Jorge Rodríguez, el hasta hace unos días presidente socialista de la Diputación de Valencia, no parece tener la intención de dimitir como alcalde de Ontinyent pese a su detención el pasado 27 de junio en el transcurso de la Operación Alquería. Lejos de presentar su renuncia, y pese a que el presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, le pidió que dejara el cargo y sus funciones como militante del PSPV, la idea de Rodríguez se antoja muy diferente a la de abandonar la política, al menos por el momento, y su plan inmediato pasa por hacerse fuerte en su feudo municipal. Así se desprende al menos de su agenda de actos institucionales de los últimos días. En fuentes socialistas se había filtrado que Rodríguez no regresaría a la alcaldía de la localidad valenciana al menos hasta que preparara su defensa y se levantara el secreto de sumario tras su detención por orden del Juzgado de Instrucción Número 9 de Valencia, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de siete altos cargos de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa. Sin embargo, el expresidente de la diputación reapareció ayer por sorpresa durante una reunión en la Conselleria de Sanidad para anunciar un aumento en el 20 por ciento del presupuesto del hospital de Ontinyent y además aprovechó para hacerse una foto con su equipo de colaboradores y difundirla a los medios de comunicación. Fue una especie de “no me voy, me quedo”, que diría cierta presidenta de la Comunidad de Madrid que ya es historia.
Los socialistas de Ontinyent le apoyan con el argumento de que el caso Divalterra no tiene nada que ver con esta localidad valenciana
Tras la Operación Alquería y el arresto de Rodríguez, Ximo Puig decidió que las funciones de Alcaldía se delegaran hasta nueva orden en la figura de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Rebeca Torró. Que el delfín del president pasara a un segundo plano durante un tiempo podía ser una buena manera de enfriar las cosas mientras se aclaraba este nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana. No obstante, parece que Rodríguez ha decidido pasar a la acción por su cuenta y riesgo. De hecho, los socialistas de Ontinyent colgaron ayer un mensaje en la red social Facebook en el que aseguraban que “una vez organizada la defensa, y mientras no se levante el secreto del sumario, no tiene sentido continuar delegando la alcaldía de una ciudad en la cual no se investiga nada”, según informaron fuentes municipales. Las mismas fuentes han confirmado a Diario 16 que tras la Operación Alquería el alcalde venía delegando su labor institucional en Rebeca Torró, “pero esa delegación o se renueva o se deja, y es lo que se ha hecho: el alcalde ha decidido recuperar al cien por cien la actividad que desempeña”.
La decisión de Rodríguez está envuelta en un buen número de interrogantes. En el consistorio municipal se desconoce si la intención del alcalde de retomar su agenda política fue comunicada o no previamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. También se ignora cómo ha caído la noticia de la reaparición del expresidente investigado en las filas del PSPV y cómo la ha recibido Ferraz y en concreto el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien desde el primer momento dijo que Rodríguez no podía continuar en su cargo con una investigación policial y judicial en marcha, algo que calificó como “muy lamentable y vergonzoso”. En cualquier caso, lo que sí se asegura desde el gabinete de prensa del ayuntamiento es que el alcalde va a continuar con su agenda institucional tal como está programada para los próximos días y que lo va a hacer “con total normalidad”. Precisamente la disonancia en la forma de gestionar el caso Alquería entre Madrid y Valencia amenaza con abrir una grieta en el PSOE a cuenta del enfoque que se debe adoptar para perseguir la corrupción. El mismo día de la detención de Rodríguez ya se dejaron entrever en el partido dos maneras distintas de encarar el escándalo: la de los partidarios de que el expresidente de la diputación continuara en su puesto, invocando su presunción de inocencia y restando importancia a las supuestas contrataciones irregulares en Divalterra, y la de los que desde el principio exigieron medidas contundentes, como destituir a Rodríguez en todos su cargos políticos y hasta de militancia en el partido. O lo que es lo mismo: los que parecen tener dos varas de medir –en función de si la corrupción viene del PP o del PSOE– y los que exigen aplicar el código ético a todos los cargos públicos imputados y a rajatabla.
Por su parte Rodríguez, que presentó su dimisión como presidente de la diputación “convencido” de su “inocencia”, aseguró el pasado día 2 de julio en una comparecencia pública en la que no aceptó preguntas de los periodistas que en el proceso de contratación de Divalterra “podremos haber metido la pata, pero no hemos metido la mano; podemos haber sido torpes, pero no somos ladrones”. El expresidente de la diputación alegó que ha presentado su renuncia para preparar mejor su defensa y tras reconocer que el PSPV “ha puesto el listón de la ética muy alto, pero ha de ser así”.
