La Unión Europea no gana para sustos. Cuando todo parecía haber vuelto a senderos menos amenazantes, llegan las elecciones legislativas en Alemania para recordarnos que los problemas se habían acumulado y no soportan seguir más tiempo bajo la alfombra. El fin de la excepcionalidad alemana es también el comienzo de una nueva situación en Europa que implica dos consecuencias llamativas en relación con el futuro de la UE. Por un lado, que el statu quo es insostenible; por otro, que en ningún otro momento de su historia reciente ha existido una correlación de fuerzas tan desfavorable para un cambio que todo el mundo ve, sin embargo, imprescindible.

El fin de la excepcionalidad alemana es también la evidencia de una paradoja de difícil solución: la constatación de que los problemas que se suscitan en el espacio global y aquellos derivados de decisiones en el marco de la UE impactan en las comunidades políticas nacionales sin que éstas dispongan de mecanismos adecuados para participar en debates, cuando son sobre temas que les conciernen y mucho. Esto, entre otros análisis, tiene mucho que ver con la pérdida de legitimidad y apoyo de la UE entre la ciudadanía europea.

Como consecuencia de esa ausencia de un espacio público europeo digno de tal nombre, los conflictos y problemas se codifican en el espacio estatal-nacional, y las respuestas, en términos de representación, se buscan y encuentran entre los actores políticos de cada casa. Como no puede ser de otra manera, los equipos de la casa proponen respuestas imposibles a problemas que superan las posibilidades de una gestión en el espacio nacional. A cambio ofrecen seguridad y certezas a poblaciones que se sienten inermes y desamparadas frente a cambios tectónicos que no saben cómo interpretar. Recordemos al gran Pasolini cuando en los años 70 afirmó que lo peor para su generación no es que hubieran cambiado los nombres con los cuales se nombraban, si no que habían cambiado las cosas mismas.

La voluntad de autonomía democrática, es decir, la capacidad para decidir en todos los planos significativos para la vida de una comunidad política, es una aspiración que en tiempos de globalización y europeización debe ser rediscutida y reevaluada, pero nunca abandonada. Y es en este cruce de problemas, la globalización, la europeización, la incertidumbre y la demanda de seguridad donde la propuesta de independencia y autodeterminación que se expresa en algunos países cobra sentido, pues es una manera de intentar retomar el control. En la medida en que se trata de demandas articuladas a partir de códigos identitarios, las posibilidades de un debate templado sobre razones y sinrazones de propuestas de estas características y sobre sus consecuencias se hace muy complicado. Es lo que tienen las identidades, se proponen como inconmensurables y esta es una dimensión sobre la que no se negocia, o se acepta o no se acepta.

En España, las respuestas a la incertidumbre han encontrado terreno fértil en la vigencia de un conflicto político e histórico no resuelto durante la “inmaculada transición”: el encaje de las nacionalidades históricas en la estructura política del nuevo estado democrático. De manera recurrente, el hecho nacional ha golpeado el sistema político sin que se hayan buscado soluciones a medio y largo plazo. Peor aún, sin que se haya articulado un modo dialogado, previsible, institucionalizado, de resolución de los inevitables conflictos que iban a ir apareciendo. Valga como ejemplo positivo el caso belga: en 2014 comenzaron su sexta reforma del estado que profundizó especialmente en el federalismo fiscal, entre otras cosas. Pueden no gustar las medidas, pero lo ejemplar es la capacidad para negociar y resolver.

En este punto, la derecha española (y españolista) ha quedado inhabilitada históricamente por dos razones. Una, su desconfianza patológica a la movilización social y sus demandas. La otra, su visión patrimonial del poder que la impele a conservar el statu quo y a considerar que cualquier cambio es una concesión inaceptable.

Si hablamos del PSOE, siempre fue un partido demasiado sensible a las exigencias de la razón de estado, temeroso de las voces que clamaban contra el secular irredentismo vasco, catalán o gallego. Conviene reconocer, además, que el federalismo en España fue siempre débil, minoritario e incapaz de construir una movilización social favorable a un nuevo modelo de articulación política y territorial, más horizontal e inclusivo.

En este contexto, la demanda de independencia en Catalunya cobra todo su sentido político, más allá del imaginario independentista, su retórica victimista y autocomplaciente. También por eso, resolver un problema que hunde sus raíces en la perplejidad democrática que producen los nuevos fenómenos transnacionales a golpe de porra policial y pelotas de goma es una necedad que hará crecer en densidad la textura democrática con la que el problema se ha revestido.

El independentismo dio un giro notable en los últimos años y puso en valor “el derecho a decidir” frente al tradicional enunciado del “derecho a la autodeterminación”. Ese “derecho a decidir” no es un astuto disfraz de la vieja demanda, sino una respuesta (aunque en mi caso no se comparta) a los males de las democracias contemporáneas en clave nacionalista. Por eso, utilizar el Estado de Derecho como un objeto contundente contra una aspiración que se enuncia en términos de derechos democráticos plantea una colisión irremediable con un seguro perdedor: la democracia y la convivencia.

Una gestión democrática del conflicto debería haber puesto en valor la capacidad del Estado de Derecho para encontrar salidas a una situación nueva, un dispositivo de negociación que atendiese a la condición democrática del enunciado, sin demonizar a los actores que dicen representarlo y ofreciendo una solución negociada y factible a la expresión de una demanda ampliamente apoyada por la sociedad catalana. De paso, se hubiera puesto de relieve que buena parte de los actores defensores del “derecho a decidir” buscaban, única y exclusivamente, una excusa para llevar tan lejos como fuera posible otros objetivos políticos sin importarles demasiado la condición democrática que ese “derecho a decidir” reclama: una mayoría suficiente y clara para poder acometer la naturaleza constituyente del cambio al que se dice aspirar. Es lo malo de la democracia, que en su formulación absoluta resulta muy exigente. Una Declaración Unilateral de Independencia es un desprecio en sí mismo a las exigencias democráticas que el “derecho a decidir” comporta y cuyo cumplimiento es una condición de la legitimidad democrática que el procés reclama: una mayoría cualificada de participantes en la votación y una mayoría suficientes de votos a favor. Esto, junto a otras exigencias procedimentales normales y conocidas, ha de ser así en cualquier consulta popular merecedora del apelativo de democrática.

En este contexto, el debate que el Parlamento Europeo tuvo este pasado miércoles (4 de octubre de 2017) un alto valor simbólico. Primero, porque resulta difícil de concebir que se haya debatido primero en la Unión antes que en el Parlamento español sobre una cuestión que afecta en primerísimo lugar a nuestro sistema político y a nuestra convivencia. Segundo, porque la mayoría de los discursos pusieron el énfasis en la negociación y en la voluntad política necesaria para acometerla. Tercero, porque con diferentes grados de intensidad (menor en el Partido Popular Europeo, obviamente), todas las intervenciones se hicieron eco de la represión, de la violencia policial y rechazaron la legitimidad de esa estrategia frente a las demandas ciudadanas que se estaban expresando. Nadie mencionó al Borbón y su aguerrida y belicosa intervención del día anterior. Ausencia tan notable fue tanto más indicativa del rechazo a un discurso que puso de manifiesto que la monarquía española vive de espaldas a la historia.

En el debate se hizo una defensa casi unánime, con diferentes grados de intensidad, de la condición no sólo ilegal, sino en términos democráticos, del referendo convocado por la Generalitat. Y se produjo la demanda/petición/rogatorio, según los partidos, de no concretar la amenaza de la Declaración Unilateral de Independencia. Si eso ocurriera, vista la correlación de fuerzas y los problemas que la UE aborda en este día y hora, la Catalunya independiente debe saber que no gozará del reconocimiento país europeo alguno y que causará un daño muy importante al contenido y credibilidad de la demanda democrática del derecho a decidir.

La izquierda federal en el estado, la social y la política necesitan expresarse e intentar construir un espacio propio que tienda puentes con la realidad impuesta, guste más o menos. Nos urge abordar directamente lo que nos interpela. Esto implica, desde mi punto de vista, reconocer el derecho a decidir, buscar una salida negociada que haga posible un referendo en condiciones legitimidad y legalidad y proponer también un camino que rediseñe el modelo de estado de las autonomías.

A la par, es muy importante ser firmes en poner de manifiesto la gravedad e irresponsabilidad de aquellos que siguen dando pasos decididos hacia el abismo; unos por que usan el estado de derecho como un límite y no como una posibilidad, ponen las porras por delante de las palabras; y otros, los que desprecian la democracia y sus exigencias, e intentan imponer un proyecto político que, a fecha de hoy, es abiertamente minoritario. Los que estamos en medio, allí y aquí, somos mayoría. Esa es la seguridad que nos ampara y debe animarnos.

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Nacido en el 61, de esa generación que se emocionó con los efectos especiales de la nave estelar Enterprise y se enganchó durante un tiempo a Mazinger Z; militante de IU desde ni me acuerdo, también en la actualidad. Miembro de la dirección ejecutiva de Izquierda Abierta; profesor de Ciencia Política durante 13 años en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad Policy Advisor en la delegación de Izquierda Unida del Parlamento Europeo. Durante ocho años asesoré a instituciones públicas sobre participación y democracia. Dirijo el equipo de trabajo sobre gobernanza económica de la UE en la red Transform y me dedico a investigar sobre los temas europeos.

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