“Esto se acabó y ya no se pasa por ninguna”. Pocos días después de que prometiera por enésima vez que hasta aquí había llegado con los incontables casos de corrupción que acechan al partido y a muchos de sus dirigentes, Mariano Rajoy ha decidido blindar a la ex alcaldesa de Valencia y actual senadora popular, Rita Barberá.

Para ello, la ha incluido en la Diputación Permanente de la Cámara Alta. De este modo, en caso de disolverse de nuevo las Cortes para unas nuevas elecciones, Rita Barberá no perdería su condición de aforada en ningún momento, aunque hasta hoy la senadora no ha sido acusada de nada, argumentan en el PP, mientras toda la plana mayor del PP valenciano está desfilando por los juzgados acusada de varios delitos relacionados con la corrupción. No es una práctica exclusiva de los populares. También el PSOE ha echado mano de este hábito de premiar a dirigentes enfilados por la justicia.

La ex alcaldesa valenciana pasa ahora a formar parte como suplente de este órgano del Senado, que es el que se encarga de dar continuidad al Parlamento entre periodos de sesiones y entre legislaturas. Está compuesto por 35 miembros. Todos ellos conservan la condición de senadores aun después de expirado su mandato o disuelta la Cámara.

Esta misma vía que ha utilizado ahora el PP para proteger a Barberá ante la justicia es la misma que el PSOE utilizó cuando, hace precisamente un año, los socialistas andaluces ‘blindaron’ a varios ‘preimputados’ en el caso de los ERE fraudulentos entre críticas de PP e Izquierda Unida.

La Cámara andaluza aprobó en enero de 2015 incorporar a la Diputación Permanente a los diputados socialistas y exconsejeros autonómicos Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. Esta vía la utilizó el PSOE andaluz para lograr que continuaran siendo aforados todos ellos una vez adelantadas las elecciones andaluzas por Susana Díaz al pasado 22 de marzo.

En este caso concreto, se dio también la circunstancia de que un cuarto diputado ‘preimputado’ en el caso de los ERE, Manuel Recio, formaba ya parte de la Diputación Permanente, con el cargo de vocal suplente.

Algo similar es lo ocurrido con Barberá en el Senado. Aunque el PP la ha dejado finalmente sin la presidencia de ninguna comisión, pese a que estaba previsto hasta justo antes de que estallara el escándalo de la operación Taula con prácticamente todo el PP valenciano implicado en la trama. Barberá fue premiada en la pasada legislatura con la presidencia de la Comisión Constitucional del Senado, una vez abandonadas sus responsabilidades municipales tras perder la alcaldía en mayo pasado.

Aun así, Barberá ocupará escaño como vocal en dos comisiones, precisamente la Constitucional y también en la de Economía, además de tener su plaza asegurada en la Diputación Permanente. Todos estos órganos se constituyeron ayer con la ausencia de Barberá en los mismos.

Al día siguiente, en declaraciones a La Razón, la senadora popular sale por la tangente ante las explicaciones que cada vez con más insistencia le reclaman sus propios compañeros de partido. No ha acudido a la sesión del Senado y se mantiene recluida en su domicilio de Valencia porque sigue “sin entender nada de lo que está sucediendo respecto a mi persona y a la espera de que se produzca una clarificación de la situación actual”. “En estas condiciones es más prudente no estar presente”, excusa Barberá su ausencia de la Cámara alta.

La ex regidora valenciana dice desconocer por qué se encuentra “como protagonista de la actualidad sin estar investigada ni imputada ni procesada y sin tener nada que ver con todo lo relativo a Imelsa ni a los movimientos en torno al grupo municipal de Valencia”. Y remarca que no sabe de qué debe dar estas explicaciones que le piden insistentemente muchos de sus compañeros de filas.

El caso Imelsa investiga una supuesta trama corrupta de cobro de comisiones en la empresa pública de la Diputación de Valencia del mismo nombre, que a su vez a derivado en una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.

Otro premio reciente del PP a una dirigente ha sido el otorgado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que ha nombrado a la ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, citada por el Tribunal Supremo como investigada en relación con la trama andaluza del caso Gürtel, portavoz adjunta en Igualdad y vicepresidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

El PP asegura, a través de un comunicado, que estos nombramientos “respaldan la magnífica labor” de García-Pelayo como alcaldesa de Jerez, y recuerda que durante su mandato al frente del consistorio jerezano se ejecutaron iniciativas “tan novedosas” como el Observatorio de la Violencia de Género o la puesta en marcha del I Plan Local contra la Violencia de Género 2013-2015.

Además, los populares subrayan que la ex alcaldesa de Jerez –dos anteriores regidores del municipio andaluz, uno del Partido Andalucista, Pedro Pachecho, y otra ex alcaldesa del PSOE, Pilar Sánchez, se encuentran actualmente en prisión– “marcó la diferencia” con otros ayuntamientos en política social, siendo el jerezano el segundo consistorio de España en poner en servicio una Oficina de Intermediación Hipotecaria con el objetivo de “evitar desahucios”.

Además del anterior ‘premio’ por su labor al frente del consistorio de Jerez, el PP ha nombrado también a García-Pelayo vocal del PP en la Comisión de Interior, “dando así un paso a la política nacional ya que las materias de esta comisión son de ámbito estatal”, apunta el comunicado del partido.

El PP de Jerez, que “se congratula por estos nombramientos, que vienen a significar el respaldo y reconocimiento” del partido “al buen trabajo” desarrollado por García-Pelayo en el Ayuntamiento, obvia que la ex regidora y ahora diputada tendrá que comparecer el próximo 22 de febrero ante el Tribunal Supremo por la supuesta contratación irregular de servicios a empresas vinculadas a la trama Gürtel en Andalucía.

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