En un informe policial fechado en noviembre de 2016 y que forma parte del sumario que investiga los contratos de adjudicación de las obras del teatro Madrid en Getafe, los agentes aseguran que Juan Soler, Senador y Diputado de la Asamblea de Madrid, participó en el “amaño de contratos” para la construcción. Soler fue alcalde de esta localidad madrileña entre 2011 y 2015.

El senador y exalcalde de Getafe también habría intentado destruir la información de los ordenadores del Ayuntamiento justo un día antes de abandonar su cargo en el consistorio de la ciudad, cuando perdió las elecciones.

El ahora diputado de Cristina Cifuentes, pidió además a sus colaboradores que borraran el historial completo de los ordenadores municipales, y reclamaba a un miembro de su equipo que se asegurase de que todo el mundo seguía sus instrucciones.

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En las conversaciones investigadas, los miembros del equipo de Soler van informando de que están borrando esa información, y alguno apunta a que deberían hacer lo mismo con los emails. El ex alcalde le da la razón y pide que los borren.

Según el sumario, Soler también habría modificado el Plan General de Ordenación Urbana del municipio para favorecer a una determinada empresa, Vegas Arquitectura, la adjudicataria del teatro. La policía cree que estas irregularidades eran una práctica habitual que se habría repetido con la construcción de escuelas infantiles y la reforma del mercado de la localidad, entre otros proyectos.

Las informaciones sobre las posibles irregularidades de Soler se dan en el marco de las investigaciones sobre los trámites administrativos para construir un teatro: “podría estar relacionado con la adjudicación irregular de estos contratos“, adjudicados a dedo a empresas que sabían de antemano que iban a ser adjudicatarias.

La Policía cree que Soler está implicado en esas irregularidades, aunque por el momento no le acusa de ningún delito.

El caso no es extraño. Cada vez son más los ayuntamientos que interponen empresas públicas para gestionar al urbanismo local con el fin de agilizar los tramites burocráticos y aprobar los convenios con empresas constructoras para evitar el control de la Oposición y campar a sus anchas. Es el caso de Arganda, cuando apareció la trama Gürtell y ahora el de Getafe. En Arganda esa adjudicación a Martinsa, a cambio de pingües beneficios la firmó la Sociedad de Fomento de Arganda. En Getafe fue SAGI y, a buen seguro, habrá muchas más repartidas por todo el país.

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