En un auto, en el que deniega la libertad provisional al ex presidente de Ausbanc, Luis Pineda, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido consultar a las partes personadas si prorroga hasta los 18 meses la instrucción de la Causa. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción deberá cerrarse en un plazo de seis meses “salvo que sea declarada compleja”, dice el artículo 324 de dicha ley. Si se cuenta que, hasta el 18 de mayo, el sumario permaneció secreto, éste debería convertirse en procedimiento abreviado el 17 de este mes. El fiscal ha pedido al juez que se declare el sumario “complejo” para prorrogar las investigaciones.

Santiago Pedraz ha dado de plazo cinco días a las partes personadas para que se pronuncien en torno a esta calificación. Según fuentes jurídicas, “todavía quedan algunos flecos por resolver aunque la instrucción se encuentra en fase muy avanzada”.

Es de suponer que en el momento en que se concluyan estas diligencias previas, Santiago Pedraz deberá pronunciarse sobre si Miguel Bernard y Luis Pineda, los únicos investigados que permanecen en prisión, quedan en libertad provisional a la espera de juicio. De momento, a Luis Pineda le ha denegado la libertad por segunda vez, en este mismo auto, manifestando “que no han variado las condiciones que justificaron su ingreso en prisión”.

Es la segunda vez que Pedraz rechaza la petición del presidente de Ausbanc. La primera fue ratificada por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En su auto, el instructor dice que “procede mantener la prisión provisional decretada por las mismas razones ya expuestas en la resolución que se acordó, sin que, por tanto, hayan variado las circunstancias que aconsejaron decretar la prisión provisional, al no constar hecho o circunstancia nueva alguna, sino el mero transcurso del tiempo”. Las razones expuestas en el auto de prisión es la presunta comisión por parte de Pineda de delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de subvenciones.

En canto a la petición de declarar la causa “compleja”, el fiscal señala en su escrito que en ella se investigan “una pluralidad de hechos de extorsión, estafa, amenazas, administración desleal, fraude de subvenciones, todos ellos cometidos en el seno de una organización criminal, para cuya investigación ha sido necesario el examen de abundante documentación, tanto incautada como la solicitada a las administraciones públicas, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas” por lo que concurren las exigencias recogidas en la nueva ley.

La misma limita los periodos de instrucción de una causa a seis meses salvo en investigaciones “de extrema complejidad”. La reforma de la Lecrim se llevó a cabo para agilizar la justicia. Aún así, el límite se antoja muy corto en casos como éste donde todavía hay que esclarecer una serie de circunstancias. Entre otras las posibles conexiones de los imputados con una red exterior.

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