2.813 euros al mes es la indemnización que el Congreso sigue pagando a los 23 diputados de la legislatura que terminó con las elecciones del pasado 20 de diciembre. A partir de este mes, empezará a abonar esta cantidad a los parlamentarios que dejaron de serlo tras las generales del 26 de junio.

Los diputados que cesan definitivamente tienen derecho a esta indemnización por cese si han tenido escaño durante un mínimo de dos años. Esta retribución no puede compatibilizarse con ninguna otra pensión, dieta o sueldo, ya sea de carácter público o privado.  Es por ello que algunos ex diputados que la pidieron en diciembre dejaron de percibirla al encontrar trabajo, como fue el caso de los socialistas Trinidad Jiménez y Jesús Caldera y la popular Ana Mato.

Por su parte, los diputados que dejaron de serlo en mayo cuando se disolvieron las Cortes y no se integraron en la Diputación Permanente, pueden solicitar la conocida como “indemnización de transición” y cobrar el equivalente a dos meses de su sueldo.

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