Los servicios a bordo y el servicio de restauración en los trenes de RENFE de larga distancia y en los trenes del AVE vienen siendo prestados desde el año 2013 por la subcontrata Ferrovial. Dicha subcontrata ganó entonces la licitación del servicio; una licitación que fue presentada por un precio muy inferior a las presentadas en ocasiones anteriores. Aproximadamente un 25 por ciento inferior.
¿Conocen ustedes el término dumping empresarial? En economía, el dumping se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. En el mundo de las subcontratas, cuando una empresa acude a la licitación de un servicio de forma temeraria, siendo sabedora de que no podrá prestarlo garantizando las condiciones laborales de los trabajadores por el importe que percibirá al prestar dicho servicio, nos encontramos ante un caso flagrante de dumping empresarial. Este hecho no redunda solamente en los derechos laborales de las plantillas, sino que los ciudadanos sufrirán una evidente depauperación de los servicios recibidos, hecho aún más preocupante cuando dichos servicios son servicios públicos.
En el caso de Ferrovial, los representantes de los trabajadores de la anterior prestataria del servicio dieron la voz de alarma al comprobar que el precio de la licitación era tan bajo y que no garantizaba ni tan siquiera la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras. A tal efecto se remitió una carta a la Ministra de Fomento de aquel entonces, Ana Pastor, indicándole que este hecho iba a desencadenar muchos problemas en muy poco tiempo. La petición no fue atendida.
Los cambios drásticos no se hicieron esperar. A los cuatro meses de que Ferrovial ganase la licitación, se presentó un ERE por motivos organizativos y de producción que afectaba a 418 personas, alegando que RENFE suprimía una parte del servicio en los trenes de larga distancia y en los AVE de los sábados. Finalmente dicho ERE acabó en un acuerdo con CCOO-UGT que supuso la destrucción de 295 empleos, además de una medida de acompañamiento por la que todos los trabajadores que permanecieran en la empresa sufrirían una reducción económica del 5,25% de cada concepto fijo y variable. A este 5,25% habría que sumarle un 1% correspondiente a la revisión salarial de aquel año que la empresa se negó a abonar y que esta misma semana se ha ganado en la Audiencia Nacional por parte de los trabajadores.
Con posterioridad a la ejecución del ERE buena parte de los servicios eliminados volvieron a prestarse, instaurándose incluso nuevos servicios como el carro de venta a bordo. Representantes del sindicato CGT comentan a este diario que la carga de trabajo es insostenible dado el escaso personal existente en la empresa desde el ERE. En todo caso, llama la atención la perfecta sincronía de los acontecimientos desde que la licitación a bajo coste fue presentada, estando implicados directa o indirectamente en todo este asunto tanto RENFE como la subcontrata Ferrovial, así como el Ministerio de Fomento.
Para la conseguir una mayor reducción de costes, además de las medidas antes comentadas, Ferrovial ha llevado a cabo otras como el abono de las pagas extras proporcional al tiempo de alta cuando un trabajador ha sufrido una baja. Para explicarlo con un ejemplo, cuando una trabajadora del servicio a bordo sufría una baja de seis meses, sus pagas extras se veían reducidas en un 50% de la cantidad a percibir.
Ferrovial denuncia en noviembre de 2015 el convenio colectivo para que comience a negociarse uno nuevo. Sus pretensiones son mayor flexibilidad en turnos por parte de los trabajadores y mayor contención salarial, cuestión que es del todo inaceptable desde el punto de vista de la representación sindical.
Haciendo valer otra de las novedades de la reforma laboral, la empresa no aplica en ultraactividad el convenio anterior a las nuevas contrataciones, aplicando directamente el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto de Jornadas Especiales a estas personas. A nivel de turnos, estos trabajadores y trabajadoras carecen de ningún tipo de regulación al no aplicárseles, ni tan siquiera, su anterior convenio en régimen de ultraactividad.
Ha habido varias convocatorias de huelga en todo el Estado. En primer lugar se convocó entre el 26 de febrero y el 5 de marzo una semana de huelga continuada. Los convocantes fueron CGT-ST-USOC-CCOO-UGT. Posteriormente, los días 11, 12 y 13 de abril se volvió a llevar a cabo una nueva convocatoria. El tercer ciclo de huelgas se produjo entre los días 1, 2, 3 y 4 de mayo. En total, los trabajadores y las trabajadoras de la subcontrata Ferrovial llevan 15 días de huelga en todo el Estado reclamando unas condiciones laborales dignas.
Según CGT el seguimiento ha sido de más de un 90% en servicios a bordo y ha superado el 65 por ciento en logística y oficinas.
La empresa, sin embargo, sigue presentando medidas que suponen una agresión a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de Ferrovial. En abril de este año presentan un ERTE que afecta a 452 personas del colectivo de servicios a bordo y que supone una reducción de jornada (y salarial) de entre un 15% y 17,5%. Las bases más afectadas por dicha medida son Madrid y Barcelona.
Representantes de CGT indican que además se viene produciendo persecución sindical por parte de la empresa. Hay un representante de los trabajadores despedido, José Luís Vicente, perteneciente al sindicato CGT. Por otra parte hay expedientes abiertos a delegados de todos los sindicatos presentes en la empresa.
Los trabajadores y las trabajadoras de Ferrovial durante las jornadas de huelga pedían el mantenimiento del poder adquisitivo, quieren también que se le compute como tiempo de trabajo a efectos de jornada máxima anual todo el tiempo que pasan fuera de casa entre trayectos; se pide para el personal de tierra que se disminuya progresivamente la jornada máxima anual para ayudar a la conciliación; se pide también el pago completo de las pagas extras en casos de trabajadores que hayan sufrido una IT y piden que se eliminen los tripletes de servicios a bordo (tres destinos con tres viajes seguidos en tres días consecutivos fuera de casa).
Si la exministra Ana Pastor –y actual presidenta del Congreso de los Diputados– hubiera dedicado el debido tiempo al asunto, todas estas agresiones a los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos no se hubieran producido. Cuando se dedican más energías a desmantelar los servicios públicos y a defender los intereses de las empresas que a garantizar los derechos de los ciudadanos, tragedias como la de Ferrovial son el resultado de una pésima gestión política.
Y cómo no, el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se lava las manos.
Todo lo que hay aquí expuesto es correcto. Dos cuestiones a destacar:
1.- En el primer ere, salieron forzosamente de la empresa personal de oficinas y de logistica. Ni uno sólo de los tripulantes. No hubo huelgas, se aceptó eso y la reducción de salario.
Ahora 4 años después se dan cuenta que se abrió una puerta que ahora no saben cerrar.
2.- ¿El servicio a bordo existe en cercanías y media distancia? Son 260 millones de euros cada 4 años que se puede invertir en mejorar vías, sistemas de seguridad de trenes, accesibilidad de andenes… Avisando al pasajero que lleve el bocata y la botella de agua, se soluciona. No creo que en las actuales condiciones de este pais, estemos para pagar esa pasta a una empresa para dar este servicio a bordo.