Eduardo Zaplana ingresó en la cárcel el pasado 24 de mayo. La jueza Isabel Rodríguez decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. Al ex presidente de la Generalitat Valenciana se le acusa de blanquear más de 10 millones de euros procedentes del presunto cobro de comisiones y que fueron ocultados en el extranjero. La medida fue adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción porque se consideraba que existía riesgo de fuga.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra condición. La no discriminación y la igualdad exigen que los Estados adopten medidas para reformular toda legislación, práctica o política discriminatoria». La Constitución Española, por su parte, en su artículo 43 afirma que «se reconoce el derecho a la protección de la salud» y que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios».

Eduardo Zaplana está enfermo de leucemia, un tipo de cáncer que requiere de cuidados constantes y en la cárcel de Picassent no tiene acceso a todas las prestaciones sanitarias necesarias para poder tratar su enfermedad. El ex ministro, cuando necesita cuidados especiales, es trasladado a un hospital como, por ejemplo, cuando necesita un cambio de sangre, pero luego retorna a la prisión.

Fuentes cercanas al ex presidente de la Generalitat Valenciana, han confirmado a Diario16, además, que las condiciones en las que se halla dentro del módulo de enfermería tampoco son las adecuadas teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad. Comparte celda con otro enfermo de cáncer y con una persona con síndrome de abstinencia. Hay que tener en cuenta que la leucemia provoca, en algunos pacientes, una bajada de defensas y una mayor exposición a cualquier tipo de contagio.

Los abogados de Eduardo Zaplana ya han intentado en varias ocasiones la excarcelación alegando los motivos de salud, algunos de ellos firmados por importantes especialistas como, por ejemplo, el doctor Guillermo García-Manero, de la Clínica Anderson (Houston, USA), que advirtió que, dadas las condiciones en las que se encontraba Zaplana en la prisión, corría el riesgo de un empeoramiento de su enfermedad y, por tanto, de su vida.

Sin embargo, la jueza ha rechazado todas las peticiones de los abogados llegando, incluso, a abroncarles por las reiteradas peticiones de puesta en libertad.

No entramos en ningún momento en el hecho de que Eduardo Zaplana tenga que ir o no a prisión por los delitos por los que se le acusa. Ese no es el asunto. Lo que es inconcebible es que la Justicia no tome decisiones de restricción de la libertad que permitan al ex ministro poder tratarse de su enfermedad de un modo adecuado, como, por ejemplo, el arresto domiciliario con un sistema de geolocalización. Zaplana, a diferencia de otros acusados de delitos de corrupción, no ha sido aún juzgado y, por tanto, se encuentra en prisión provisional.

La diferencia de trato respecto a otros condenados por corrupción hace que, además de estar vulnerándose derechos humanos, se esté dando un trato diferenciado. Iñaki Urdangarín está en un módulo para él sólo; Jaume Matas consiguió el tercer grado a los tres meses de entrar en prisión; Julián Muñoz fue liberado por razones de salud. Estos son algunos de los casos que, comparados con la situación de Eduardo Zaplana, podría llegar a constituir un trato diferenciado e ir en contra del principio de igualdad.

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