El magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, propuesto por el Gobierno para sustituir a Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado, ha sido elegido, según fuentes próximas a Moncloa, para intentar acabar con las divisiones internas en el seno de la carrera, un reto que su antecesora no logró, y dar un impulso a los procesos judiciales abiertos en Catalunya contra los responsables de la consulta del 9N, además de mejorar las relaciones, muy deterioradas, con la abogacía del Estado.

Maza es considerado un “halcón” en el seno de la carrera judicial. Fue el autor de un voto particular contra la sentencia que absolvió al juez Baltasar Garzón, cuando procedió a la apertura de la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Posteriormente, Garzón sería inhabilitado por ordenar escuchas telefónicas en el Caso Gurtel. En dicho voto particular, el magistrado dijo que Garzón debía ser apartado de la carrera judicial “por prevaricación dolosa”, al intentar asumir unas competencias que “no le correspondían, al servicio de sus propias ideas subjetivas”

El Gobierno no ha querido dar explicaciones concretas sobre su nombramiento. En el ministerio de Justicia se comenta que Rafael Catalá era partidario de renovar a Consuelo Madrigal, pero que, tras una conversación con “el Presidente del Gobierno, se consideró que Maza es más idóneo para el cargo”. No obstante, todavía le queda pasar por el filtro del Congreso de los diputados. El CGPJ ha dado su visto bueno, tal como señala la Ley. Le considera “idóneo” para el cargo. Otra cosa bien diferente es lo que sucederá en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, con mayoría de la oposición.

Y si logra superar ese trámite, José Manuel Maza deberá hacer frente a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano de Gobierno del Ministerio Público compuesto por 27 miembros de todas las ideologías y tendencias. El conservador Alejandro Luzón, fue nombrado teniente fiscal de la secretaría técnica. Excelente profesional, su problema se deriva de las causas pendientes que quiere cerrar. Recientemente, el juicio del Caso Afinsa, y ahora mismo, en la vista oral por las tarjetas black de Cajamadrid. Y todavía le queda alguna causa pendiente, entre otras el Caso Fórum. Ha intentado pasar a algunos compañeros todos estos asuntos para poder centrarse en la secretaría técnica pero no ha encontrado respuesta positiva por parte de ellos.

Su inmediato subordinado es el jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, pendiente de una reunión del Consejo Fiscal en la cual cesará a petición propia. Paradójicamente, podría ser sustituido por un compañero con el que ha mantenido diferencias. Javier Zaragoza dejaría, de esta manera, la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para ocuparse de la unidad con la que, hasta ahora, ha sostenido una fuerte competencia. Salinas y Zaragoza se han disputado las grandes causas en materia de anticorrupción. El resultado ha sido favorable al primero que, desde que sustituyó a Jiménez Villarejo, ha logrado mantener la unidad en su departamento que no ha hecho más que crecer durante la etapa en la que ha estado al frente. El protagonismo obtenido ha sido paralelo a la pérdida de influencia mediática en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. José Manuel Maza deberá recomponer ambos organismos en un momento álgido en lo que a las causas anticorrupción se refiere. Sobre todo las que salpican a miembros del Partido Popular.

Luego están los fiscales de sala del Supremo, Luis Navajas, José María Paz Rubio, Antolín Herrero, Pilar Fernández Valcarce, y Pilar Barrero. Las diferencias entre las dos asociaciones fiscales que dominan la carrera, la Unión Progresista de Fiscales y la conservadora Asociación de Fiscales, se han trasladado, a este colectivo. Alguno de ellos, incluso, llegó a estar enfrentado con sus superiores. El más conocido fue el de José María Rubio con Jesús Cardenal, fiscal general del Estado en la época de Aznar. Un enfrentamiento que le costó el traslado de la sala de lo penal a la civil del Supremo.

Pero también los hay muy útiles para las pretensiones judiciales en torno a Catalunya. Antolín Herrero conoce muy bien la Fiscalía de Barcelona donde algunos miembros se han opuesto al procesamiento de los dirigentes independentistas partidarios de la desobediencia a las órdenes del Tribunal Constitucional. Otro tanto de lo mismo ocurre con Juan Ignacio Campos. El problema es que este fiscal de sala de lo penal del Supremo es de signo progresista. Pertenece a la UPF lo que puede significar un problema a la hora de hacer frente al “problema catalán”, según dicen fuentes judiciales.

En el Consejo Fiscal también están los jefes de las unidades del Constitucional, Antidroga, Seguridad Vial, Menores, Violencia de Genero, Extranjería, Siniestralidad laboral, Militar y Relaciones Internacionales.

Y personajes controvertidos como es Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional en los noventa, la época llamada “de los fiscales indomables” en el seno de esta instancia judicial. Muchos de esos fiscales, a raíz de las diferencias surgidas en su seno, acabaron por abandonar la carrera pasándose al sector privado. Fungairiño aguantó pero siempre le ha quedado ese estigma de haber consentido una de las etapas más negras de la institución en la que a algún juez, como Gómez de Liaño, le costó el puesto condenado por prevaricación. Su esposa, Dolores Márquez de Prado ya no está allí. Tampoco Ignacio Gordillo y Jesús Santos. Todos ellos formaban parte de ese grupo de triste recuerdo, “los indomables”.

 

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