El movimiento feminista español está volcándose estos días en su campaña a favor de la abolición de la prostitución a través de la firma de un manifiesto que ya han secundado en apenas unas horas miles de entidades, personas, partidos políticos y colectivos sociales. También abogan decididamente por la prohibición del sindicato de mujeres prostituidas OTRAS, impulsado por la corriente regulacionista, que sabrá este miércoles si la Audiencia Nacional decide finalmente su ilegalización tras ser aprobado “por error” por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Miles de firmas de apoyo a un manifiesto que reclama ilegalizar el sindicato que defiende la regulación de la prostitución

El pasado 4 de agosto, la Dirección General de Trabajo publicó su resolución en el Boletín Oficial de Estado (BOE) tras comprobar “que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Real Decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales”. OTRAS, que se autodenomina Organización de Trabajadoras Sexuales, cuenta con los correspondientes estatutos y también con el acta de constitución y tiene su domicilio en la Plaza del Fénix de Barcelona aunque su ámbito de actuación es estatal.

El manifiesto abolicionista de la prostitución defiende que “la legalización de OTRAS es una maniobra para legalizar de facto el proxenetismo en nuestro país”, ya que la ley de libertad sindical apunta que un sindicato es, obligatoriamente, “para trabajadores/as por cuenta ajena a quienes contrata una empresa, y para limitar el poder de la patronal, esto es, del empresario que los ha contratado”. Por tanto, si se reconoce la existencia de un sindicato de prostituidas como tal, se estará reconociendo que hay un tercero, legal, que las contrata para enriquecerse con su explotación.

En el manifiesto, se subraya que “es innegable que la prostitución tiene un fuerte sesgo de género: el 93% de las personas prostituidas son mujeres y niñas, mientras que el 99% de los que pagan son hombres. Esta claro por tanto que en el modelo de la prostitución son siempre los cuerpos de las mujeres los explotados, mientras que los explotadores son siempre los hombres”.

Este movimiento abolicionista entiende que “la prostitución es una forma violenta de opresión y explotación de millones de mujeres en todo el mundo” y recuerda que “lo que se conoce como “industria del sexo” -por cierto, una de las más lucrativas del mundo- se nutre directamente de un sistema que sigue condenándonos a las mujeres a la pobreza, a la precariedad y a la falta de recursos en todo el planeta”.

Las dos demandas estudiadas por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional fueron presentadas por la Asociación Pro Derechos Humanos L’Escola, que se dirige contra la inscripción del sindicato que hizo la Dirección General de Trabajo; y la segunda, por la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, dirigida contra los propios estatutos del sindicato.

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