Una de las bonanzas de los Presupuestos Generales, es la aprobación de una enmienda de Podemos consistente en la dotación de 100.000 euros, pactando con el Partido Popular, sufragar una plataforma tecnológica para dar atendimiento a los afectados por el robo de bebés durante las décadas de los años 1940-1990 en España, e investigar sobre perfiles genéticos. Podemos exigía crear un banco de ADN gratuito, con una dotación de 1 millón de euros, para poder realizar pruebas a la búsqueda de familiares, y zanjar la incertidumbre asociada a la identidad de miles de familias afectadas en España. Algunos eurodiputados se reunieron días atrás con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, representantes de la Comisión responsable en el Congreso de los Diputados, del Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal, ante las miles de solicitudes de afectados para abrir una investigación, por la presunta trama de venta de bebés al notificar a sus padres la muerte de los nacidos en el parto. Europa no da zanjado por este asunto.

La Comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha recibido múltiples denuncias por el robo de bebés, y las demandas de las familias aluden a la desconfianza hacia las autoridades políticas y religiosas. Por otras parte, los afectados apuntan sus quejas “a la falta de apoyo institucional recibido, tanto en asesoramiento legal, como psicológico”, y señalan que “la falta de recursos económicos dificulta en muchas ocasiones proseguir con su propia investigación en la búsqueda de sus orígenes”. Otro perfil histórico incluido en el proceso, se refiere a las fechas de bebés robados, en los periodos correspondientes a la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El Grupo Podemos solicitó la creación de una fiscalía unificada para los casos de robos de bebés, así como que el Ministerio Fiscal actuara de oficio con la potestad que tiene conferida, sin embargo, el PP votó en contra en la última Comisión, aunque al menos aceptó la enmienda transaccional para crear esta plataforma tecnológica, y dar apoyo a las familias afectadas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales (Anadir) presentó una demanda colectiva por 261 casos ante el Fiscal General del Estado, para investigar estos hechos, y dar el soporte a estas familias para encontrar a las personas que buscan, además de incluir documentos con declaraciones de sanitarios y compradores de bebés que tuvieron participación en estas prácticas irregulares de adquisición de menores. Los precios para comprar un bebé o una adopción irregular en España durante el franquismo oscilaban en 300 euros, y cerca de 6.000 euros en la primera década de la democracia española.

Las denuncias en 2009-2010 abrieron esta vieja herida en España, y se han recibido un total de 2.095 reclamaciones en diferentes fiscalías provinciales, activando varios colectivos que no descartan acudir al Tribunal de Derechos Humanos en Europa. El argumento legal expuesto por algunos afectados consiste en abrir una investigación penal que determine si se produjeron delitos de coacción y engaño a las madres biológicas, falsedad documental, y tráfico de menores. Otro de los reclamos de algunas asociaciones, es que el Estado colabore con estas denuncias, apoyando con abogados de oficio, y sean equiparados en parte de la logística, con el respaldo que reciben las víctimas de violencia de género.

La Fiscalía, se ha comprometido con mantener este caso vivo para que no prescriba, ante el grupo de eurodiputados. Europa se encargará de aportar herramientas que ayuden a la resolución de los casos, así como atención a las víctimas del robo de bebés, vigilando que las instituciones en España cumplan con su cometido. Así mismo, la Iglesia católica, se ha implicado con la colaboración para destapar archivos, pero bajo la protección de datos que sea necesaria.

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