La propuesta aprobada no deja de ser una mera declaración de intenciones, que no concreta medidas efectivas para alcanzar los objetivos ni es vinculante para la Comisión Europea o para los estados miembros, a juicio de Facua.

Esta organización de Consumidores en Acción considera insuficiente la resolución no legislativa aprobada por el Parlamento Europeo para implantar medidas encaminadas a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. El acuerdo no deja de ser una mera declaración de intenciones, que no dota a la Unión Europea ni a los estados miembros de instrumentos efectivos para conseguir los objetivos que se persiguen.

La propuesta aprobada por el Parlamento Europeo con 623 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, a instancias de la socialdemócrata croata Bikjana Borzan, deberá continuar su tramitación ante la Comisión Europea antes de convertirse en norma obligada para todos los países miembros de la UE. Pero resulta que el acuerdo, de hecho, ni siquiera es vinculante para la Comisión Europea.

FACUA reclama medidas que sean realmente efectivas, de obligado cumplimiento por parte de los estados, y que se establezca en todo el territorio de la Unión Europea un sistema de sanciones para los supermercados e hipermercados, si éstos se niegan a donar sus excedentes de alimentos a entidades de carácter solidario.

La asociación recuerda que hace más de dos años ya pidió para España una normativa similar a la aprobada entonces en Francia, para obligar a los supermecados a donar sus excedentes de alimentos a comedores sociales, bancos de alimentos y ONG, y evitar así que terminaran en la basura.

Las medidas planteadas por el Parlamento Europeo se marcan como objetivo reducir los 88 millones de toneladas de alimentos que de desperdician en el conjunto de Europa cada año (unos 173 kilos por persona) en un 30% en el año 2025 y a la mitad en 2030. Pero no se concreta de qué manera se podrá alcanzar dicho objetivo.

El desperdicio de alimentos tiene no sólo un importante coste económico, sino también medioambiental, por el hecho de que supone un innecesario uso de recursos escasos (agua, tierra y energía) y contribuye al cambio climático por la generación de CO2 que implica la producción de los alimentos, primero, y la posterior destrucción del excedente.

El acuerdo del Parlamento Europeo plantea básicamente dos tipos de iniciativas: las encaminadas a facilitar las donaciones de alimentos y las que pretenden dejar clara la diferencia entre fecha de caducidad de los alimentos y fecha de consumo preferente.

El Parlamento Europeo entiende que “las autoridades nacionales y los operadores del sector alimentario deben hacer más para garantizar que los consumidores entienden el hecho de que pueden consumir alimentos una vez rebasada la fecha de consumo preferente”. En esta línea plantea también “los posibles beneficios de eliminar las fechas de consumo de algunos productos sin que conlleve riesgo para la salud o el medio ambiente”.

Además, los europarlamentarios han acordado promover medidas para favorecer la donación de alimentos, tales como cambios en la directiva del IVA autorizando explícitamente la exención de impuestos en las donaciones alimenticias, y financiar a través del Fondo de Ayuda Europe para los Más Necesitados (FEAD, por sus siglas en inglés), los costes de infraestructuras de almacenaje y transporte de alimentos que hayan sido donados. Pero no mencionan siquiera la posibilidad de obligar a los establecimientos comerciales a donar sus excedentes y mucho menos se habla en el acuerdo de sanciones por no hacerlo.

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