La Fiscalía Provincial de Madrid solicita doce años de prisión para Ramón Fernández Usera, un coronel del Ejército, y para su hijo Ramón Guillermo Fernández de Usera Cáceres, quienes se dedicaban a vender propiedades a particulares haciéndoles creer que pertenecían al Ministerio de Defensa y que, de esta forma, eran más baratas para posteriormente quedarse con el dinero. A ambos se les imputa un delito continuado de estafa y otro delito continuado de apropiación indebida.
El coronel del Ejército actuaba junto a su hijo en calidad de administradores mercantiles de dos sociedades y, aprovechándose de su condición de militar, se hacía pasar por representante del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (IVIFAS).
De esta forma los dos acusados ofrecieron a un particular la posibilidad de adquirir en propiedad tres viviendas que decían pertenecer al IVIFAS y que iban a quedar libres en un corto espacio de tiempo a un precio sensiblemente inferior al del mercado. Entre abril y mayo de 2004 la persona estafada les entregó en varias ocasiones distintas cantidades de dinero hasta alcanzar los 144.273 euros que fueron a parar al bolsillo de los acusados.
El modus operandi se repitió dos años más tarde “gracias a las buenas relaciones que mantenían los acusados con el Ministerio de Defensa”, según el Fiscal. Padre e hijo lograron convencer a otro particular para que adquiriese a buen precio una vivienda antes de que el IVIFAS la licitara para subasta pública.
Los dos acusados, con la excusa de que tenía que consignar cierta cantidad de dinero, consiguieron que la persona estafada desembolsara más de 181.000 euros en cuatro meses, una cantidad de dinero que se incorporó en metálico, de nuevo a sus bolsillos, sin realizar ingreso alguna en la cuenta de consignaciones del Ministerio de Defensa.
La última operación fraudulenta fue más elaborada ya que el militar se postulaba como alguien que había ejercido como arquitecto en el IVIFAS. Con esta carta de presentación acudió a otro particular para que adquiriese una vivienda que pertenecía a la viuda de un alto militar, haciendo creer a la mujer estafada que actuaban con un contrato de mandato de venta de la propietaria que, además, necesitaba vender la propiedad. En esta ocasión consiguieron que la viuda les entregara 114.750 euros. El juicio contra estos malhechores comienza el martes a las 10. 00 h en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
