarado a Diario16.
“Yo llevo de asesora jurídica en un centro público como es el Ayuntamiento de Maracena desde el 1 de marzo de 1992” cuenta Granados a Diario16, “y así se lo he declarado a la jueza”. Asegura que sólo el año pasado ha asesorado a “140 mujeres víctimas de violencia de género”, y que por lo tanto el caso de Juana Rivas “forma parte de mi trabajo desde hace ya muchísimos años”. Algo que para Francisca explica por sí sólo que no ha podido incurrir en ningún momento en un caso de intrusismo laboral, puesto que lleva colaborando con abogados y coordinandose con magistrados 26 años.
Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada, ha señalado a los periodistas, a la salida de la declaración esta mañana ante la jueza, que la querella presentada por su colectivo responde a las protestas de muchos compañeros a raíz de la actuación de Granados en el caso de Juana Rivas. La «constante aparición» de la asesora podía dar a entender que ella llevaba la dirección jurídica de la vecina de Maracena, ha explicado Torres, que entiende que pudo ejercer labores que, según la normativa, correspondía «exclusivamente» a abogados.
Algo que para Francisca Granados no tiene sentido: “Sin llegar a declarar ante la jueza, el Colegio de Abogados de Granada tendría que tener muy claro cual es el papel de las asesoras jurídicas” antes de realizar esas acusaciones puesto que no se trata de “algo excepcional ni inventado”. Para la asesora de Juana Rivas esta denuncia no se corresponde “a razones técnicas, sino de carácter ideológico” .
El caso de Juana Rivas, y que le ha valido la denuncia del Colegio de Abogados de Granada a Granados, permaneció casi un mes en paradero desconocido para no entregar a sus dos hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri. Éste fue condenado en el 2009 por lesiones en el ámbito familiar y al que ella volvió a denunciar por supuestos malos tratos. Unos hechos por los que Juana tendrá que pagar a su ex pareja 1.900 euros. Ahora el Defensor del Pueblo ha reconocido que podría haber irregularidades en cómo se manejó la segunda denuncia de Rivas.
