Tanto el militar de La Manada como el guardia civil, condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales, vuelven a cobrar sus sueldos respectivos y a recuperar su condición de “activos para el servicio hasta que la sentencia sea firme, informan fuentes de Defensa y de la Guardia Civil.

El integrante de La Manada Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 y con antecedentes penales por los delitos de lesiones, riña tumultuaria y desorden público, ya es desde este martes un militar en activo a la espera de que se le designe destino, después de que el Boletín Oficial de Defensa haya publicado el levantamiento oficial de la suspensión de su cargo, ejecutada hace seis meses. Pese a ello, el Ministerio de Defensa vetará legalmente el reingreso del militar en el Ejército aunque no podrá evitar que cobre el sueldo que por su empleo y antigüedad le corresponde. El complemento de destino queda en suspenso hasta que no haya una sentencia firme del Tribunal Supremo.

La suspensión de un militar es una medida “cautelar” que solo puede prolongarse seis meses

“Queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla”. Con este anuncio publicado en el BOD, el condenado por abusos sexuales y en libertad provisional desde el pasado 22 de junio tras pasar casi dos años en prisión preventiva vuelve a estar activo en teoría para el estamento militar, aunque el Ministerio de Defensa activará el artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, que indica que “en el supuesto de cese de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”.

El Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado en 2015, establece que el periodo máximo de suspensión de funciones “será de seis meses o el de la duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses”.

El guardia civil solo podrá ser separado del servicio con sentencia firme y una suspensión máxima de empleo de seis años

También dictamina que “en el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el Ministerio de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme”.

Por su parte, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que está a la espera de que la Audiencia de Navarra se pronuncie sobre la petición de reingreso en prisión provisional tras intentar sacarse el pasaporte en su ciudad de residencia, Sevilla, a los tres días de obtener la libertad provisional, también cobra su sueldo base, al tener una condición administrativa similar a su amigo soldado.

El guardia civil tiene abierto un expediente disciplinario tras ser condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en San Fermín de 2016. También fue condenado por hurto del móvil de la joven víctima de los abusos sexuales, que se saldó con una pena de dos meses de multa a 15 euros diarios.

Hasta que la sentencia no sea firme, el agente de la Guardia Civil podrá ser sancionado por una falta muy grave, que conlleva la separación del servicio y la suspensión de empleo entre tres meses y seis años o la pérdida de puestos en el escalafón.

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