El tiempo pasa y en España continúan asesinando a las mujeres sin que, al parecer, nada ni nadie sea capaz de frenar esta matanza. Desde la clase política se lanzan palabras hermosas, se persignan en cada minuto de silencio ante las puertas de las instituciones, se preparan proyectos de ley llenos de pretensiones y de buenas intenciones o de medidas grandilocuentes pero que se quedan en tinta impresa en papel porque no van acompañadas de los medios necesarios para que sean, siquiera, puestos en marcha.

En España las mujeres están desamparadas ante el machismo. Esto ocurre porque aún queda demasiada costra que quitar y el problema está en que mucha de esa postilla se halla encima de aquellos que tienen la responsabilidad de disponer del poder suficiente para decidir sobre la vida de las personas con sus decisiones. Cuando un juez o jueza no impone medidas cautelares o dicta órdenes de protección o alejamiento para proteger la vida de la mujer que ha denunciado maltrato, está utilizando su poder para decidir si la víctima va a vivir o no. Cuando un o una agente de las fuerzas de seguridad pone en duda a una mujer que denuncia maltrato, está usando su poder para decidir sobre la vida de esa persona. Cuando un o una profesional de la sanidad ve indicios de maltrato y no lo pone en conocimiento de las autoridades policiales o judiciales, está usando su poder para decidir sobre la vida de la mujer. Cuando un o una familiar, un amigo o amiga, de una víctima es conocedor o conocedora de una situación de maltrato no denuncia si la mujer está totalmente anulada para hacerlo, está poniendo en riesgo la vida de la víctima. Cuando un o una ciudadana es testigo de una situación de violencia y no intenta pararla, se convierte en cómplice y, lo que es peor, está permitiendo con esa complicidad que ese maltrato continúe y que la vida de esa mujer peligre.

ETA asesinó a 856 personas en 50 años de historia. Desde la muerte de Franco los años en los que la banda terrorista perpetró más asesinatos fueron 1.980 con 93 muertos, 1.979 con 86, 1.978 con 65, 1.991 con 46, 1.983 con 44, 1.982, 1.986, 1.987 con 41. En el año 2.017, según las cifras oficiales, la violencia machista ha provocado 44 asesinatos, es decir, lo mismo que en los años duros de ETA. Desde el año 2.003, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha habido 917 víctimas mortales por la violencia machista. Por tanto, en 14 años el terrorismo machista ha superado las cifras de más de 50 años de terrorismo etarra.

El desamparo de las mujeres en España es un hecho que no sólo las cifras certifican, sino que las instituciones están fallando de un modo clamoroso…, y vergonzoso. Da la triste sensación de que este problema no se toma en serio, tal y como se tomó el terrorismo de ETA, evidentemente, teniendo en cuenta que se trata de dos cuestiones totalmente diferentes y de que los modos de combatirlos son distintos. La cuestión es que con el terrorismo político se pusieron todos los medios posibles y con el terrorismo machista se racanean los recursos. ¿Cuál hubiera sido la reacción del pueblo si los gobiernos de turno hubieran actuado del mismo modo negligente en la lucha contra ETA a como lo están haciendo con la violencia machista?

Este año 2.017 se ha firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo que se ha quedado corto en base a las necesidades reales de las mujeres porque están en peligro, su vida corre peligro. Hay que decirlo claro. No nos hallamos ante un problema doméstico, de puertas para adentro. Se trata de una lacra que tendría que ser tratada como una cuestión de Estado, del mismo modo en que se trató el terrorismo de ETA. Un país que abandona a la mitad de su población y que la deja desamparada es un Estado fallido. No se puede hablar de democracia real cuando, entre otras cosas, se permite y no se ponen todos los medios necesarios para erradicar esta matanza.

No sirve con decir a las mujeres que denuncien cuando desde el primer momento se las pone en duda, cuando las autoridades no actúan de oficio en cuanto hay indicios de maltrato y se espera a que se ponga la denuncia para empezar a actuar; cuando las instituciones del Poder Judicial deniegan órdenes de alejamiento o de protección —hay juzgados de este país en que se rechazan más del 90% de las solicitudes de órdenes de protección—; cuando se regatean fondos para mejorar los protocolos o para ampliar los recursos materiales y humanos que evitarían los asesinatos; cuando no se ponen los medios para que esos protocolos de actuación sean realmente efectivos en materia de prevención.

El caso de Jessyca, la mujer asesinada brutalmente en Elda ha sido la demostración de que el sistema falla y de que las mujeres están desamparadas en España. ¿Cuánto costaría organizar un sistema de geolocalización que prevenga a las fuerzas de seguridad cuando haya una violación de la orden de alejamiento? Da exactamente igual el coste porque a una vida no se le puede poner precio y la negación de fondos para la prevención de la violencia machista es un crimen contra la humanidad. ¿Cuánto costaría implantar un sistema por el que las órdenes de protección se activen desde el primer minuto de la denuncia? Da exactamente igual lo que costara, sería barato porque cada vida salvada es un beneficio.

Este desamparo es una de las causas por las que las mujeres no denuncian y, por lo tanto, no se activan los protocolos porque las desanima a tomar la decisión de decir «¡basta!».

Para terminar, música de la gran artista Estela de María. Escuchen la canción, siéntanla en su interior y piensen en lo que se está haciendo mal para coger su abrigo, salir a la calle y reivindicar que, de una vez por todas, las mujeres dejen de estar desamparadas.

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