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El precio vil de la liquidación de España

Alberto Vila
Alberto Vila
Analista político, experto en comunicación institucional y economista
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análisis

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Por “precio” se entiende la suma de dinero que tiene que pagar al vendedor el adquiriente de un bien. En la actualidad, el término designa muy frecuentemente a toda cantidad debida a cambio de un servicio; como es el caso de las retribuciones en diferentes formas, a los lobistas, como Aznar o Felipe, entre los más conspícuos, o en la valoración de bienes físicos, como las Cajas de Ahorros o Aena, por ejemplo.

Recuérdese que en el caso de las Cajas gallegas, en una operación que consideró las obras del Canal de Panamá con el grupo Banesco, en un solo ejercicio amortizó su adquisición. ¿Visionarios, actores de puertas giratorias?

Se dice del precio notoriamente inferior al real o de mercado que es consecuencia del vicio, del consentimiento o de la ignorancia. Me pregunto si la venta “a precio vil” de los inmuebles propiedad de las diferentes administraciones del Estado, a fondos buitre por ejemplo, podrían constituir un delito o, tal como vamos viendo, la Fiscalía dependiente jerárquicamente del ministerio de Justicia de un gobierno del Partido Popular, con más casos de corrupción de la historia democrática de España, no ejerce adecuadamente su función de garantizar la protección del patrimonio de todos los españoles. Es una cuestión que no veo que esté en el debate de nuestra dirigencia.

Por ello, es de pulcritud democrática el confirmar que se procuró un Precio Serio.

Establezcamos que debe distinguirse entre “Precio Serio” y “Precio Vil”. En materia de transacciones la Hacienda de “todos” siempre vigila el que se atribuya un pecio que siempre debe ser serio. De hallar indicios de una subvaloración tendríamos una inspección. No llena esta calidad el precio ficticio o simulado. Esto es si, por ejemplo, se simula pagar un precio que en verdad no se paga; no obstante, la transmisión real y seria del dominio no habrá compraventa sino donación. Tampoco la llena el precio irrisorio como, por ejemplo, si se vende una estancia en un euro. Es obvio que en este caso estaremos en presencia de una donación y no de una venta.

Diferente es el caso del “precio vil”, ya que no se trata de un precio serio, pues tanto el comprador como el vendedor se han propuesto seriamente hacer la venta sobre esa base. Por tanto, el precio vil no altera la naturaleza del acto ni impide la formación del contrato de compraventa. En esta línea pareciera que se han amparado los diversos gestores a cargo de las liquidaciones de los bienes del Estado.

Pero ello no significa, sin embargo, que el contrato no pueda impugnarse y eventualmente obtenerse una declaración de nulidad por el vicio de “lesión enorme”, si se revisa y verifica la intencionalidad prevaricadora de los actuantes en la transacción. En este punto es determinante la actuación de las instituciones garantes de la verosimilitud del Precio Serio. Del mismo modo, la posibilidad de estar en presencia de cohechos. ¿No sería este un caso para investigar la calidad de la liquidación a la que han sometido a los activos en poder del Estado Español? Todo sin considerar la responsabilidad de los evaluadores a la hora de informar acerca de la fijación del precio de venta de esos activos.

En el caso de Bankia, la madre de todas las Cajas de Ahorros, no se han llegado a atrever en esta nefasta legislatura a liquidarla. Pero recuerden que, si vuelven a repetir solos o en la Gran Coalición, será una de las primeras medidas que adopten “por el bien de España”. Razón que ya se está enarbolando para permitir que el PP vuelva a gobernar.

Hablamos de ese gobierno que permitió que corruptos y defraudadores se amparasen bajo la cobertura de una amnistía fiscal vergonzosa, mientras adoptaba las más injustas medidas sociales y económicas que se recuerdan en la post transición franquista.

Ello supondrá que los poderes fácticos de toda la vida, reflejados en el IBEX y en la Troika, hayan vuelto a neutralizar la voluntad de la mayoría, evitando una profunda y extensa revisión de las actuaciones en relación a los activos propiedad del Estado Español, legislando para evitar prescripciones, indultos y aforamientos sospechosos.

De consumarse, y si los votos no lo remedian, España terminará arrumbada en el desván de su trágica historia.

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