¿Qué empresas externalizan su producción en talleres dentro de las cárceles españolas? ¿Qué productos fabrican los reclusos? ¿Cuánto perciben por su trabajo? ¿Tienen derecho a sindicarse? Todas estas preguntas han sido planteadas por este periódico a diversas instituciones, políticos y expertos en el mundo penitenciario, sin que hayamos logrado hasta el momento obtener una respuesta clara.

El trabajo en las cárceles está regulado por la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), dependiente de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Interior. En Cataluña, al transferirse estas competencias en 1989, el responsable es el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). En las páginas web tanto del TPFE (AQUÍ) como del CIRE (AQUÍ) aparecen convenios genéricos de colaboración con diversas entidades, pero no se detalla qué empresas y en qué centros se emplea a población reclusa.

En el año 2015, el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto denunció en el Congreso, a través de un texto firmado por IU, ICV-EUiA y CHA, la actividad de dos empresas: la multinacional de piezas para autolavados de vehículos Istobal y la multinacional alemana Merak.

Istobal llegó a tener a 14 internos de la prisión valenciana de Picassent cobrando tres euros por hora, con el pago de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Administración. La externalización a Picassent se produjo después de ejecutar un ERE que afectó a 27 trabajadores y haber despedido a otros 53 dos años antes.

Merak, por su parte, empleaba reclusos de Ocaña I y II (Toledo) en el ensamblaje de aparatos de aire acondicionado para trenes, a pesar de que dicha empresa despidió en 2009 a 73 de sus 450 trabajadores en España.

Sixto logró que el Congreso aprobara una iniciativa parlamentaria para que los presos no trabajen en las cárceles para empresas que hayan ejecutado despidos o presentado expedientes de regulación de empleo (ERE). Al ser preguntado por este periódico sobre el control que se está realizando sobre esta iniciativa, declaró que trasladaría próximamente la pregunta al Gobierno.

Aunque lo hemos intentado por distintas vías, en estos momentos no hay manera de comprobar si las empresas que emplean a población reclusa están realizando o no EREs o si están externalizando toda su producción a las cárceles, ya que no hay listados públicos que poder consultar.

En Cataluña la situación es algo diferente, aunque no gracias a la Generalitat. El CIRE, al igual que el TPFE, tampoco proporciona los nombres de las empresas que emplean a reclusos, pero algunas de ellas han decidido hacer esta información pública como política de empresa. Es el caso de la ferrioviaria ALTE Transportations, que desde hace años emplea a reclusos de los talleres del CIRE de Raïmat (AQUÍ); la marca de moda reciclada Vaho, que fabrica sus productos en Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona (AQUÍ); y más recientemente, Caganer.com que fabrica en el Puig de les Basses (AQUÍ).

Un artículo de investigación de la revista asturiana Atlántica XXII (AQUÍ) destapó en 2014 las empresas que, según su investigación se beneficiarían del trabajo dentro de las cárceles. En el artículo se citaba a El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, además de algunos Ayuntamientos. Hay que resaltar que, a diferencia de las empresas, los Ayuntamientos sí que hacen públicos sus convenios tanto con TPFE (AQUÍ) y el CIRE (AQUÍ).

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