Los sindicatos convocantes de la huelga de la estiba, CCOO, UGT, CIG y CGT, han decidido desconvocar los dos primeros días de paros de los diez previstos tras conocerse la postura el Partido Socialista de cara al Pleno del día 9 de marzo en el que se debatirá y votará el Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes. El PSOE no apoyará dicho Decreto y, por tanto, coloca la situación del Ejecutivo de Mariano Rajoy en una situación difícil respecto al cambio de modelo de la estiba española exigido por la Comisión Europea.

En el comunicado remitido por dichas fuerzas sindicales afirman que tienen la «intención de que un clima de normalización laboral anime al Ministerio de Fomento a salir de su posición cerrada e invite a la negociación real» para consensuar la modificación del Decreto.

Este conflicto se inició con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que la Comisión Europea «solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (en lo sucesivo, «SAGEP») y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes». El TJUE, en el punto 56 de la sentencia, afirmó que «procede considerar que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español objeto del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada», por lo que consideraba el recurso de la Comisión Europea y declaraba que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado».

Esto ocurrió en el año 2014 pero el Gobierno fue retrasando la aplicación de la sentencia. Sin embargo, las presiones de Bruselas hicieron que se reiniciara el proceso para liberalizar el sector de la estiba. Es en este punto en el que comienza el conflicto. El Gobierno, por un lado, aprobó un Decreto Ley en el que liberalizaba la presencia de empresas en los puertos sin tener la obligación de pertenecer a una SAGEP ni contratar de forma obligatoria a sus trabajadores.

Por otro lado, los sindicatos se oponen totalmente al Decreto Ley. Su propuesta es la de crear un registro de trabajadores en los centros portuarios para evitar de este modo la contratación masiva a través de ETT. Según fuentes sindicales consultadas por Diario16 «el Gobierno pretende despedir a una buena parte de los 6.600 estibadores, a costa de los contribuyentes, y precarizar las condiciones de los demás. Esto es lo que significa la negativa gubernamental a mantener un registro, que además es obligatorio según el artículo 3 del Convenio 137 de la OIT, ratificado por España hace 42 años, y que es la única garantía de cualificación y profesionalidad del trabajo de la estiba».

Los sindicatos convocaron diez días de huelga general, diez días que comenzaban el próximo lunes día 6 de marzo. Sin embargo, el cambio de posición del Partido Socialista que en un principio, junto a Ciudadanos, pidió que el problema se solucionara a través de la negociación y ahora afirma que va a votar en contra del Decreto Ley del Gobierno ha hecho que los estibadores desconvoquen los paros del lunes y miércoles de la semana que viene en espera de lo que suceda en el Congreso el día 9. Se mantienen, sin embargo, los otros 5 días de huelga que, si se aprobara el Decreto, se iniciarían el día 10.

En su comunicado, los sindicatos han indicado que «las empresas no se comprometen a mantener en sus puestos de trabajo a sus actuales trabajadores portuarios, ni aportaron los datos que se comprometieron entregar a los sindicatos y al presidente del CES para justificar los supuestos excedentes de las plantillas en cada puerto».

Por tanto el futuro de la estiba tal y como la conocemos hasta ahora depende de las decisiones que se tomen en el Congreso. Un conflicto laboral que se queda paralizado en espera de la respuesta de la política.

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