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Sí, hay que recortar. Pero no donde se ha hecho. El recorte debe ir en la actividad política y en una redefinición de los gastos del Estado.
Debemos replantearnos las actividades a las que se dedican los Gobiernos, sean municipales, regionales o estatales: se acabó la fiesta. O mejor dicho, hay que desligar el tejido productivo de las poblaciones de la actividad organizadora de las instituciones públicas. Aclaremos, no es que no deba haber fiestas, por ejemplo, ya que las hemos nombrado, sino que, progresivamente, se deberían ir delegando en manos privadas para promover los movimientos ciudadanos y una verdadera actividad económica no dependiente; nótese que no he dicho empresas, sino asociacionismo, una fiesta popular se supone que tiene un soporte social (con sus cuotas, reuniones, organización, participación, etc.)… Si no, ocurre que tenemos a un Ayuntamiento como el de Sevilla, por nombrar uno, trabajando para la consolidación de la Iglesia católica y los empresarios de la hostelería, consumiendo presupuestos públicos en favor de un modelo político y económico interesado, más que interesado y disfrazado de tradición ineludible. Lo ideal sería ir procediendo a la financiación y la organización privada, con ayuda municipal inicial pero con asociaciones de estructura democrática y contabilidad con obligada publicidad que vayan haciéndose cargo de ese nombramiento absurdo que es la Concejalía de Fiestas. Éste es un apunte anecdótico, pero no menor. Las fiestas no gustan a todos, cuestan fortunas (quizá habría que bajar un poco los humos) y al final el despendole es el baremo para valorar a una alcaldía… ¿democracia?
Otro foco ejemplificador: el entramado cultural, en el que he trabajado algo, tiende a generar adictos a las subvenciones. Debemos vincular la actividad cultural promovida por el Estado a la Enseñanza, a lo didáctico. No se puede financiar la Cultura porque crea dependencias y profesionalidad en torno a esas subvenciones. Sí, los estamentos públicos fomentarán lecturas, conciertos, cine, exposiciones, pero ligadas a la difusión, en connivencia con los Centros Educativos o la demanda de asociaciones culturales, pero no supliendo la posibilidad de que entidades privadas promuevan actividades profesionales sometidas al mercado, porque al final las programaciones culturales de los ayuntamientos son el reflejo de la formación de sus gobernantes (poca casi siempre), expresadas en pagos de dinero público por actividades absurdas o de poca calidad, sin finalidad y muchas veces sin público; jamás un teatro privado haría eso. Debemos evitar la cultura subvencionada. Yo soy escritor, a mí no me paga ni Dios y lo sigo siendo, sé por qué lo hago y lo que pretendo, y sé en qué condiciones querría cobrar… lo que no se me ocurre es demandar una especie de derecho natural para que me mantenga el Estado con mis neurosis poéticas; por cierto, invito a que alguien me pague alguna vez, sin problemas.
Más… Se deben suprimir las ayudas a las empresas en favor de facilitar la creación y cierre de las mismas con agilidad económica y de tiempos. Ser empresario o autónomo es como ser superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las normas y obligaciones (y las ventajas) deben ser clarísimas, para que quien opte por crear su propio oficio (y el de otros) lo haga conscientemente; pero el mercado es el mercado, no se puede pedir liberalismo para no pagar impuestos o despedir con facilidad y después tener todo un entramado de organizaciones y subvenciones proteccionistas que cuestan más que el sostenimiento del desempleo. No olvidemos que todo el Estado trabaja para fomentar el empleo… ¡olvidándose cada vez más de regularlo!, no se trata de hacer el caldo para enriquecer a unos cuantos con la excusa del paro (recuérdese la huelga del aeropuerto de Barcelona). Las responsabilidades deben ser enormes, porque ocurre que al final hay un sector empresarial que, usando todos sus recursos contra la protección de los trabajadores, precisamente debe su existencia a la financiación pública, contradicción flagrante que no se quiere ver, eso sí: ya se encargan de denunciar por abuso a las familias que acudan a la beneficencia.
El presupuesto público debe utilizarse para generar igualdad de oportunidades, lo demás debemos hacerlo y pagarlo la ciudadanía, sólo así se genera movimiento económico y se evita un Estado subvencionador y deficitario con la deuda gigantesca, imparable e impagable que tenemos. Hay que redefinir los Servicios Públicos, que nada tienen que ver con el beneficio económico, son servicios, hay que recuperar desastres como el transporte, que sólo funciona en las grandes ciudades (donde beneficia a los contratadores); es literalmente imposible moverse en tren o autobús por España fuera de las grandes capitales; quizá no haya que montar centros de salud en todas las aldeas, pero sí la posibilidad de moverse con agilidad y precios adaptados a las posibilidades de los ingresos… quiero decir que desperdiciamos enormes cantidades de dinero (claro está por qué) en detrimento de la planificación y la eficiencia; un buen servicio de autobuses o trenes hacen inútil la construcción de esos aeropuertos fantasmas e innecesarias autopistas. El trabajo es del funcionariado, la política debe diseñar pensando en un modelo de sociedad.
Polémico: el tamaño, y no hablo de los cargos electos por las urnas sino del ejército de alrededor, y tampoco digo que muchos no sean necesarios pero habría que regular (ya lo están pero mal) los subterfugios por los que los dos partidos (y alguno que se apunta en cuanto puede) generan asesores como virus autorreplicantes y empresas privadas con capital público (las llamen como las llamen, no nos engañan); y seré claro, o rompemos España (a mí no me preocupa esto) o revisamos las autonomías, que son un puto desastre alejado cada vez más de la Constitución, empezando por la igualdad de la ciudadanía en el territorio patrio… hay que hacer una auditoria de la gestión pública para saber a qué nos enfrentamos, de lo contrario la pérdida de credibilidad es absoluta: uno pulsa la calle y tiene la impresión de que mucha gente identifica el Estado con una mafia de intereses espurios en la que quien parte y reparte… Mal camino que lleva al fascismo popular.
Adelgazar el Estado, pero no buscando la eficacia ecónomica, sino planificando de verdad para crear igualdad de oportunidades: el Estado no está sobredimensionado por su actuación solidaria, sino por todo lo contrario, poco a poco lo hemos convertido en el suministro de normas (y dinero) de los más grandes patrones, eso sí: investido con ínfulas de liberalismo y democracia. Mentira. La sensación en la calle es que su función es recaudatoria para mantener una Corte en sentido peor del término. Es un gran distribuidor de poder encarrilado al clientelismo y la corrupción, un Estado en favor de la igualdad y la justicia no tiene por qué costar más ni ser más grande: hacen falta ideas, política de verdad, y eso escasea hoy. Ésta es la sugerencia, la teoría; démosle cuerpo. Hagamos política.
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