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Entrevista a Víctor Barro, Presidente de Amigos de la Tierra

Actualmente estamos negociando con la UE para que se regule la actividad de las multinacionales por sus abusos de los derechos humanos

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análisis

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¿Cómo llegaste a ser presidente de Amigos de la Tierra?

De forma muy lógica. Empecé siendo una persona implicada en el medio ambiente hasta llegar a un puesto donde poder tomar decisiones. Pero yo nunca me había planteado algo así. Empecé como militante de mi grupo local en Galicia, con mayor o menor implicación, ya que en aquel momento estaba en la universidad, y a raíz de la oportunidad de una asamblea general en Zaragoza empecé a entender un poco cómo funcionaba, que había más allá: el ámbito de la organización a nivel estatal, a nivel europeo, internacional… La cuestión es que hace once años el secretario general me comentó que era importante que hubiera alguien que representara al grupo local en la junta directiva y me lo propusieron a mi porque yo era quien iba ya a las asambleas generales. Empecé así a formar parte de la parte directiva, y en aquel entonces la vacante era la de vicepresidencia. Pero bueno, no le di tanta importancia porque el puesto de vicepresidencia es en realidad testimonial, mientras el presidente esté en activo. Dos años después, la presidenta comentó si me veía capaz de asumir la presidencia, así que en esa junta directiva de 2008 me votaron como presidente. En aquel momento sentía un poco de vértigo, aunque al final todos los compañeros estamos un poco en igualdad de condiciones y se trata solo de etiquetas. Aunque si es verdad que con el tiempo, hay determinados trámites administrativos y económicos en los que tienes más responsabilidad, no hay duda. Como sea nunca hago mucha bandera del puesto en concreto, lo que si me parece clave es que si te interesa algo tienes que intentar empoderarte y tomar decisiones en eso, en este caso en una organización ecologista.

 

¿Te has encontrado alguna vez en algún aprieto derivado de tu puesto?

Hay fases, altos y bajos. En realidad, lo que nos ha costado a veces es por ejemplo cubrir determinadas necesidades de la organización, en distintos momentos. Yo ahora ya llevo 20 años en la organización y 12 en la directiva y he vivido necesidades económicas que necesitábamos cubrir. No me refiero a que hubiera hecho falta dinero sino que hemos tenido la necesidad por parte de la junta directiva de ser capaces de entender la información económica que recibíamos, ser capaces de interpretarla y de buscar con los financiadores una relación que complaciera a todos, para que la cosa funcionara mejor. A veces se ha tratado de cuestiones operativas puramente, pero otras tenían más calado. Al no ser muchos de nosotros personas profesionales del tema, pues recibíamos determinados tipos de información que no entendíamos. Actualmente no tenemos ese problema. En cuanto a lo personal, lo que me ha afectado a veces es intentar asumir más cosas de las que me correspondían. Considero una debilidad que existan muchas cuestiones que dependan de una misma persona durante largo plazo. Es bueno que en una organización haya más relevo del que ha habido en los últimos años aunque por otro lado de cierta estabilidad. Pero al final lo que buscamos es que haya muchas personas empoderadas en la toma de decisiones.

Importar energía eléctrica es una tontería teniendo los recursos que poseemos

 

¿En qué zonas geográficas trabajáis?

Nuestro ámbito de actuación es todo el estado pero funcionamos de forma descentralizada y aunque podemos interpelar a una administración pública por ejemplo en Albacete, aunque no haya grupo local allí, la realidad es que nosotros consideramos la actuación local como la clave del asunto. Por eso cada grupo local tiene su manera de gestionar y organizarse, de tomar decisiones y desarrollar propias campañas aunque después a nivel estatal coordinemos algunas de ellas. Tenemos oficinas en Galicia, Baleares, Cataluña, Rioja, Aragón, Andalucía y Madrid. La coordinación estatal y el equipo técnico tienen su sede en Madrid pero la comparte con el grupo local de la capital. Si surgiera por ejemplo una situación en Asturias, pues quien la maneja es la coordinación estatal pero nuestra capacidad de maniobra en regiones donde no estamos presentes como grupo local es menor, bastante menor.

 

¿Cuáles son vuestras áreas de trabajo?

Tenemos cinco áreas de trabajo: “soberanía alimentaria”, que tiene que ver con agricultura y alimentación, en segundo lugar “recursos naturales”, todos los temas que tienen que ver con residuos y gestión de recursos, “Biodiversidad”, “Justicia climática”, todo lo relacionado con energía, cambio climático y movilidad y “Justicia económica” que es lo relacionado con solidaridad, tratados de libre comercio, búsqueda de alternativas sobre el impacto de las empresas españolas en América Latina, etc.

 

¿Cuáles son las campañas más importantes en las que estáis trabajando actualmente?

Una de las más potentes de este mes ha sido la última campaña de Naciones Unidas, un poco como contrapunto a los tratados de libre comercio. Para nosotros supone una incoherencia como los estados se movilicen para intentar aprobar normativas regulatorias para las inversiones y tribunales que blinden las inversiones de las empresas, y, en cambio, cuando hay que blindar los derechos humanos se lavan las manos. Otra de las campañas está siendo la Coop en Bonn (Alemania) con la ausencia de EEUU, principalmente enfocada en los temas de cambio climático y centrada en lo que tienen que hacer los estados para intentar manejar esta situación. También, por el 11 de noviembre, el día de San Martín, hemos una campaña sobre el consumo de carne y su impacto y sobre todo sobre la producción de porcino. Se trata de denunciar la manera en la que se produce buena parte de la carne que consumimos y llamar la atención para que se reduzca ese consumo. Por otra parte también estamos con el tema del SSDR y su posible implantación a medio o largo plazo en España.

 

Háblanos un poco más sobre qué es el SDDR.

Es un sistema de devolución depósito y retorno, que en los países centroeuropeos lleva muchos años implantado. Consiste en la devolución del importe del envase, sobre todo del envase de bebidas. Te bebes una botella de agua o de un refresco cualquiera, devuelves el envase y te devuelven una parte del coste, de manera que solo estarías pagando por el contenido y el continente pues lo gestionaría una empresa. Lo que más nos encontramos cuando caminamos por la calle o por cualquier lugar son envases de bebidas, es un dato a tener en cuenta. Además en España tenemos unas tasas de reciclado extremadamente bajas pero con este sistema, en el que los envases tienen un valor y que ya se ha demostrado que funciona en muchos países centroeuropeos pues las personas ya no lo van a tirar por ahí, sino que los van a llevar a una máquina a que les devuelvan su dinero y así se cierra el círculo. Es un sistema que puede parecer fácil pero a la hora de la implantación hay intereses generados por empresas muy grandes del negocio del plástico y del negocio de las envasadoras, como Ecoembes, como las multinacionales del envasado o de las bebidas refrescantes en España.

 

¿Qué conclusiones se sacaron de las reuniones con la ONU para limitar los abusos de las empresas transnacionales?

Hay que empezar diciendo que la ONU es una organización cuyos trámites van muy despacio, a veces es frustrante. Y por lo que hemos estado moviéndonos estos últimos tres años es por la creación de una herramienta jurídicamente vinculante que permita responsabilizar a las empresas por las violaciones que cometen de los derechos humanos. En 2014 Naciones Unidas creó un grupo de trabajo para hacerlo y ha llegado un punto que, en el pasado octubre, tuvo que debatir más en profundidad, yendo a lo concreto sobre el ámbito de aplicación, las empresas afectadas, el tipo de herramienta en concreto y los DDHH que iban a ser protegidos. Las conclusiones principales de dicha reunión, desde mi punto de vista, es que las movilizaciones de la sociedad civil han conseguido colocar en la agenda el tema y el borrador que hay sobre la mesa es muy parecido a lo que han propuesto las organizaciones sociales. Pinta bien en este sentido. Claro que este es un proceso a largo plazo y quedan años para desenredar algunos nudos en las negociaciones. El problema viene de la postura de algunos estados, principalmente de la UE, que en lugar de ser los campeones en el respeto a los derechos humanos, utilizan una estrategia dilatoria para que las negociaciones no acaben nunca. Nosotros pensamos que la UE tiene que participar de manera activa y constructiva en el diseño de esta herramienta. No entenderíamos que la UE y sus países miembros que han defendido históricamente los derechos humanos, y que están en el origen de las cartas fundacionales de Naciones Unidas hoy en día estén eludiendo su deber. Para nosotros, además, supone una grave incoherencia el que los estados estén movilizándose para permitir que se creen tribunales de carácter económico que puedan llevar a los estados a juicio por parte de empresas, que estén poniendo mucho dinero en blindar los intereses de las multinacionales y por otro que utilicen una estrategia dilatoria para que las multinacionales no paguen jamás ni tengan que responsabilizarse nunca por los derechos humanos que violan. Hay una grave incoherencia por parte de la UE pero es clave que también participe activamente en las reuniones. El estado español también está al tanto de esto pero ha delegado todos los temas relacionados con derechos humanos a la UE, lo que nos parece un grave error. EL proceso continúa en 2018, cuando tendremos otra reunión de trabajo y que será el momento de seguir qué rumbo toma este asunto.

 

¿Qué opinas sobre cómo se está gestionando el problema del cambio climático en España?

España tiene un grave problema con este asunto porque está a la cola en la implantación de medidas de mitigación contra el cambio climático, su papel es irrelevante en todo tipo de reuniones internacionales y su opinión está supeditada a la de otros estados. En España además hay una captura de la voluntad por parte de la patronal de la energía, que por sus intereses específicos están impidiendo el desarrollo de energías limpias en nuestro país. De hecho tenemos las tasas de insolación más grandes de toda Europa y podríamos ser una gran potencia en este sentido, bueno, de hecho, lo hemos sido en un momento dado. Por otro lado se suma la cuestión de la sequía y el problema también es que la energía hidráulica se considera renovable. Tenemos mucha dependencia de ella y en momentos de sequía nos genera un grave problema. Y como actualmente no podemos tirar de ella lo hacemos de energías contaminantes. Pero importar energía eléctrica es una tontería teniendo los recursos que poseemos. El poder político no se está tomando en serio su trabajo ni el cambio climático. El estado central es responsable directo. Pero tampoco está en las agendas ni de partidos emergentes. Nosotros estamos apostando por una ley que regule los aspectos fundamentales que tienen que venir a frenar las emisiones en el medio y largo plazo. Y también hay mucha gente que se está organizando para producir su propia energía. Así que avanzamos con lo que tenemos.

 

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