“El objetivo era contratar a Urdagarin y todo lo que viniera de él y que no se discutiera el precio. No tengo duda de que la orden venía de Matas y nadie duda de eso. Todos teníamos esa orden”. Contundente. José Luis ‘Pepote’ Ballester, exdirector de Deportes balear y ‘arrepentido’ de Nóos ha lanzado sus primeras andanadas a Iñaki Urdangarin, Jaume Matas y la Casa Real. Ballester, el primer imputado en declarar, ha confirmado que todo estaba amañado y que “nunca vio un expediente”. Que todo fue a dedo. “Se trataba de vestir el expediente”, ha confesado.

Además, ‘Pepote’ ha revelado que el germen del ‘caso Nóos’ se gestó en la residencia de verano de la Familia Real, el palacio de Marivent. Allí, según ha explicado el acusado, Iñaki Urdagarin, Jaume Matas y el mismo acordaron el primer negocio de Nóos con el Gobierno balear: la oficina de seguimiento del equipo ciclista Banesto/Illes Balears. Los tres se encontraron en 2003 en ese histórico palacio tras un partido de pádel.

El arrepentido ha asegurado que “nadie” dudó en que Urdangarin debería “capitanear” esa oficina de seguimiento. Y que “todos” dieron por hecho que el exduque se debía hacer cargo de ese proyecto, que se adjudicó a Nóos sin ningún tipo de concurso público.

Ballester además apunta directamente a Jaume Matas, al que culpa básicamente de controlar directamente todos los departamentos que contrataron al Instituto Nóos. Según Ballester, que fue director de Deportes entre 2003 y 2007, “Matas tomaba las decisiones y las trasladaba a las personas que había nombrado. Podíamos preguntar, hacer aportaciones, pero sobre lo que venía marcado no había ninguna duda. Eran directrices”.

El exregatista, que ha afirmado que “no se podía disponer de ninguna partida sin el visto bueno del señor Matas”, ha denunciado el continuo amaño de las actas de las reuniones de la Fundación Illesport, una de las implicadas en los contratos a Urdangarin. Esos encuentros no se producían, pero se firmaban actas para dar visto bueno al dinero.

La ‘hora de los arrepentidos’, como ya se llama en los tribunales palmesanos a esta reanudación de la vista, va a ser un verdadero calvario procesal para Iñaki Urdangarin, que ha llegado junto a la infanta Cristina al juzgado. Los cinco imputados pertenecientes a la ‘trama balear’ van a confesar que los 2,5 millones que entregó el Gobierno balear a Nóos fueron fruto de un tremendo amaño, soslayando conscientemente las fundamentales normas de la contratación pública. Y que nadie puso la menor pega porque el presidente de aquel instituto era el yerno de Juan Carlos I, informa Colpisa.

Las declaraciones de estos imputados -si respetan los pactos alcanzados con el fiscal Pedro Horrach en busca de una reducción de petición de pena- serán una tras otra cargas de profundidad en la línea de defensa de Urdangarin. Serán, además de la de ‘Pepote’ Ballester, las confesiones de Gonzalo Bernal, gerente de la fundación Illesport; Juan Carlos Alia, director del Instituto Balear de Turismo; Miguel Ángel Bonet; jefe jurídico del Instituto Balear de Turismo; y Jaume Matas, expresidente de Baleares.

El acuerdo para librarse de peticiones de penas de cárcel (todos excepto Matas) es simple: la aceptación íntegra de todo el escrito de acusación de Anticorrupción. O sea, que el Gobierno balear dio el visto bueno para que, a través de simples “convenios” y sin que en ningún momento se hiciera siquiera amago de abrir un “expediente” administrativo como era preceptivo, Nóos se hiciera con los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; los 174.000 que pagó la fundación pública Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; y los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Matas, por su parte, aunque ha mantenido numerosos contactos con la Fiscalía en busca de un pacto durante los últimos días, todavía no ha cerrado una confesión completa. El expresidente, que está acusado de penas que suman once años, está dispuesto a admitir que cometió una prevaricación y un fraude por contratar con Urdangarin, pero se niega a reconocer la malversación de dinero público, una de las condiciones de Anticorrupción para rebajar su petición al entorno de uno a dos años de cárcel. La otra es que entregue íntegramente los 3,5 millones de fianza civil que le impuso en su día.

El expresidente también sopesa la posibilidad de escudarse en que fue don Juan Carlos el que le llamó para pedir un trato preferencial para su yerno.

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