La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de un delito de corrupción entre particulares en el cobro de comisiones a agencias de publicidad contratadas por Bankia, según el escrito de calificación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Diario 16. Según la fiscal Elena Lorente, tras la instrucción judicial han resultado “indicios” de que Rodrigo Rato Figaredo, en su condición de presidente de Caja Madrid-Bankia cobró comisiones carentes de justificación en 2011 y 2012, a través de su sociedad patrimonial Kradonara 2001 SL.

El origen de la investigación se remonta a las previas comisiones abonadas por las sociedades Zenith Media SL y Publicis Comunicación España (ambas pertenecientes al grupo empresarial Multi Market Services Spain Holdings SL) a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento, cuyo propietario y gestor, Alberto Portuondo, formaba parte del “equipo introducido por Rato a su llegada a Caja Madrid en enero de 2010” y que además tuvo participación activa en el proceso de selección de aquellas sociedades en los concursos de publicidad que Bankia llevó a cabo para la difusión de la marca de la caja de ahorros y la salida a Bolsa de la entidad. Finalmente, en ese proceso fueron adjudicatarias las empresas Publicis y Zenith.

Según la fiscal, Alberto Portuondo, que mantenía desde el año 2008 negocios con Miguel Angel Montero Quevedo fue introducido como asesor externo de Caja Madrid a principios del año 2010, coincidiendo con la llegada a la presidencia de Rato en enero de ese año. Montero Quevedo ha sido “administrador de muchas sociedades familiares vinculadas a Rodrigo Rato desde hace décadas”, según el escrito de calificación fiscal.

Los supuestos implicados constituyeron un auténtico “grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato”

Con el fin de lograr comisiones Rato se sirvió, según el ministerio público, de íntimos colaboradores que como Montero Quevedo “han trabajado desde mucho tiempo atrás para él, así su secretaria personal Teresa Arellano, a la que dio alta de funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera y su amigo y hombre de confianza José Manuel Fernández Norniella, a quien nombró vicepresidente y consejero”.

Igualmente, y a los “efectos del control absoluto por Rato de todo lo relacionado con la publicidad y la comunicación en Caja Madrid-Bankia” se colocaron en su círculo otras personas traídas por Fernández Norniella y Portuondo, como es el caso de los también investigados Miguel Robledo, responsable de comunicación externa de la entidad, y Beatriz Colomer, colaboradora y mano derecha de Portuondo con funciones en el área de comunicación y marca. “Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato”, añade el escrito.

Las comisiones que Albisa abonó a Kradonara se “enmascararon como una prestación de servicios, firmándose un contrato el 3 de junio de 2011 entre Portuondo, en nombre de la primera, y Domingo Plazas, en nombre de la segunda”. Según cree la fiscal, el administrador de Kradonara era Servitax, empresa de servicios perteneciente al bufete Plaza Abogados, y controlada por el propio Domingo Plazas, quien actuaba desde al menos 2006 como asesor y gestor de Rodrigo Rato. Las comisiones recibidas por Kradonara ascendieron a 474.416 euros en 2011 y 360.608 en 2012.

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