En estos días de movilizaciones históricas en defensa del sistema público de pensiones y, por tanto, de debate mediático y social sobre el asunto, se hace imprescindible repasar algunos de los hechos que nos han traído hasta aquí y recordar, en consecuencia, la praxis del partido que más años ha gobernado el país desde la transición, el PSOE.

Si bien la chispa que ha encendido los ánimos de los y las pensionistas ha sido la famosa carta de la ministra Báñez recordando la revalorización anual del 0,25%, aprobada en la reforma del gobierno del PP de 2013 (empeorando, aún más si cabe, la reforma del gobierno de Zapatero que entró en vigor el 1 de enero de ese mismo año), la verdad es que han sido los gobiernos del PSOE los que han llevado a cabo ataques más dañinos al sistema público de pensiones, a la capacidad adquisitiva de las pensiones y al futuro de dicho sistema.

En octubre de 1984 (a dos años justos de la gran victoria electoral del PSOE), se firmó el Acuerdo Económico y Social (AES), bajo la promesa de creación de empleo. Almunia como Ministro de Trabajo justificó el abandono de la promesa electoral de jubilación a los 64 años alegando que no era urgente ni prioritario.

El AES no fue suscrito por CC.OO en el plano sindical ni por el PCE en el plano político y parlamentario.

En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones (Ley26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González. La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Aumentaba de 8 a 10 años, el mínimo de tiempo cotizado para acceder a una jubilación. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista, eliminando el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos 10 como base de cotización y se establecía que el cómputo se hiciera en base a 8 años. Así, el gobierno conseguía que muchas mujeres quedaran fuera o con pensiones muy bajas. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT. Aunque Nicolás Redondo, entonces secretario general de la UGT y diputado del PSOE, rompió la disciplina de partido y votó en contra de la ley en el parlamento, coincidiendo con los diputados del PCE, único partido de carácter estatal que se opuso a la reforma.

La reforma no pudo ser detenida. Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones que allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y empresas.

A todas las medidas relacionadas directamente con las pensiones hay que añadir varias reformas laborales, y otras medidas de tipo socioeconómico, llevadas a cabo por los distintos gobiernos del PSOE que al afectar a la contratación, la temporalidad, el empleo juvenil, la negociación colectiva, la creación de ETTS, han provocado un proceso brutal de deterioro del empleo, en consecuencia de los salarios y de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, perjudicando directamente a un Sistema Público de Pensiones que está ligado a las cotizaciones.

  • Julio de 1984, Ley de Reconversión Industrial
  • 1984, Acuerdo Económico y Social (fin promesa reducción jubilación a los 64 años)
  • Reforma laboral noviembre 1984 (Ley 32/84), con el acuerdo de gobierno, CEOE,CEPYME y UGT (primeros pasos para los contratos basura). Entre 1984 y 1990 se pasa de menos de un 10% de temporalidad al 31,5%
  • Reforma Laboral de 1988 (con el Plan de Empleo Juvenil), que fué derrotada con la Huelga General del 14-D
  • Real Decreto de abril de 1992 en el que se recortaron las prestaciones por desempleo tanto en cuantía como en duración
  • Diciembre de 1993, Real Decreto Ley que modificaba la contratación. La convalidación en el parlamento fue aprobado por PSOE, PP, CIU, PNV y PAR y obtuvo los votos en contra de IU, ERC y CC.
  • Reforma Laboral 1994 (Ley 11/94 y Ley 1994), llamada de “Medidas urgentes para el fomento de la ocupación”. Generalización de los contratos basura y legalización de las ETTS

Y llegamos a los tan recurrentes, por citados, Pactos de Toledo (realizados en las postrimerías del último mandato de Felipe González) y que se ponen como ejemplo de “política de concertación” o “política de Estado”. Si bien es cierto que los mismos contenían aspectos positivos para el sistema público de pensiones: creación del Fondo de Reserva (la famosa hucha), el IPC para la revalorización, la integración en el régimen general de los regímenes especiales; tenían otros de mera resistencia como la fijación de los 65 años como edad de jubilación (recordemos que en las propuestas y reivindicaciones del PCE e IU siempre estuvo el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años). Y, por último, otras conclusiones ya apuntaban maneras: “facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral” o “modificar la edad de acceso de acuerdo con las necesidades demográficas”.

El fondo de reserva lo ha vaciado el gobierno del PP, la revalorización por el IPC se la cargó el gobierno del Rajoy con la reforma de 2013, el retraso (ni siquiera voluntario) de la edad de jubilación a los 67 ya fue aprobada por ZP con su reforma de 2013, junto la modificación de la edad de acceso por necesidades demográficas que entra el vigor en 2019 con la variable del Factor de Equidad Intergeneracional contemplado en el “Factor de Sostenibilidad” (se desarrolla más abajo la reforma de 2011).

La celada neoliberal contra el sistema público de pensiones tiene como manos ejecutoras al PSOE y al PP con sus diversas reformas laborales y/o de pensiones. La regla de tres es bien sencilla, por un lado se cargan la estabilidad en el empleo y, por tanto, bajan los salarios y, en consecuencia, las aportaciones a la Seguridad Social y, por otro, aumentan la exigencia de años cotizados para tener derecho a una pensión y los años de cómputo para el cálculo de la cuantía de la misma. Resultado: blanco y en botella.

Por cierto, al hilo de las cotizaciones ligadas a la autofinanciación del sistema, ¿en qué “ley natural” está escrito que el sistema público de pensiones deba ser sostenible y autofinanciado con las cotizaciones a la Seguridad Social?. ¿Por qué una parte de la financiación no viene directamente de los Presupuestos Generales del Estado como sí ocurre en otros países y en nuestro propio país con los funcionarios adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado?. Estas pensiones se pagan por el Ministerio de Hacienda sin preguntar si son sostenibles o se autofinancian.

El ataque más fuerte, de todos los perpetrados hasta la fecha, contra los intereses de clase de los y las trabajadores y trabajadoras pensionistas (no olvidemos que aún jubilados siguen siendo clase obrera), ha sido la Reforma de las Pensiones de 2011. La Ley 27/2011 de 1 de agosto “Ley de actualización, adecuación, y modernización del Sistema de Seguridad Social” fue acordada por el gobierno de Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y CEPYME y… que no se olvide, con las direcciones de CC.OO y UGT, en febrero de 2011. La puesta en marcha del grueso de la reforma entró en vigor el 1 de enero de 2013.

Desde del 1 de enero de 2013, los trabajadores y trabajadoras que quieran jubilarse con el 100% de la pensión y que no hayan cotizado 38 años y medio tendrán que cumplir con la siguiente tabla:

En coherencia con el incremento en la edad de jubilación incluido en la norma, aquellos que salgan del mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 38 años para poder cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años que se exigían anteriormente. Este tránsito se realizará progresivamente, en paralelo a la subida de la edad legal de jubilación.
De esta forma, quienes hayan nacido a partir de 1948 se verán afectados por el aumento progresivo de la edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de los 67 años, salvo si tienen 38 años y medio cotizados, ya que en este caso podrán jubilarse a los 65. Asimismo, desde 2013 se viene elevando gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo para calcular la pensión, un proceso que se completará en 2022.

Y el 1 de enero de 2019 (gracias también a la Ley 27/2011), entra en vigor el llamado “Factor de Sostenibilidad”, que se presenta en la Ley “como un instrumento que permite vincular con carácter automático el importe inicial de las pensiones de jubilación del sistema de Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas”. Afectará a la determinación de las pensiones causadas a partir de dicha fecha, y sin duda se trata de una reducción futura de las pensiones iniciales. Pero en realidad el factor de Sostenibilidad es algo más: es un incentivo más para las pensiones privadas.  

El Factor de Sostenibilidad está compuesto por dos variables:

Por un lado, por el llamado “factor de equidad intergeneracional (FEI)” que es la primera variable. El FEI se revisará cada 5 años en función de la evolución de la esperanza de vida. Dicho de otra manera, el aumento de la esperanza de vida que para nosotros supone un avance de la civilización y la humanidad, para el pensamiento neoliberal es un problema, ya que puede reducir la tasa de ganancia del gran capital.

La segunda variable del factor de Sostenibilidad es el “Factor de Revalorización Anual (FRA)”, supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones solo suben si aumentan los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones. Este factor se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%.

En definitiva: el factor de sostenibilidad es un eufemismo, porque no sostiene nada, al revés reparte desde el día de la jubilación nuestra calidad de vida inversamente proporcional a la esperanza de vida.

Como sistema solidario de reparto de la riqueza económica, las pensiones se basaron en que los trabajadores activos, en términos laborales actuales, sostienen el justo retiro de quienes han cumplido su ciclo vital laboral y se han ganado el derecho a retirarse con una vida digna.

El progreso es un beneficio al que tiene derecho toda la ciudadanía y sólo se garantiza repartiendo solidariamente la riqueza creada. Hay que revertir el concepto de sostenibilidad de la pensión: no puede ser una confiscación para los jubilados sino garantía de vida y bienestar para su esperanza vital.

La suficiencia de las cotizaciones sociales y tributos que soporta nuestro sistema de pensiones debe estar garantizado. Establecer fórmulas o “algoritmos”, de moda en esta economía financiera que nos invade y nos obliga, como el perverso cálculo del factor de sostenibilidad de las pensiones, demuele y derrumba, más si cabe, los pilares del bienestar y los derechos conquistados por la clase trabajadora.

Por último, supone una gigantesca hipocresía decir que “hay que sacar las pensiones del debate político”. No hay debate de más calado político que el del futuro de las pensiones, porque no sólo hablamos de programas con medidas concretas sino de modelos ligados a proyectos políticos e ideológicos.

No puede asegurar el sistema público de pensiones un PP que se ha dedicado a desmantelar todo lo público mediante las privatizaciones y la corrupción.

No puede asegurar el sistema público de pensiones un Ciudadanos que aparece aupado, de la noche a la mañana, por los grandes poderes financieros.

Y, por sus obras los conoceréis, no puede asegurar un sistema público de pensiones un PSOE que en la oposición tiene un discurso “muy de izquierdas” pero que en sus muchos años de gobierno no se ha despegado ni un ápice de las exigencias de la gran patronal, los grandes grupos financieros o la troika.

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1 Comentario

  1. Los cínicos nunca pedirán pensiones dignas. Ayudarán a privatizar las pensiones para resarcir a los bancos de sus deudas. Basta de puertas giratorias y créditos bancarios a partidos políticos.

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