Después de siete años desde que se destapara el famoso caso Gürtel, cuando el Partido Popular reclamaba que “todo el peso de la justicia cayera sobre los culpables” al tiempo que exigía “celeridad” a la justicia, y ahora que ha comenzado la vista oral del primero de los juicios, los populares –sentados en el banquillo de los acusados también– se han alineado con las defensas que piden la nulidad de todo el caso Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está en calidad de partícipe a título lucrativo, ante lo que consideran una “plena indefensión” creada por la falta de “concreción” de los hechos por los que se le acusa de lucrarse de la trama en Pozuelo y Majadahonda.

El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha defendido que no es el partido al que la Fiscalía y las acusaciones debían reclamar la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda.

Santos ha lamentado así la “equívoca e inadecuada” designación del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una condición que le ha llevado a estar sentado en la última fila y el último lugar del banquillo que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso.

Ha querido destacar además “lo significativo a las magnitudes mediáticas” que tiene “llamar al PP” en este proceso. Ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el partido, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio que no llega a los 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.

El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión “grabadas de forma ilegal y delictiva” que autorizó el exjuez Baltasar Garzón y que le llevaron a ser condenado.

Ha destacado que en esa sentencia el Supremo ya dijo que ese fue “uno de los atentados más graves al Estado de Derecho en su vertiente del derecho de defensa que recuerda a los estados totalitarios”.

Pese a esa sentencia, que provocó expulsar de ese procedimiento la transcripción de las conversaciones, Santos ha observado que esa información ha sido utilizada por la UDEF, la Fiscalía y el propio juez instructor.

Por ello, considera que ahora la Sala deberá resolver en qué manera eso ha podio afectar “al devenir de los posteriores actos de investigación” y “de qué manera pueden tener un efecto contaminante en el desarrollo de la posterior investigación”.

De ser aceptadas estas cuestiones por el tribunal, que ya ha anunciado que las resolverá la próxima semana, toda la investigación que parte de esas grabaciones quedaría invalidada y el juicio no podría celebrarse.

Por contra, la defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato, encausada también como partícipe a título lucrativo por los regalos de la Gürtel a su exmarido Jesús Sepúlveda cuando era el alcalde de Pozuelo, ha declinado presentar cuestiones previas y se ha limitado a aclarar que la incomparecencia de su cliente en el banquillo está amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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