Uno de los mayores problemas que tiene España es el del terrorismo machista porque no existe una voluntad clara por parte de toda la clase política para erradicarlo como se hizo en el pasado con las organizaciones de base política que asesinaban indiscriminadamente a políticos, policías, periodistas y ciudadanos. Tal vez esto ocurra porque luchar frontalmente contra este nuevo tipo de terrorismo, que ya ha asesinado en 15 años a más mujeres que víctimas mortales de ETA en 50 años, no da réditos electorales.

El PSOE ya propuso hace años que se hicieran públicos los nombres de todos y cada uno de los maltratadores como una fórmula para luchar contra el terrorismo machista. Sin embargo, se encontró con la oposición de toda la clase política, Podemos incluido.

Actualmente ya existe un Registro de maltratadores y condenados por violencia machista pero de acceso restringido a la judicatura. ¿Por qué no se hace público y se da acceso a toda la ciudadanía a comprobar los nombres de todos aquellos que atentan contra los derechos que tienen reconocidas las mujeres que sufren día a día el maltrato físico o psicológico? Esta restricción no es más que la reacción del patriarcado que sigue instalado en nuestras instituciones para proteger a, precisamente, quienes deberían ser enemigos de toda la sociedad.

Cada vez que se produce un caso de terrorismo machista, las autoridades policiales y judiciales ocultan el nombre del asesino, en base a la justificación de protección del proceso judicial o de la intimidad de la familia si, tras haber matado a la mujer o a los hijos, se suicida. A estos asesinos no hay que darles la protección que se les negó a las asesinadas. Basta ya, porque, de este modo, el Congreso y el Senado se están convirtiendo en cómplices o en encubridores de asesinos. Sólo salen a la luz los nombres de quienes protagonizan casos muy mediáticos como, por ejemplo, el de José Bretón.

Un Estado democrático como España no puede caer en esta ignominia porque estaría despreciando a su propio pueblo, a unos ciudadanos y ciudadanas que, día a día, están más concienciados y que luchan por lograr la igualdad y la erradicación del terrorismo machista.

El Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género debe hacerse público de inmediato y exponer públicamente a todos aquellos que maltratan y asesinan a las mujeres por el mero hecho de serlo. No se puede dar ningún paso atrás y que ese registro sea de acceso restringido es una garantía que se le da a quien la perdió cuando decidió maltratar o asesinar porque los preceptos de patriarcado le dan derecho a hacerlo. Basta ya de impunidad.

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