Emborronando otros folios para diversas páginas mediáticas escribí que España históricamente no ha dejado de ser una anomalía política y social. Las minorías influyentes siempre fundamentan su poder y hegemonía en forzar las hechuras de la nación hacia la anomalía. El dominio feudal de las élites económicas y estamentales y esa tendencia conservadora hacia el autoritarismo que, según Octavio Paz, desemboca en la dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo, componen de forma determinante el propósito secular de los reaccionarios carpetovetónicos de que los ciudadanos siempre tengan que vivir como presente momentos históricos destinados a pasar. Todo ello concluye en la elevación de los minoritarios intereses oligárquicos a la universalidad, es decir, a que se transfiguren alevosamente en los generales del país.

La Transición, esa fantasmagoría que hubiera dicho Ortega, que el propio artefacto semántico define, es decir, no sustanciada en un cambio histórico sino en la construcción de un pasadizo que dejó intactos los resortes del poder fáctico y los intereses de las minorías que prosperaron en el caudillaje, en el estadio tardío de la crisis existencial en la que se encuentra, ha sufrido el desmayo de la credibilidad ante la opinión pública del fortissimo propagandístico del régimen y puesto al descubierto la existencia de una suspensión punitiva del formato democrático y dialéctico de la vida pública. El mito de la Transición se fundamentaba en que cualquiera podía proclamarse afín a una ideología, pero a condición, en el caso de la izquierda y los nacionalismos, de que el modelo social que inspiraban dichas ideologías, al ser incompatibles con la configuración del Estado posfranquista y los intereses que representa, no se intentaran implantar. Es el gran dilema de la izquierda y los nacionalismos, que sólo pueden actuar en el régimen del 78 desde la negación de su propia esencia. La Transición, que el agipro institucional proclamó como ejemplo de advenimiento democrático desde la dictadura, no fue sino una anomalía histórica más.

Al ser el propio Estado el agente del cambio y no la sociedad, el fin fundamental del proceso fue, mucho más que la esencia de la transformación política, la seguridad del gigantesco mecano del Estado y su orden general y abstracto. Es por ello, la pervivencia de inercias, esguinces y malformaciones que hacían de la democracia naciente un ente volandero que podía instaurarse sin cualidad, al margen de aquello que debe constituirla. Estas excrecencias posdemocráticas configuran hoy un régimen caducante que intenta su subsistencia en el refuerzo de una narrativa y una constricción de derechos y libertades cuyas acciones están ampliamente desacreditadas ante la ciudadanía. La justicia con una politización manifiesta, cuando ha tenido que compulsarse con la europea en el caso de la petición de extradiciones, tanto del rapero Valtonyc como de los nacionalistas catalanes, ha mostrado la vergonzante carencia de homologación con el derecho continental y, lo que es más grave, el criterio de los jueces europeos de que la consideración de delito de los hechos por los que se persigue a los reclamados en el extranjero atenta contra las libertades cívicas y contra la misma democracia. En otros casos, también la parcialidad es un grave arcaísmo del poder judicial. Si el Supremo acepta los argumentos del teniente fiscal y archiva la petición contra Pablo Casado estará sancionando que, en España, ante la Justicia, existen dos tipos de ciudadanos: los normales y los aforados, cuya presunción de inocencia es mayor y a quién protege de manera reforzada el principio de carga de la prueba.

La depauperación de las clases populares, la degradación del mundo del trabajo, el hundimiento de los derechos de los trabajadores, componen junto a los déficits democráticos formales y la imposibilidad de auténticas alternativas políticas y económicas, componen un daguerrotipo en el que la anomalía entra en un bucle decadente y, por tanto, pierde toda su eficacia psicológica y sólo puede ser mantenida con la criminalización del malestar ciudadano y restringiendo los ámbitos de lo opinable con lo que el espacio dialéctico y el debate público se empobrece a costa de la marginación del acto político. Por ello, la política en España está exhalando su último aliento. Y esto tiene una carga sustantiva muy peligrosa, ya que sin política los escenarios de la vida pública adquieren unas oscuridades sobremanera indeseables. En realidad, desde cierta amplitud de visión del momento histórico y su etiología, podríamos preguntarnos si desde la Transición ha existido la política en su más cualificado sentido dialéctico e institucional o lo que ahora está en crisis es una ficción fundamentada en un simple y engañoso simulacro.

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