Mariano Rajoy señala con el dedo a los elegidos y la justicia señala con el suyo a buena parte de ellos. Si en otros tiempos, el líder del Partido Popular alababa en grandes recintos sin tapujos a dirigentes caídos después en desgracia por tener a la justicia pisándoles los talones –la lista es casi interminable: Matas, Camps, Bárcenas… y ahora la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá–, en la actualidad mantiene una táctica idéntica, puesto que, apenas un día antes de que el Tribunal Supremo decidiese abrir una causa por blanqueo de capitales contra la actual senadora, el PP decidía que Barberá continuara como si nada una legislatura más como vocal en la Comisión Constitucional y también en el mismo puesto en la Comisión de Economía.

La ex alcaldesa ya ocupó esos cargos en la anterior legislatura en la que, además, formó parte de la Diputación Permanente como senadora aforada. Este nuevo aforamiento para la presente legislatura estaba pendiente en la cúpula popular según la decisión del Supremo. Y a tenor del resultado, parece probable que Barberá perderá esta condición.

Este martes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El caso será instruido por el magistrado y ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

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