Ya han transcurridos cuatro meses desde que en las elecciones del 20-D viviéramos una plaga sin precedentes de propósitos de enmienda en la mal praxis política y de promesas regeneracionistas, gracias a la debacle del bipartidismo y a la emergencia de fuerzas políticas de nuevo cuño como Podemos y Ciudadanos. Pero el caso es que de aquellas intenciones buenas y refrescantes ya queda bien poco, siendo de temer que en la campaña de los comicios a punto de convocarse para el próximo 26 de junio se vuelva al tradicional ‘más de lo mismo’, sin otro interés que el de seguir embaucando a electores ingenuos en la simple batalla del ‘quítate tú para ponerme yo’.

Este entretiempo electoral así la indica. Y una de las cuestiones pendientes en este juego de falsas promesas y reformas políticas, es la constancia de las mamandurrias y puertas giratorias del sistema que convierten lo que debiera ser un modelo ‘vocacional’ y de servicio al Estado, dignificado al máximo, en otro meramente ‘ocupacional’ y de servirse del Estado. Y con una plétora de empleos políticos que en la pasada legislatura nos mantenían a la cabeza de la Unión Europea (400.000 o uno por cada 115 electores)…

Lo razonable es que los representantes políticos emanados de las urnas, fueran bien valorados por los mismos votantes que les han elegido, pero no es así. Bien al contrario, y salvando honrosas excepciones, está claro que la política es una de las profesiones peor consideradas por la ciudadanía; porque a eso, a ‘profesión desprestigiada’, es a lo que la han conducido demasiados de sus ejercientes, entre otros los ex altos cargos agarrados a las puertas giratorias como recadistas de empresa y los cargos electos convertidos en chupa-jornales de las instituciones públicas y/o empleadores de amiguetes sin mayor oficio ni beneficio.

la política es una de las profesiones peor consideradas por la ciudadanía

No hay que devanarse los sesos para concluir que en esa baja estima social confluyen varias apreciaciones. La primera de todas son los actos delictivos perpetrados por la clase política, sobre todo en el ámbito de la corrupción urbanística, en la gestión de los presupuestos públicos y en la evasión fiscal, que vemos destacados en los medios informativos cada dos por tres. Y de forma en efecto indiscriminada, afectando más o menos a todos los partidos.

Otras veces, esta misma inmoralidad política se descara en la adjudicación de los contratos de obras y servicios públicos. Y, de forma todavía más evidente, en la designación de cargos de confianza, que, según el caso, pueden limitarse a un ‘pesebre’ de andar por casa o llegar al asalto de una empresa pública para facilitar negocios millonarios a compinches y correligionarios, pasando por el descarado nepotismo del favor familiar… De todo ello también suele darse puntual y abundante noticia.

Pero, junto a esta percepción general, fácil de acompañar con todo lujo de detalles, también conviene llamar la atención sobre otro tipo de excesos políticos, quizás menos indecorosos pero igual de reprobables, vinculados en efecto al pluriempleo de los parlamentarios electos. Práctica asentada en el auténtico trágala electoral que suponen las listas cerradas de los candidatos elegibles, muñidas e impuestas por el aparato de los partidos, realimentando sin cesar la inmoralidad política subyacente.

Cierto es que en algunos cargos electos, como los municipales, el doblete ocupacional se podría justificar en órganos de representación política afines o conexos (como las diputaciones provinciales o cabildos insulares), por razones competenciales, aunque sus funciones debieran recaer en las comunidades autónomas (se crearon para esa política de proximidad). De hecho, la elección de los diputados provinciales se extrae exclusivamente de los concejales electos, a los que, en definitiva, sirve la Diputación correspondiente. Una dependencia de intereses muy similar a la que mantienen los municipios insulares con el Cabildo de referencia, aunque poco convincentes para el electorado sobre todo si se plantean como pluriempleo retribuido.

Y bastante menos justificada es la compatibilidad de la presidencia de un ayuntamiento importante, o de un cabildo insular, con la actividad legislativa nacional propia de senadores y diputados, funcionalmente tan alejada de su quehacer cotidiano. Algo de difícil comprensión, sobre todo por la necesaria atención presencial, salvo que el político pluriempleado fuera un auténtico ‘Superman’ o un impensable genio de la ubicuidad.

Dicha compatibilidad, legalmente admitida pero poco ética, conlleva, en todo caso, una condición de difícil cumplimiento para el común de los mortales, tasada con rotundidad en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Su artículo 157.1 establece de forma rotunda que el mandato de diputados y senadores se ejercerá, literalmente, “en régimen de dedicación absoluta”.

Dispuestos a la pedagogía, conviene recordar también que justo esa condición de ‘dedicación absoluta’ se invoca de forma tan reiterada como inútil en todos los dictámenes emitidos por la Comisión del Estatuto de los Diputados para que la Cámara autorice sus compatibilidades. La fórmula que las da el visto bueno, siempre incluye la misma coletilla, admonitoria pero incumplida de raíz en las situaciones que comentamos: “(…) y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG”.

La realidad de tal pluriempleo, no tiene, pues, en el mejor de los casos, otra justificación que el oportunismo de promocionarse al amparo de la notoriedad que ofrece la política nacional, asumiendo competencias a priori de imposible atención y a costa del buen ejercicio de la otra ocupación paralela, a la que el político electo está plenamente obligado en el auténtico servicio público.

Y esto es mucho más evidente cuando el senador o diputado pluriempleado pertenece a una formación política minoritaria, cuya reducida representación impide, obviamente, su presencia física en la treintena larga de comisiones establecidas en cada una de las Cámaras. En la política española hubo y hay pluriempleados para dar y tomar: ponga el lector avezado nombres al caso y, si comparte lo leído, medite bien su voto y a quien va a poner en nómina.

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