El caso Amat, que al comienzo sólo fue conocido como caso La fabriquilla hasta verse su magnitud, tiene un largo recorrido desde que se interpuso la primera demanda el 29 de septiembre de 2011. Han pasado más de cinco años y, aunque se avanza, la lentitud del proceso y las intervenciones políticas en favor del acusado Gabriel Amat, provocan que los posibles culpables se encuentren no investigados aún. La Fiscalía almeriense ya ha solicitado que debe extenderse la causa 18 meses, a los que habría que añadir los 18 que solicitó la jueza anteriormente, y hacer un despiece de la propia causa en al menos 25 piezas separadas más. Dada la increíble cantidad de empresas y vínculos que deben investigarse, 47 empresas seguras según informe de la UDYCO entre más de 103 investigadas, el caso necesita no sólo aumento temporal sino dedicación exclusiva como denuncia AMAyT.

Nada más denunciarse el caso ya comenzaron a retrasarse las investigaciones y la propia instrucción. Margarita Kaiser, la denunciante, hubo de quejarse a la Fiscalía Superior de Andalucía porque, tras pasar cuatro meses desde la apertura del expediente 34/12 no habían comenzado ni las diligencias previas. Un retraso extraño e infundado al estar implicados cargos públicos, en aquellos momentos el alcalde y parte de su equipo de gobierno. Al final se consiguió la imputación del alcalde y de parte de su equipo de gobierno, pero como ya se contó en Diario 16, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en viaje a Almería y tras hablar con los próceres judiciales, consiguió que fuesen desimputados.

Una vez comenzada la tramitación, la jueza permitió la personación del denunciado Amat como parte de la causa, por lo que el propio ejecutor de los posibles delitos tiene la capacidad de incidir en la investigación. Esto supone, en términos procesales, que el presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar puede ralentizar el propio proceso contra él solicitando más investigaciones paradójicamente. O conoce a la perfección cuáles pueden ser las orientaciones de las investigaciones y, supuestamente, podría destruir pruebas, esconder documentación o avisar a testaferros, por ejemplo. De hecho, el propio Amat presentó, conociendo como conocía la investigación, el sobreseimiento de la causa en noviembre de 2016. Factor que fue denegado por la jueza Alejo Rico: “Se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en los mismos y no ha lugar al archivo de las actuaciones a la vista de las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal” manifestó en su escrito.

Hasta el momento son ya cinco los jueces y cinco los fiscales que han tenido en sus manos el caso Amat y que por distintas razones han tenido que dejar su puesto a otro juez y fiscal. Ello supone también un retroceso al tener que informarse los nuevos ocupantes del caso sobre cómo está la tramitación. Por este motivo desde AMAyT solicitaron mediante escrito, en junio de 2014, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la exclusividad de la jueza María del Mar Alejo Rico o la incorporación de un juez de refuerzo a la causa. Los solicitantes/denunciantes basaban esta petición debido a la apertura de numerosas piezas separadas que se preveían y al volumen del propio expediente. El 9 de julio de 2014 la Sala de Gobierno del TSJA daba la razón a los solicitantes y daba el visto bueno a la provisión de un refuerzo en el juzgado. Hasta la fecha, y pese a reiterar Fiscalía y denunciantes la necesidad, no se ha provisto la plaza de refuerzo.

Desde AMAyT entienden que todos estos retrasos podrían provocar la prescripción de los delitos de Amat y sus socios. Así lo manifestaron en el escrito que enviaron al TSJA al solicitar un refuerzo o la exclusividad. En términos generales parece existir sobre el caso Amat una duda razonable de que la Justicia no está actuando con toda la probidad exigible. Es más, en muchos casos, como denuncia AMAyT, se les niegan las pruebas que solicitan y meses más tarde, como por arte de magia, se llevan a cabo esas diligencias. La propia jueza actual entiende que le deberían dar la exclusividad, como manifestó a primeros de año, pero no consta que lo haya solicitado. El Consejo General de Poder Judicial es conocedor de la situación y es favorable a ese nombramiento pero no ha hecho nada en ese sentido. Dilaciones y más dilaciones frente a las que luchan los denunciantes pero sin una respuesta clara por parte de la judicatura, según ponen de manifiesto.

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