La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) dio trámite a un expediente sancionador contra el Fiscal Jefe de Talavera de la Reina por la construcción de un chalet en dominio público hidráulico, hecho del que ya nos hicimos eco en Diario16, sancionando a la reposición de las cosas a su estado anterior, es decir, a demoler un chalet construido ilegalmente. Sin embargo, se ha tardado más de 8 años en tramitar dicho expediente que data de marzo del año 2.009.

No obstante, existen conexiones inquietantes en todo este proceso como, por ejemplo, las relaciones entre el Fiscal y un condenado por corrupción y al que se le impuso una pena muy inferior a la que le correspondería por derecho y el hecho de que la hipoteca para el chalet que deberá ser demolido se firmara en una oficina de CaixaBank de la que era titular la hija del condenado y que en la constitución del préstamo hipotecario se obviara el hecho de que existía un expediente sancionador para la demolición de dicha construcción.

La Audiencia Provincial de Toledo condenó a José Luis Lugones, el recaudador que estafó a diez municipios de la comarca de Talavera de la Reina, a dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y al pago de las indemnizaciones a los distintos ayuntamientos, por importe de 1.420.431,05 euros.

La causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Talavera de la Reina y figuraron como partes acusadoras el Ministerio Fiscal y los ayuntamientos de Cazalegas, Velada, Calera y Chozas, Navalcán, Las Ventas de San Julián,Alberche, Aldeanueva de Barbarroya, Rielves y Las Herencias.

Así se hizo constar en la sentencia que fue redactada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tras llegar las partes a un acuerdo en el mes de noviembre del año 2015, por lo que se hizo innecesaria la celebración del juicio.

Lo que llama la atención es la escasa condena a la que se conformaron las partes (2 años, que no se cumplirán por falta de antecedentes del penado), teniendo en cuenta que se trataba de un delito de corrupción administrativa donde la cantidad defraudada superó con creces los 250.000 €; por lo que la pena aplicable, según lo acordado en junio de este año por el Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, podría dispararse hasta los 12 años en los casos de falta de conformidad.

Por esa razón, llama también poderosamente la atención el hecho de que esa conformidad tan benigna para José Luis Lugones se alcanzara en la fiscalía de la adscripción territorial de Talavera de la Reina, cuyo fiscal Decano, Angel Demetrio De La Cruz Andrade, había sido también denunciado por corrupción y blanqueo de capitales, por la presunta simulación de las operaciones jurídicas que llevó a cabo para la adquisición de su chalet.

Se da además la circunstancia de que una de esas operaciones jurídicas presuntamente simuladas, la que constituyó la hipoteca para la adquisición de su chalet, se realizó en una sucursal de CaixaBank en Talavera de la Reina, cuya directora es curiosamente Tania María Lugones Álvarez, hija de José Luis Lugones, tal y como reza en la escritura de constitución del préstamo hipotecario a la que Diario16 ha tenido acceso.

Esta hipoteca por importe de 400.000 € la constituyeron en el año 2010 Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su mujer, María García García —según indicaron en un escrito dirigido a la fiscalía— para novar las dos hipotecas que supuestamente sirvieron para financiar la construcción de su chalet; y un año después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo sancionara al matrimonio con la demolición de la vivienda al haberse construido dentro del dominio público hidráulico, en la zona de policía del arroyo de la Fuente o Berrenchín.

Vuelve a llamar la atención el hecho de que el valor de tasación del chalet que figura en la escritura de hipoteca sea de 551.300 €, cuando según el art. 44 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, los edificios en demolición se tasarán solo por el valor del terreno, que en el caso del chalet del fiscal ni siquiera llegó a los 100.000 €.

Por esa razón del escaso valor económico del inmueble al haberse ordenado su demolición un año antes, el perito Emilio Barroso González subrayó en un informe aportado a la fiscalía que esos «hechos y operaciones […] pudieran estar relacionados con el blanqueo de capitales y suponen indicios de simulación de actividades lícitas aparentes».

Todo lo anterior permite concluir que Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su mujer, María García García, si omitieron a la entidad financiera que sobre el inmueble hipotecado había sido ordenada su demolición un año antes, habrían podido cometer un presunto delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal.

Si no omitieron esa circunstancia, y a pesar de ello el Banco consintió en constituir una hipoteca por un importe seis veces superior al valor del bien hipotecado, entonces los delitos cometidos por ambas partes contratantes podrían ser el de presunto blanqueo de capitales y presunto tráfico de influencias.

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