A lo largo de estos meses se ha producido un resurgimiento en el debate sobre el fututo del sistema de pensiones en España. La chispa la inició una nueva disposición por parte del gobierno en funciones de 1.000 millones del Fondo de Reserva. Este año ya se han dispuesto de 9.700 millones del alrededor de 34.000 millones que quedaban. En principio, que se utilice la “hucha” en épocas de vacas flacas no debería asustarnos, con esa función fue creado. Pero, teniendo esto en cuenta, todas las previsiones suelen calificar al sistema español como insostenible en un futuro cercano.

El sistema de reparto que utilizamos para sufragar las pensiones contributivas tiene un funcionamiento muy sencillo. Las pensiones a pagar en un periodo deben salir de las cotizaciones de los trabajadores (por cuenta ajena y autónomos) en ese periodo. En caso de que las cotizaciones exceden de la cuantía de las pensiones se puede dotar el Fondo de Reserva. El problema aparece cuando las cotizaciones no son suficientes para hacer frente a las obligaciones. Se puede recurrir al Fondo de Reserva, cómo ahora, o bien, hay que acudir a nuevas formas de financiación.

Desde hace más de 20 años se está advirtiendo que el sistema de financiación de la Seguridad Social, conocido como modelo de reparto, se va a encontrar con grandes dificultades cuando los hijos del Baby Boom de los 60 y 70 del siglo pasado se jubilen. Este hecho, junto las bajas tasas de natalidad de nuestro país, van a provocar que, alrededor del 2030, con las cotizaciones de los trabajadores activos no se podrán acometer las obligaciones con los jubilados de ese momento. Es un hecho de carácter demográfico previsible y que agudiza su efecto debido a que la esperanza de vida también se ha incrementado. En el documento Pensions at a Glance 2015, de la OCDE, se estima una tasa de dependencia para el 2050 de 73,2, esto es, por cada 100 personas en edad de trabajar habrá casi 75 personas con edad superior a 65 años. Si consideramos los datos que nos proporciona la Seguridad Social en su web, hemos pasado de los 19.377.776 cotizantes del 2007, a los 16.393.866 en 2013, y a unos 17.760.271 en este mes de junio. Una ratio que suele ser muy demostrativa de lo que estamos intentando explicar es el que recoge el número de afiliados entre el número de pensionistas. Para los datos de afiliados anteriores tendríamos 2,71; 2,27; 2,27.

Si bien es cierto que este tsunami poblacional va a suponer un reto importante para nuestro sistema de pensiones, también lo es que se deben buscar alternativas para mantener el sistema de reparto. Los beneficios de esta modalidad son múltiples, pero se centran en dos aspectos que cualquier democracia debe fomentar, como son la equidad y la solidaridad entre sus ciudadanos. La solidaridad intergeneracional es evidente pues las generaciones en edad de trabajar hoy pagan las pensiones de los que trabajaron antes, con la esperanza que se las paguen a ellos en el futuro. Pero también entre activos y pasivos y entre la solidaridad interterritorial. Hay que sumar que el sistema público evita el incremento de desigualdades entre los jubilados, que sí que puede darse con el sistema de capitalización. Este último consistente en abrir a cada trabajador una cuenta con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral que se van capitalizando hasta el momento de su retiro. En ese momento, a través de una empresa privada, decidirá de qué forma va a recuperar sus ahorros. Lo positivo de este sistema es que rompe con el problema demográfico. La presión que desde los lobbies financieros se está ejerciendo es asombrosa en este sentido.

La debilidad del sistema de reparto reside en su excesiva dependencia de las características propias del mercado laboral. Si tenemos en cuenta que las del español han sido tradicionalmente malas, con una baja tasa de actividad, elevada tasa de paro y con cada vez mayor precariedad y temporalidad, las expectativas para las pensiones no son muy halagüeñas.

No debemos olvidar que algunas de estas cualidades del mercado laboral son consecuencia de decisiones políticas, como las dos reformas laborales últimas, pero también de un sector privado muy poco innovador. En cuanto a los políticos tenemos que pensar que han asumido estas medidas con el propósito de buscar soluciones a corto más que a cambiar las cosas de manera estructural. Las medidas adoptadas para fomentar el empleo tienden a subvencionar las cotizaciones de empresas a la Seguridad Social. Para el 2016 disponemos de todas estas causalidades:

• Por hacer un contrato indefinido desde el principio.

• Por pasar contratos temporales a indefinidos.

• Para determinados tipos de contratos temporales.

• Para los contratos de prácticas y formación. Toda la formación Dual está subvencionada a las empresas.

• Por mantener la contratación a ciertos colectivos o en determinados sectores como el turismo si mantiene plantilla fuera de temporada.

• Bonificaciones para contratos en determinadas actividades (investigación, trabajos de presos en centros, etc.) y en determinadas zonas geográficas (Ceuta y Melilla).

• Incentivos a autónomos.

• A empleados del hogar.

• Para trabajadores agrarios por cuenta ajena.

• Fomento de empleo joven.

A estas bonificaciones habría que añadirle lo que la Seguridad Social llama “particularidades” que van desde reducciones en los porcentajes a aplicar a las bases de cotización a, directamente, exclusiones.

Hay que añadir las medidas que desde la Unión Europea están exigiendo para resolver los problemas de déficit público de nuestras administraciones. Por ejemplo, este año, ya con “gobiernos del cambio”, es cuando más profesores se esperan que sean despedidos estos meses de verano para ahorrar sueldo y seguridad social. Los procesos de externalización de ciertos trabajos, antes públicos, han llevado a una bajada salarial y por tanto de las cotizaciones con los mismos trabajadores. Las normas rígidas sobre déficit público suelen limitar las posibilidades del endeudamiento para financiar estas prestaciones.

Hasta el momento, con la intención de mantener el sistema, se ha retrasado la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, de manera progresiva hasta 2027, desde Alemania nos exigen los 69 años. También, se han endurecido las condiciones para acogerse a la jubilación anticipada. No parecen medidas suficientes, aunque sí necesarias ante este escenario. Entre las propuestas de nuestros partidos políticos podemos entrever el debate que se nos plantea. Ciudadanos propone un sistema mixto como el sueco, mientras que el PSOE pretende encontrar una mayor financiación mediante la imposición al factor capital, o la creación de algún impuesto indirecto finalista. Como siempre buscamos solucionar los síntomas sin entrar de lleno en las causas.

El capitalismo neoliberal continúa con hambre privatizadora para lograr nuevos beneficios que le permitan reproducirse. Esta hambre enfermiza está haciendo evidente lo radicalmente contrario que es el sistema económico actual al sistema democrático. El sistema de capitalización viene a repetir una de las estrategias más usadas por el capital para debilitar a las clases trabajadoras: “DIVIDE Y VENCERÁS”. Un problema sistémico como el actual se transformará en un problema individual con el sistema de capitalización.

En conclusión, el asunto de las pensiones no supone más que una etapa nueva en la evolución del sistema. Las siguientes, ya bastante previsibles, van a ser la sanidad y la educación. A falta de ingresos públicos para financiarlas vamos camino de su privatización, de la limosna estatal y de la caridad (becas) de los beneficiados del sistema. Y, como bien advirtió el genial Galeano, todas estas medidas humillan por su verticalidad y añado, van en contra de la esencia democrática que requiere de igualdad entre ciudadanos.

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1 Comentario

  1. Leo esto e inevitablemente pienso en lo insolidario de este capitalismo radical capaz de empobrecer ~ “esclavizar” la vida de personas que sostienen la sociedad de consumo. El “Sistema” es el único capaz de regular la situación, considerar y priorizar el interés social antes que las ambiciones capitalistas. Limitar los ingresos individuales será una lógica medida para frenar las pretensiones de una élite insaciable y para estrechar la desigualdad en la Rentas Per Cápita, así como tenemos sueldo mínimo inter-profesional cabe un sueldo o acumulación máxima de capital. De los excedentes llegará la solidaridad y un reconocimiento social “enriquecedor”.

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