Desde los inicios de la democracia, todos los fiscales generales del Estado han sido calificados de “correa de transmisión” de las políticas gubernamentales en materia de Justicia. Pero hubo uno que desató las mayores iras ciudadanas. Jesús Cardenal se sometió tanto al gobierno de Aznar que la opinión pública de finales del siglo pasado llegó a cuestionar la independencia fiscal. Ahora, el Partido Popular vuelve a cometer el mismo error. Y Rajoy impone a Catalá para fiscal general a José Manuel Maza que acaba de desautorizar a las fiscales del “caso Pedro Antonio Sánchez” para que no se le impute en una de las ramificaciones de la operación Púnica, cuando el propio juez instructor de la Audiencia Nacional ya ha procedido a efectuar, en auto, tal imputación.

¿Está presionando el PP a Maza para que sus subordinados retiren las acusaciones contra el presidente murciano y el ex presidente riojano Pedro Sanz? El Fiscal General del Estado lo desmiente. Peo ya existe un precedente cuya veracidad se ha demostrado con el tiempo. A pesar de lo que ha dicho Jesús Cardenal en estos últimos años, lo cierto es que reconoce “haber tenido conversaciones con Aznar”. Y el propio ministro de la época, José María Michavilla, se encargó de ir apartando de la carrera fiscal a los profesionales más progresistas. Esto se vuelve a asegurar en la Unión Progresista de Fiscales. El mejor ejemplo fue la destitución de Jiménez Villarejo al mando de Anticorrupción y su sustitución por Salinas, del sector conservador.

Ahora, para tomar la decisión, José Manuel Maza argumenta para dar las órdenes que ha dado, una supuesta “división de pareceres” en el seno de la Fiscalía, que le habría obligado a pedir la opinión, incluso, de “fiscales de sala del Tribunal Supremo”. Fuentes Judiciales consideran la excusa como “inconsistente” por la simple razón de que “nunca se ha pedido el parecer de ningún fiscal de sala del Supremo ante diferencias de criterio”. La “apariencia de neutralidad” del fiscal general en este caso es “muy endeble”, en palabras del diputado y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, porque resulta cuanto menos “sorprendente” que Maza “llegue a la conclusión de que los hechos no son constitutivos de delito cuando las dos fiscales encargadas del caso, quienes mejor conocen los hechos, y el juez encargado de la instrucción en la Audiencia Nacional interpretan todo lo contrario“.

Todavía más escandalosa ha sido la opinión del ministro Rafael Catalá expresada en los medios de comunicación. El titular de Justicia, en un gesto que demuestra su escaso conocimiento de cómo funciona el aparato judicial, determina que “entre las versiones de las fiscalas encargadas del caso y las de sus superiores me quedo con las de sus superiores”. Los expertos recuerdan a Catalá que en Justicia “no funcionan las visiones globales sino los fundamentos de hecho de derecho en los casos concretos que se juzgan”.

Se ha ido más lejos y se quiere ver en esta maniobra de Maza un intento de volver a hacer lo que hizo Cardenal hace veinte años. Unificar la carrera fiscal, hoy muy dividida de nuevo, en torno a la supremacía del sector más conservador.

Sería una forma de ayudar al PP a acabar con la pesadilla de Rajoy: los delitos de corrupción de los que se acusan a muchos dirigentes del PP. Ahora está en manos de la oposición contrarrestar tal posibilidad. El primer paso se ha dado pidiendo la comparecencia de Mazas. Una comparecencia que tendrá lugar esta próxima semana.

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