Estos días los españoles están escandalizados por la escalada imparable del precio de la electricidad, una subida que hoy ha superado los 100 euros por MWh. Tanto el Gobierno como Unesa, la patronal de las compañías eléctricas, achacan estas subidas a factores externos como la falta de capacidad de generación de energía por las centrales más baratas (renovables e hidráulica), al parón de las centrales nucleares francesas y por el aumento de la demanda por las condiciones climatológicas de este mes de enero. Todos estos hechos han obligado a tener que comprar la energía a las centrales de ciclo combinado (carbón y gas) que son las más caras y, por tanto, las que marcan el precio del MWh.

Todos estos argumentos podrían ser comprensibles si no nos encontráramos en un escenario social en la que los niveles de pobreza energética nos colocan en una situación cercana a los países en desarrollo.

España es el segundo país de la Unión Europea donde la desigualdad más se ha incrementado, concretamente veinte veces más que la media europea.

Ayer el Banco de España presentó su Encuesta Financiera de las Familias y los datos que arrojaba dicha encuesta son demoledores para la ciudadanía y, sobre todo, para un Gobierno que ha hecho bandera de los datos económicos, que ante cualquier reivindicación de las víctimas de la crisis colocaban como un muro las cifras macroeconómicas para demostrar que las quejas eran injustificadas porque la economía estaba creciendo, el desempleo se reducía o la confianza de los consumidores era superior en tasa interanual.

Los niveles de pobreza energética colocan a España en una situación cercana a los países en desarrollo

Ahora es una institución pública la que ha puesto sobre la mesa la realidad de los españoles: desde que gobierna Mariano Rajoy las familias más ricas han incrementado su patrimonio mientras que el resto de la población ha perdido poder adquisitivo. Un 10% de los hogares tenía en su poder el 52% de la riqueza del país. La semana pasada fue Oxfam quien denunció que 3 personas (Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig) acumulan más riqueza que el 30% de los españoles.

Con un escenario de desigualdad extrema en el que ni las cifras oficiales pueden ocultar la realidad cotidiana la subida de la luz a los niveles en los que lo está haciendo las excusas que tanto Unesa como el Gobierno ponen para justificarlo son insuficientes.

Diferentes estudios han denunciado que más de 7 millones de personas no pueden encender la calefacción en invierno por no poder hacer frente a las facturas de la luz y una de las causas de que esto ocurra es el encarecimiento del precio de la energía, aproximadamente un 67% desde el año 2008.

Diferentes estudios denuncian que más de 7 millones de personas no pueden encender la calefacción en invierno

Según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) más de 3 millones de personas se ven obligadas a retrasar el pago de sus facturas de la luz como consecuencia del desempleo y de los bajos salarios que hacen que los ingresos de las familias se hayan desplomado. La propia ACA advirtió en 2016 de que más de un millón de hogares se ven obligados a dedicar más de un 20% de sus ingresos para pagar las facturas de energía.

Ante esta situación social es normal que se genere alarma entre la ciudadanía ante esta subida desorbitada del precio de la luz. Hay que tener en cuenta que el acceso a la electricidad fue declarado como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por España en 1977).

Con los bajos salarios, la menor cobertura del desempleo y los niveles reales de paro (muy alejados de las cifras oficiales) la subida de la luz aleja a millones de familias de tener acceso a algo que está reconocido como un derecho humano.

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