El Juzgado de Instrucción Nº39 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la familia Mejías contra el representante legal de FIDERE, Miguel Oñate.  El magistrado entiende que los hechos narrados en la querella “hacen presumir la posible existencia del delito de coacciones”.

El pasado 6 de octubre, la familia Mejías debía “poner a disposición el inmueble, en el mismo estado en que se les hizo entrega”. Lo ordenaba Fidere Vivienda Sociedad Limitada Unipersonal, que en el mismo burofax “ponía en su conocimiento” su “voluntad de no prorrogar el citado contrato de arrendamiento”. Lo firmaba Miguel Oñate Rino. La familia Mejías es la única de un total de 33 a la que no se ha renovado el contrato. Nadie pasa por alto que Arantxa Mejías Cano preside la asociación de afectados por la venta de vivienda pública de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMVS) y ha sido la voz de la denuncia contra la venta de vivienda pública al fondo buitre Blackstone por parte del consistorio de Ana Botella.

El abogado de la familia Mejías, Benítez de Lugo explicó, entonces que la querella contra Fidere se presentaba por discriminación y coacciones. Esta acción está amparada por el artículo 172 del Código Penal, que contempla el delito de acoso ilegítimo. “Se impele a los Mejías a hacer lo que no quieren, con el agravante de coacción que no respeta el derecho a la vivienda. Aquí entra en juego lo legal y lo legítimo. Entendemos que no basta la legalidad si no hay una razón moral” afirmó. Cree Benítez de Lugo que “existen nuevas pruebas e indicios que así lo justifican”: el informe de la Cámara de Cuentas demostrará la ilegalidad de la venta por parte del ayuntamiento presidido por Ana Botella, así como las conclusiones demoledoras de la comisión de investigación.

Casi 2.000 familias se han visto afectadas por la venta de vivienda social que hizo la EMVS a fondos buitre durante el gobierno de Ana Botella.  El Tribunal de Cuentas ha dado los primeros pasos para investigar aquella operación y ha abierto diligencias preliminares.  El fiscal cree que “la deficiente gestión” y las “irregularidades” cometidas permiten plantear una demanda para resarcir los daños causados tras un quebranto económico de 2’3 millones.

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