“Es increíble que todavía haya profesionales que pongan en duda la credibilidad de la víctima”

Teresa Peramato Martín es Fiscal adscrita a la Sala contra la violencia de género de la Fiscalía General del Estado. Según sus propios compañeros de la Fiscalía, es la mayor experta en esta materia y en la lucha contra la violencia machista. Fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio. Ha impartido cursos relacionados con el Derecho Penal, Civil, procesal y en concreto en relación a la materia de Violencia doméstica y de género en diferentes ámbitos e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, además de ser participar en cursos de formación para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales; personal sanitario de la Comunidad de Madrid; en Universidades, Colegios de Abogados, de Psicólogos, etc. Ha sido condecorada con la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco.

¿Qué está fallando para que las mujeres sigan siendo maltratadas y asesinadas?

La Fiscalía, desde hace muchos años, lleva reclamando un estudio profundo criminológico, sociológico y biológico para poder averiguar las causas, características del fenómeno violento para poder adoptar las medidas que sean eficaces para luchar contra esta lacra. En este sentido, todavía no tenemos un estudio de esa naturaleza. A mí una de las cosas que más me ha convencido de lo que he leído del acuerdo al que han llegado en el Parlamento para llegar a ese pacto de Estado es que van a hacer una subcomisión de estudio, que van a estudiar los problemas, y van a ver dónde están los fallos, si es que los hay, y ver lo que está ocurriendo. Esperemos que nos digan algo, que nos puedan decir qué está ocurriendo, y que en esos cuatro meses hayamos avanzado para averiguar dónde están los fallos reales. Mi opinión, esto es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, no podemos pensar que es una cuestión privada y que afecta sólo a las víctimas y a sus hijos. Necesitamos más concienciación, más educación. La concienciación supone que nadie va a dar la vuelta a la cara cuando ve un acto de violencia de género, cuando ve a una mujer sometida a este tipo de violencia. A mí me parece que es escalofriante pensar que de toda la violencia que sufren las mujeres en España sólo llega a conocimiento de la justicia un 28,5%, que haya un 65% de violencia oculta me parece grave.

¿Los entornos de las víctimas no tienen también una responsabilidad a la hora de ayudarla a dar el paso?

El 81% de las mujeres han comentado alguna vez que están sufriendo violencia a familiares, amigos, vecinos, a las personas de su entorno, a profesores, a tutores, que se lo han comentado a algún profesional socio sanitario y resulta que sólo el 2% de las denuncias tienen su origen en los familiares, que sólo el 13% tiene su origen en los informes sociosanitarios, evidentemente no se está actuando de una forma adecuada frente a la violencia. Si analizamos la macroencuesta que nos digan que el 18,5% de los familiares que recibieron la noticia por parte de la víctima de que estaba sufriendo violencia le dijeron que le diera una nueva oportunidad al agresor, que un 18,1% reaccionó con absoluta indiferencia, que un 11,5% recriminó a la víctima, eso nos dice que no tenemos un nivel de concienciación y sensibilización necesaria y estas mujeres necesitan el apoyo tanto asistencial como social, estas mujeres y sus hijos, pero también el apoyo de su entorno. Si no se sienten comprendidas, si no se sienten amparadas, si no se sienten ayudadas para dar el paso, si se sienten rechazadas evidentemente vamos a mantener un porcentaje alto de violencia oculta.

Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este sentido?

Primer paso, concienciación y sensibilización. Eso incluye también a los profesionales socio sanitarios. Tienen que implicarse y dar cumplimiento a su obligación de comunicación de la violencia que detectan al fiscal o al juez. Si toda esa información que tienen familiares, amigos, personas del entorno, vecinos, también las tuviéramos en la Administración de Justicia también la respuesta sería distinta. Podríamos apoyar mucho mejor a las víctimas.

Segundo, educación. Siempre vamos a lo mismo, siempre vamos a hablar de la educación. Tenemos que educar. Un dato que nos asombra a todos. ¿Cómo puede ser que entre jóvenes y adolescentes se esté produciendo un nivel de violencia, de abuso, de acoso, que son las primeras manifestaciones, pueda estar repuntando entre jóvenes y adolescentes? Esto es un síntoma de que no estamos educando bien a las nuevas generaciones. Educación en la escuela, a las familias, en los medios de comunicación, educación en la sociedad en general. Eso es fundamental, pero esa educación, en vez de comprender igualdad, elementos de género, tendría que incluir la violencia de género para que esos jóvenes identifiquen correctamente las conductas de la violencia de género porque si la víctima no identifica esas formas tampoco podemos ayudar.

Tercero, prevención. Ayuda, asistencia y apoyo a las víctimas siempre. Antes de la denuncia, durante el procedimiento penal, después del procedimiento penal e, incluso, al margen del procedimiento penal. La asistencia y el apoyo a las víctimas no se deben condicionar ni a la denuncia ni a la orden de protección. Que se les de ese apoyo por todas las administraciones en cualquier momento en que lo requieran. Si lo hacemos depender todo del procedimiento penal no estamos haciendo las cosas bien.

“La respuesta judicial hay que mejorarla”

¿Y la respuesta judicial?

La respuesta judicial hay que mejorarla. Esperemos que en el estudio de la subcomisión se pueda hacer un estudio de campo adecuado de lo que está pasando en la respuesta judicial y podamos analizar las causas y podamos adoptar medidas adecuadas. Necesitamos el auxilio de profesionales formados específicamente en violencia de género y herramientas que nos ayuden a hacer las valoraciones de riesgo adecuadas para proteger a las víctimas cuando ya tenemos conocimiento de la violencia. La administración de justicia sólo puede intervenir cuando se tiene conocimiento. El resto de las administraciones tienen que poner la carne en el asador en el antes y el después, y nosotros también, porque tendría que haber un sistema de coordinación y de comunicación adecuado para que todos pudiéramos actuar conjuntamente, pero obviamente la administración necesita del auxilio de profesionales formados.

¿El nuevo Pacto de Estado debe contar con un presupuesto específico para la lucha contra la violencia contra las mujeres?

Es obvio que hay que contar con presupuesto. Lo que no se puede es adoptar medidas sin unas partidas presupuestarias dotadas suficientemente para abordarlas. Necesitamos asesoramiento previo de la víctima antes de la denuncia, hacer efectivo el acompañamiento al que se refiere la Ley del Estatuto de la Víctima. El acompañamiento puede ser a elección de la persona, cualquiera, pero a lo mejor necesita otro tipo de acompañamiento y eso necesita dotación presupuestaria de las oficinas de atención de la víctima, de trabajadores sociales, de psicólogos. Necesitamos que desde el primer momento tenga la asistencia psicológica necesaria. Necesitamos unidades de valoración integral forense en todas y cada una de las provincias, que todos y cada uno de los juzgados de violencia sobre la mujer cuenten en cada momento, y también en las guardias, no sólo de 9 a 3, las 24 horas siempre que surja la necesidad de adoptar una orden de protección que podamos contar con la unidad de valoración integral forense que nos puede ayudar a hacer las valoraciones de riesgo. Necesitamos presupuestos adecuados para que se le asista a la víctima antes, durante y después del procedimiento y al margen del procedimiento.

¿El Pacto de Estado tendría que abrirse a todos los sectores implicados en la lucha contra la violencia machista?

Me parece fundamental que cuando se habla de Pacto de Estado no se trate sólo de un pacto en el que estén sólo representados los partidos, sino todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género y, por supuesto, la Fiscalía y la sociedad civil, que tiene mucho que decir. Hablar de un pacto político me parece escaso. Tienen que estar implicadas todas las administraciones partiendo de un presupuesto adecuado porque a coste cero no vamos a ningún lado. Es importante contar con todos los profesionales que trabajan en el terreno: Fuerzas de Seguridad, Jueces, fiscales, abogados, equipos psicosociales, psicólogos, forenses y, por supuesto, la sociedad civil porque tiene un conocimiento del fenómeno violento que nos tienen mucho que enseñar. Esas asociaciones, esa sociedad civil, tienen que estar en el pacto.

¿Se le da poca importancia a los profesionales sociosanitarios?

Son los verdaderos protagonistas en la detección de la violencia de género. Necesitan formación en violencia de género. Necesitan sensibilización y concienciación para que ningún profesional sanitario porque tenga un cupo excesivo, o no quiera implicarse, se inhiba a la hora de poder detectar esa violencia. Que presten atención a las mujeres para ver en cada ocasión si hay signos que alarmen sobre la existencia de género e implicarles en la obligación de comunicarlo al juez o al fiscal.

Hay sentencias que provocan escándalo social, como, por ejemplo, no declarar como ensañamiento que se den 37 puñaladas a una mujer. ¿Esto es un modo de desincentivar a la víctima a que dé el paso de denunciar o de compartir que está siendo sometida a maltrato o violencia?

Ensañamiento, alevosía, cualquiera de estas circunstancias son conceptos jurídicos. Exigen de la acreditación de los elementos que determinan la posibilidad de aplicación de esos agravantes. El ensañamiento causar un sufrimiento innecesario a la víctima y exige esa voluntad específica de conseguir ese dolor innecesario. Es un problema de valoración judicial. Puede ser alarmante de cara a la sociedad pero hay herramientas jurídicas. Es un problema de valoración.

“De las víctimas que reconocen la retirada de la denuncia, un 8% lo hace porque dicen que no se la va a creer”

Volvemos a la respuesta judicial…

De las víctimas que reconocen la retirada de la denuncia un 8% lo hace porque dicen que no se la va a creer. Eso es un problema en el que hay que profundizar. Sabemos que la respuesta judicial no es la esperada porque se deniegan muchas órdenes de protección, porque el resultado final en sentencias absolutorias es importante. Tenemos que saber qué está ocurriendo, en ese estudio de la subcomisión hay que ver por qué se deniegan tantas órdenes de protección o hay tantas sentencias absolutorias y se llega a algún acuerdo para poder determinar y luchar contra ese efecto negativo.

¿Por qué se deniegan tantas órdenes de protección?

En cuanto a las órdenes de protección es necesaria una formación específica de todos los profesionales, también de fiscales y jueces. Como nos exigen una acreditación de riesgo para conceder una orden de protección, necesitamos profesionales que nos auxilien al hacer esa valoración y esos profesionales los necesitamos en la guardia y esos profesionales son los de las unidades integral de valoración forense que no existen en todos los partidos judiciales y necesitamos a esos profesionales debidamente formados que cuenten con herramientas adecuadas para hacer esa valoración. Seguramente si analizamos el por qué se deniegan tantas órdenes de protección llegaremos a la conclusión de que la mayoría de las que se deniegan es porque no se ha acreditado la situación objetiva de riesgo. Ahí está el fallo. Necesitamos que nos ayuden a hacer esa valoración objetiva de riesgo.

¿Habría que modificar los protocolos para las valoraciones de riesgo y las órdenes de protección?

Las valoraciones de riesgo policial tienen como finalidad dar protección a la víctima independientemente del procedimiento penal. Cuando hay una valoración de riesgo policial la Policía adopta una serie de medidas de protección hasta que el juez decida lo que hay que hacer. Esa valoración policial no es vinculante para el juez, ni es determinante, es un elemento más. El juez necesita auxilio porque llega la comparecencia de la orden de protección y se limita a la lectura de atestado con la valoración de riesgo policial, que puede ser acertada o no, y en la comparecencia sólo se cuenta con la declaración de la víctima y del investigado. Pocas veces se cuenta con más prueba, como mucho un parte de lesiones. Con eso el fiscal y el juez tienen que hacer una valoración del riesgo objetivo. Ahí hay una carencia importantísima porque el riesgo de equivocarse es altísimo. Ahí es donde necesitamos el apoyo de los profesionales especializados en violencia de género y de herramientas adecuadas para hacer esa valoración que tenemos que hacer en un plazo de tiempo muy cortito, 72 horas. Obviamente esas valoraciones pueden ser un pronóstico provisional porque puede decir el equipo de valoración forense que necesitan más cosas. Nosotros necesitamos el auxilio de profesionales especializados en la valoración porque si no el riesgo de error es muy alto.

Muchas víctimas denuncian el desamparo que sienten durante la primera declaración o durante el momento de poner la denuncia.

La víctima cuando pone la denuncia no está en condiciones de hacer una exposición brillante ni cronológica de lo que le ha ocurrido. Volvemos a la formación de los profesionales que tienen que tomar declaración. Es increíble que después de 11 años de la Ley Integral que todavía haya profesionales que pongan en duda la credibilidad de la víctima porque en la denuncia no contó todos los hechos que luego puede contar en una segunda declaración. Eso es falta de comprensión de la naturaleza de la violencia a la que nos enfrentamos y no conocer a estas víctimas, que no es la víctima de un robo que tiene claro cómo ocurrieron los hechos, que estas víctimas tardan mucho tiempo en asimilar lo que les está ocurriendo y que son periodos muy largo de sometimiento a la violencia psicológica y a la violencia física. El relato en un momento, en un medio hostil, porque siempre son medios hostiles para ellas ya que ir a una comisaría no es situación agradable para nadie. Acudir a una comisaría y tener que contarle a un señor o a una señora a la que no se conoce de nada toda tu historia es muy difícil. Y esa mujer cuando vuelve a casa recapitula y se da cuenta que debió contar más cosas. Es lógico. Poner en duda la credibilidad de la víctima porque hoy haya contado dos episodios y mañana se acuerde de otros tres es desconocer la naturaleza de estas víctimas. Hay que incidir en formación y en sensibilización.

¿Hay que incidir más en reformas legales que protejan a los hijos de las víctimas de violencia machista?

Se ha avanzado mucho en los últimos dos años. Ya veníamos desde la Fiscalía insistiendo mucho en que teníamos que tener mucho cuidado con los hijos de las víctimas. Veníamos reclamando el concepto de que son víctimas porque al estar expuestos a la violencia sufren muchos daños, no sólo físicos. La macroencuensta nos dice que hay un 37% de las víctimas que afirman que sus hijos fueron testigos de la violencia y un porcentaje muy alto que los hijos también fueron maltratados. Pilar Blanco dice que entre el 30% y el 60% de las familias en que la mujer es víctima de maltrato los hijos también fueron maltratados. Aparte del riesgo de violencia física, el ser testigos presenciales de la violencia que sufren las madres les provoca daños psicológicos, daños fisiológicos y daños en el desarrollo de su personalidad. Y eso hay que controlarlo. La fiscalía llevamos diciendo años que hay que prestar atención especial a los hijos para adoptar las medidas civiles necesarias y apartarlos de ese foco de violencia.

Los hijos son las víctimas invisibles…

Los hijos que conviven con la víctima también son víctimas porque están expuestos a esa violencia. La ley obliga al juez a pronunciarse sobre las medidas en relación a los hijos aunque no lo pida nadie, ni las partes ni el fiscal, aunque eso no debería ocurrir porque los fiscales somos los protectores de las víctimas y de las personas más vulnerables. El juez de oficio debe pronunciarse sobre los niños sobre las medidas civiles de la orden de protección y además tenemos una modificación en la Ley Orgánica que dice que se puede acordar la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas o ambas. Si no lo hiciera tiene que decir cómo se tiene que llevar a efecto el ejercicio de esos derechos civiles además de adoptar medidas para garantizar la seguridad de esos niños y su recuperación y de la madre y además tiene que hacer un seguimiento sobre la evolución de esas medidas. Si el juez no suspende la patria potestad o el régimen de visitas tiene que decir cómo tiene que llevarse a cabo y adoptar medidas de cautela para garantizar la seguridad de esos niños y hacer un seguimiento evolutivo de las medidas. Y si en esa evolución se vieran cosas tendría que adoptarse la suspensión definitiva.

¿Esto se está aplicando?

La ley obliga a analizar las consecuencias y la influencia de la violencia de género en esas relaciones. Y se está haciendo. Se ha incrementado la suspensión de la patria potestad y del régimen de visitas. Son cada vez más las sentencias condenatorias que incorporan la suspensión la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad o la privación de la misma. Estamos avanzando. A lo mejor ha costado más la sensibilización en otras cosas, pero respecto a la protección de los niños el grado de sensibilización, el grado de implicación es mayor porque siempre se ha tenido a los niños como personas vulnerables. Es mucho más fácil avanzar en ese camino.

¿Están siendo eficaces las campañas de sensibilización?

El tratamiento de las campañas de sensibilización es un tema que debe tratar la subcomisión del Pacto para que muchas mujeres que no se sienten víctimas se vean identificadas en esas campañas y salgan del maltrato oculto.

En el ámbito de los medios de comunicación se tiene que incidir mucho para ver el tipo de campañas se hacen y cómo enfocarlas para mejorar su eficacia.

Las cifras son escandalosas. En 2015 fueron asesinadas más de 2,5 millones de mujeres. ¿Estamos ante un problema global al que se le quiere dar soluciones individuales?

España forma parte de la ONU, de la UE y con el convenio de Estambul se podrían hacer cosas a través de dicho convenio. Es necesaria una coordinación mayor.

Las declaraciones de ciertos líderes religiosos tampoco ayudan mucho, ¿verdad? En muchos casos rozan la apología de la violencia…

Cada uno de los mensajes debe ser analizado individualmente. Este es uno de los temas que debe tratar la subcomisión, ver qué hay, qué respuesta se ha dado a estos mensajes y ver qué respuesta dar. Obviamente el Código Penal está restringido a lo que está tipificado como apología y aquello que no puede subsumirse dentro del tipo penal queda fuera, lo que no quiere decir que no haya una respuesta de la administración concluyente para evitar ese tipo de manifestaciones. Es un tema que debería tratarse en la subcomisión. Es alarmante levantarte por la mañana y escuchar esas noticias es la lucha por la violencia, es la “contralucha”. Nos dejan a los pies de los caballos. Este tema preocupa mucho a la Fiscalía.

El aumento de hombres favorables a la igualdad, ¿está provocando una reacción del machismo?

Parece que hay una reacción para proteger al maltratador y revictimizar a las víctimas. Es un problema porque eso ayuda a restar credibilidad a las víctimas y que se retraigan de actuar porque piensen que no las van a creer o que buscan beneficios secundarios. Por eso la Fiscalía desde 2009 está haciendo un análisis para combatir el bulo de las denuncias falsas. Que se pueda mantener este bulo es un desconocimiento de la realidad, y cuando se oye decir que por eso se archivan tantos procedimientos, porque mienten es inasumible. Se archivan porque no somos capaces de probar la violencia.

¿Y por qué se archivan tantos procedimientos?

Una de las causas por las que se archivan tantos procedimientos o se producen sentencias absolutorias es porque la víctima se acoge a su derecho a no declarar. Estos son delitos que se producen en la más absoluta intimidad y se cuenta solo con la declaración de la víctima. Si ésta se acoge a su derecho a no declarar se provoca un vacío probatorio y esto provoca sentencia absolutoria, la impunidad del delito, provoca el reforzamiento del agresor y la víctima queda mucho más vulnerable. Tendremos que analizar si el artículo 416 se debe mantener en este ámbito y la Fiscalía mantiene que se debe reformar. Esto se tiene que abordar en el Pacto. Cuando una víctima se niega a declarar hay que saber por qué lo hace, por qué no quiere declarar contra ese señor que la está machacando a ella y a sus hijos. En la macroencuesta se nos dice que el 28% lo hace por miedo.