La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado el embargo de varias viviendas, vehículos y el ciclomotor del expresidente del consejo de administración de Abengoa Felipe Benjumea para cubrir la fianza de 11,5 millones de euros que le impuso por la indemnización que cobró al abandonar la multinacional de energías renovables, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Asimismo, la juez de la Audiencia Nacional ha citado tanto al expresidente de Abengoa como al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega a declarar el próximo 16 de febrero en calidad de investigados, según una providencia emitida por la magistrada solo un día después de la orden de embargo.

Lamela adopta esta decisión un día después de ordenar el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, así como prohibir a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar.

La magistrada ha dictado un auto en el que requiere al Registro de la Propiedad que adopte esta medida cautelar, al tiempo que solicita a varias entidades financieras que bloqueen los saldos de los que dispone Benjumea en diversas cuentas bancarias, incluyendo productos bancarios como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, entre otros.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado otro auto en el que decreta el embargo de la finca registral y el coche del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, así como el bloqueo de una cuenta bancaria que consta a su nombre con el fin de cubrir la fianza de 4,5 millones impuesta en concepto de responsabilidad civil.

Lamela acuerda en sus autos la prohibición de disponer, gravar o enajenar todos o parte de estos bienes, tras haber rechazado las pólizas de AIG Europe Limited y XL Insurance al esgrimir la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual “la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir directamente en el asegurado”.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.

La magistrada requirió además a la compañía andaluza la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la “adopción de medidas cautelares sobre sus bienes”.

Dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, se querellaron contra la antigua cúpula de la compañía, que solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 26 de noviembre, por su “horrible” gestión y buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”.

Los querellantes denunciaron que Benjumea se llevó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.

Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.

 

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