¡Buenos días!

Recurrimos a usted con el objeto de poner en conocimiento público la crítica y desesperada situación en la que se encuentran 400 familias residentes y propietarias de las correspondientes parcelas ubicadas en la Urbanización “El Practicante”, sita en el municipio madrileño de Camarma de Esteruelas, que comenzaron un proceso de urbanización con un coste de más de 8 mill. de € y que, a día de hoy, más de 20 años después y con un coste que ya superan los 20 millones de € continúan sin ver su urbanización terminada, pero que además han de hacer frente a una sentencia del TSJM que les condena a pagar 4 millones de euros.

La urbanización nace en 1983 como “parcelas de regadío”, abasteciéndose para ello de agua subterráneas de un pozo no potable. En esos años donde el metro cuadrado se pagaba 30 pts/m2, los vecinos compran sus parcelas a un coste de 120 pts/m2 por ser de regadío. Estos nuevos propietarios eran entonces personas de mediana edad, hoy la mayoría son jubiladas con pensiones modestas e incluso gran parte de la urbanización son herederos de esas originales compradores.

En el año 1993 se firma un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas con el objeto de legalizar la situación de la urbanización y en el año 2000 se constituye una Junta de Compensación,, órgano regulador necesario para urbanizar que normalmente lo hacen las grandes promotoras `cuando se hacen con terrenos. En nuestro caso esta función lo asumieron vecinos sin saber muy bien cual tan complicado seria esta función y el tiempo que se iba a dilatar.

Dicho Convenio Urbanístico nos obligada a realizar varias expropiaciones para entregar al ayuntamiento parcelas y terrenos destinados a “equipamiento municipal”, entre ellas las dos en la que se ubican los pozos que abastecían de agua a la urbanización entre ellas la parcela donde está situado el pozo al que hoy nos condenan a pagar los 4 millones de euros..

En el momento de iniciar la expropiación del pozo en el año 2001 este señor vuelve a dar señales de vida reclamando una indemnización por la expropiación de dicho pozo tras 18 años de abandono del mismo y siendo mantenido por los vecinos. El proceso de expropiación se alarga inexplicablemente hasta el año 2013, en el que el Jurado Territorial de Expropiación dictamina el pago de unos 150.000€ como justiprecio del pozo. El no está de acuerdo con dicho justiprecio e interpone un contencioso con la urbanización donde nos reclama más de 3 millones de euros

Bien, por increíble que parezca, a pesar de los 18 años transcurridos, de que durante todo este proceso se han sucedido en la urbanización hasta 4 Consejos Rectores distintos, una sentencia del TSJM irrecurrible y una sentencia de Casación, la primera noticia de todo este asunto se les comunica a los propietarios en Abril de 2018, en una Asamblea General en las que se pone en conocimiento de los propietarios esta situación, ajenos y desconocedores absolutamente de todo ello, adjuntando una hoja de reparto de esa cantidad por parcela que oscila entre los 10-12.000€ en el mejor de los casos y más de 40.000 €.

Desde la más absoluta perplejidad varios vecinos nos pusimos a investigar por nuestra cuenta, revisando y buscando por todos los medios toda la documentación posible que pudiera aclararnos lo sucedido (sentencias, alegaciones, documentos oficiales, etc., etc., etc.), descubriendo a cada paso que dábamos, para nuestra sorpresa y desesperación los verdaderos ingredientes del auténtico “pastel”.

  • Un Ayuntamiento que, como organismo expropiante dilata inexplicablemente durante más de siete años un proceso que se podría haber resuelto en una semana.
  • La situación completamente ilegal de dos pozos que abastecen para el consumo humano de agua de riego a 400 familias.
  • Dos jueces que, en sus sentencias, reiteran en cuatro o cinco ocasiones que “no se han presentado pruebas” en nuestra defensa; es decir, nuestros “dirigentes” no han presentado a los juicios ninguna prueba que desmontase las alegaciones del supuesto propietario del pozo
  • -ni de la existencia del segundo pozo –que, directamente, hubiera supuesto reducir la deuda a menos de la mitad
  • en ningún momento se aportan las numerosísimas facturas y recibos de los gastos de mantenimiento justificados en presupuestos durante 18 años –y que hubieran reducido al deuda en más de 2 mill. de €.
  • En cuanto a la documentación oficial del pozo en cuestión, descubrimos que el expediente oficial del pozo se halla perdido en las dependencias de la Dirección de Minas y que no fue transferido con el resto de expedientes al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, organismo público en el que legalmente debía estar custodiado, imposibilitando con ello, el acceso público al mismo.
  • Cuando conseguimos acceder a documentación oficial del pozo nos encontramos con que el pozo en cuestión era absolutamente ilegal y que jamás se había registrado en los pertinentes organismo públicos, es decir, jamás había sido legalizado, utilizando el propietario la documentación de otro pozo cercano para perpetrar y consumar el engaño, siendo que el pozo de la urbanización se ubica en el P.K. 11.800 de la Carretera de Alcalá a Valdeavero y el pozo del que se utiliza fraudulentamente la documentación se ubica en la misma carretera, pero en el P.K. 8.800.

Tras el descubrimiento de estos datos se ha presentado un Recurso de Revisión de Sentencia y con la esperanza de 400 familias puestas en ello.

Si fuera necesaria cualquier aclaración te dejo mi teléfono para completarle toda la información y documentación que fuese necesario.

Ana Illera Gómez, Presidenta de la Junta de Compensación.

Un cordial saludo.

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