La rebelión de los inspectores del Banco de España y las recientes imputaciones en el caso Bankia del ex gobernador y subgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y Fernando Restoy respectivamente, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, han puesto de manifiesto la debilidad en que se encuentran los reguladores de los mercados financieros y de valores. Si a eso sumamos la crisis permanente en que vive la CNMC, se puede concluir que estamos pasando por un momento muy difícil en el que la falta de controles de los mercados puede acabar por generar abusos que acabaremos por pagar todos los ciudadanos. El modelo de supervisión no es que esté en entredicho, es que está prácticamente hundido.
El auto de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que revoca la decisión del instructor, Fernando Andreu, lo deja bien claro. “autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo”, dice la resolución judicial. Al final, los jueces han dado la razón a los inspectores que avisaron de lo que se avecinaba. Pero nadie hizo caso de tales avisos. Bankia tenía un monumental agujero y, aun así, las autoridades permitieron la operación de venta de acciones en bolsa. La consecuencia fue la pérdida patrimonial que sufrieron numerosos inversores.
Ahora, la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional ordena la imputación de los máximos dirigentes del Banco y de los tres responsables de supervisión de aquella época que, hasta este lunes, han seguido ejerciendo sus funciones: el director general de Supervisión, Mariano Herrera Díaz-Canturri, el director general adjunto, Pedro Comín, y el director del cuarto departamento de inspección, Pedro González. A estos tres, la comisión ejecutiva reunida este martes les aceptó su dimisión. De esta manera se consumaba la crisis. El Banco de España se quedaba “tocado y prácticamente hundido”
Hace unos días, Diario 16 informó de que el Banco de España autorizó a las cajas de ahorro a cargar contra reservas, y no contra la cuenta de resultados, los deterioros detectados en el ejercicio de 2010, lo que significó consumir casi el 51% del patrimonio conjunto de las Cajas fusionadas contabilizado hasta 2009, equivalente a la friolera de 15.046 millones. Al parecer fue el director financiero y de riesgos de Cajamadrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, el que propuso a Fernández Ordóñez semejante “arreglo” contable. MAFO parece ser que dio su visto bueno al mismo. El juez Andreu ha pedido copia del acta de la reunión de la comisión ejecutiva del B. de E. donde se dio el visto bueno a este artificio que supuso la grave descapitalización de las cajas.
Mientras tanto, en el caserón de la plaza de Cibeles, el actual gobernador, Luis María Linde, parece estar dispuesto a proteger a su antecesor en el cargo y aplaza, lo más posible, todas las peticiones judiciales que le llegan. El prestigio de la autoridad monetaria está en juego. Y más en un momento en el que las entidades financieras están pendientes de la visita de los inspectores.
Pero el miedo a esas inspecciones ya no es el de antes. El que había a finales del siglo pasado, en los años noventa, que provocó situaciones como la de Banesto que, al final, tuvo que ser intervenido.
Además, los inspectores se encuentran en franca rebelión. La gota de agua que ha rebosado el vaso de su paciencia tiene que ver con el informe que emitieron sobre la venta de Torre Foster por parte de Bankia en la que han apreciado indicios de blanqueo de capitales. Acusan al equipo de Luis María Linde de haberlo filtrado lo que podría constituir una presunta violación de las normas internas. Sobre todo porque la filtración supuso poner sobre aviso a los investigados, justo antes de que se cerrara el correspondiente informe.
Unos días antes de que la asamblea de la Asociación de Inspectores decidiera iniciar acciones legales por este asunto, se había conocido que el Banco de España cambió la normativa contable tan sólo meses antes de que estallara la crisis económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers. Ello permitió a Bankia poder sacar de sus cuentas varios miles de préstamos de dudoso cobro, lo que redujo la necesidad de provisiones que establece la normativa vigente.
Demasiados errores. Demasiadas “presuntas irregularidades” en la vigilancia de un sector que requiere un riguroso control por las consecuencias que, para la economía, puede suponer la generación de problemas en el mismo.
Los expertos creen que todo ello se está produciendo por una consecuencia de tipo ideológico. “El PP desea desregular lo más posible los mercados. Sus economistas, ultraliberales a tope, se niegan a que se ejerza un estricto control que va contra la naturaleza de lo que ellos predican”.
Además, una supervisión bancaria europea, tal y como pretenden en la Unión Monetaria, bien a través del Banco Central Europeo o bien a través de la Autoridad Bancaria Europea, vaciaría de competencias al Banco de España. Incluso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La regulación pasaría a ser supranacional. Pero de esto se fían poco los ciudadanos y los economistas más proclives al mantenimiento de los controles.
