Uno de los puntos que más ha llamado la atención del famoso acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos es el que no figura precisamente: el que debiera hacer referencia a la supresión de la reforma laboral emprendida por el PP. Y todo a pesar de que la Unión Europea, en sus recomendaciones para volver al objetivo de saneamiento de las cuentas públicas, señala que es urgente profundizar en dicha reforma laboral. Y cuando Bruselas habla de “profundización” hay que echarse a temblar. Nada bueno.
El Pacto de Investidura contiene muchos compromisos en materia social. Figura el fondo de capitalización para los trabajadores conocido como la “mochila austriaca”. Pero no se habla de despido cero como compensación a los empresarios por tener que efectuar aportaciones a esa nueva “hucha”. O habrá protesta empresarial por tenerse que rascar el bolsillo o es que, al margen del Pacto se han acordado “medidas compensatorias” como eso mismo: el abaratamiento total del despido.
En el apartado D, dedicado al empleo y la lucha contra la precariedad, el compromiso del nuevo gobierno, si es que llega, es reducir a tres las modalidades de contratación. El contrato indefinido, el contrato “para la formación” y un nuevo contrato “de protección creciente”. Este contrato sólo podrá celebrarse “cuando concurra una necesidad, temporalmente limitada, de mano de obra”. Tendrá una duración máxima de 2 años, prorrogable otros doce meses más. La indemnización por despido será “creciente”: 12 días para el primer año, 16 días para el segundo año, y 20 días para el tercero. “En caso de despido por causas económicas, técnicas, productivas, tecnológicas, de producción o despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la de ahora, es decir, veinte días”.
Está claro, pues, que las pretensiones de Ciudadanos, de implantar “el contrato único” no ha sido posible. Es más, los expertos laboralistas avisan de que apenas cambia el esquema de contratación a pesar de que aparentemente se reduce. El contrato de protección creciente no deja de ser otra cosa que el utilizado a finales del siglo pasado, en los ochenta y noventa, que se conoció como “Contrato para Fomento del Empleo” y que se tuvo que modificar porque su escandaloso abuso rompió todo principio de causalidad. Es decir, lo mismo que se dice ahora en el acuerdo: que sólo se debe utilizar para necesidades de mano de obra temporales. Precisamente esa excesiva temporalidad es lo que ha dado origen a las altas tasas de desempleo que ha tenido España, entre 1992 y 1995, y 2008-2016.
Tampoco se acomete el control del trabajo a tiempo parcial y las horas extraordinarias para evitar su abuso fraudulento de tal manera que el trabajador llegue a hacer jornadas completas por la mitad de sueldo, precisamente una de las causas del bajo poder adquisitivo de los sueldos en España, y de las bases de cotización a la Seguridad Social, con el consiguiente déficit de las pensiones.
Los acuerdos intentan poner en marcha mecanismos para complementar el bajo nivel salarial instaurado en España desde la reforma laboral. Pero no habla de las pretensiones iniciales de Ciudadanos de que a dichos complementos salariales se incorporen mayores cuotas a la Seguridad Social para garantizar el sistema público de pensiones. Sobre este asunto se habla en términos muy ambiguos de “asegurar su sostenibilidad y suficiencia”. Eso sí, parece ser que se anula la incompatibilidad, puesta en marcha en los últimos años, de percepción del cien por ciento de la pensión de jubilación, con la retribución de otro trabajo por cuenta propia o actividad profesional. Algo que había llegado a afectar, sobre todo, a trabajadores sujetos al cobro de la propiedad intelectual como guionistas, escritores y compositores a los cuales, encima, la Tesorería General de la Seguridad Social les había impuesto sanciones además de quitarles la pensión. Eso, parece ser que desaparecería si prospera la investidura de Rajoy.
Se han rebajado, y mucho, las pretensiones y concreciones iniciales. Se desconoce lo que puede llegar a pasar con estas propuestas que pueden acabar por ser interpretadas de todas las maneras posibles. Eso sí, se habla de “recuperación del diálogo social”. Algo que se había perdido con el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Los sindicatos deberán prepararse, de nuevo, ya que están muy desentrenados en materia de negociación con el Gobierno.
