Ni espíritu ni la letra de la legislación en materia de contratación a tiempo parcial se respeta en España. Los trabajadores a tiempo parcial tienen prohibido extender su jornada laboral. Algo que se incumple sistemáticamente. En la mayoría de los casos ni siquiera existe un registro de horas de trabajo para que el empleado pueda denunciar. La multa por tal motivo puede alcanzar los 6.000 euros.

La prolongación de jornada se suele enmascarar de la manera más lógica posible: argumentando la necesidad de atender a un cliente “en el último momento del día” y cosas parecidas.

Cuando el contrato no es a tiempo parcial, circunstancia que tal y como se ha dicho, prohíbe terminantemente la prolongación de jornada, se puede recurrir a las horas extraordinarias. Pero éstas deben ser cotizadas a la Seguridad Social. Y no se está haciendo así. Según datos de la Encuesta de la Población Activa del segundo trimestre del año, en ese periodo se trabajaron 6,3 millones de horas extraordinarias semanales. Más de la mitad, no se compensaron.

Y de ello no se libra ningún sector. Enseñanza, comercio e industria son las actividades que acumulan más horas extraordinarias. Y, como siempre, aparece el factor estacional. En la hostelería, sobre todo en los pequeños y medianos establecimientos, el abuso es evidente. Sin la correspondiente remuneración los empresarios obligan a los trabajadores eventuales a prolongar jornada. Estos aceptan y callan con la esperanza de que sean “repescados” en posteriores periodos.

Los sindicatos señalan que una de las consecuencias más graves de los “trabajos a destajo” es el incremento de la siniestralidad. Las centrales mayoritarias, corresponsables del control de empresas en materia de salud laboral, dicen que la siniestralidad, que ha vuelto a crecer en el pasado ejercicio, se debe al trabajo precario. Mientras tanto, el Gobierno, sin un diagnóstico claro, apunta “hacia una leve mejoría de los controles” y los empresarios justifican el aumento al “crecimiento de la actividad económica”

En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia se mantiene: se han producido 276.069 accidentes, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2015 (crecen un 8,5% los que se produjeron durante la jornada de trabajo y un 9,3% los producidos in Itínere, es decir en los desplazamientos entre el trabajo y el domicilio).

Isabel Araque, secretaria confederal de la UGT, señala que “la precariedad en el trabajo propiciada por la reforma laboral, sobre todo el aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial, está produciendo el deterioro de la salud y de la calidad de las condiciones de trabajo”.

El dirigente de Comisiones Obreras, destaca los siguientes factores que hacen posible el incremento de la siniestralidad: “por un lado, aumenta la carga de trabajo; por otro, durante la crisis las empresas han priorizado otras cosas y la prevención ha pasado a un segundo plano; y, fundamentalmente, el cambio que ha habido de modelo de empleo, con contratos de pocos días y altísima rotación”. Además, “los trabajadores sufren también mayor presión por el miedo a perder el empleo que les hace asumir peores condiciones de trabajo”.

Por su parte, Jordi García Viña, director de relaciones laborales de la CEOE, no cree que exista relación entre la temporalidad o trabajo a tiempo parcial con el incremento de la siniestralidad laboral. Para García Viña “lo que ocurre es que las cifras han incrementado como consecuencia del aumento de la actividad económica”. Y añade otra razón un tanto sorprendente: “el trabajador que ha estado mucho tiempo inactivo, tiene más posibilidades de sufrir un accidente”.

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