Sánchez Ventura, Antonio Barrera, Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio, Carlos Rey, Jesús González, Antonio Troncoso, Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio González Pacheco «Billy el niño», Jesús Muñecas Aguilar y hasta 19 implicados, acusados de la comisión de crímenes contra la humanidad. El Gobierno se niega a perseguir los crímenes del franquismo, por lo que se ha convertido en protector y cómplice.

Conocimos como que el Ministerio de Justicia había enviado a diferentes juzgados territoriales, el exhorto de la jueza argentina que pedía interrogar a los acusados por crímenes contra la humanidad. Los tribunales deberían citar a los investigados en octubre (antes implicados), para «declaración indagatoria» en presencia de la jueza argentina María Servini. Los investigados comparecerían por primera vez ante un tribunal por delitos de homicidio, torturas y robos de bebés. Pero todo ha sido una nube. La Fiscalía ha torpedeado las declaraciones de los cargos franquistas y de sus víctimas.

El Gobierno se niega a perseguir los crímenes del franquismo, por lo que se ha convertido en protector y cómplice

La jueza Servini había ordenado que los ex altos cargos franquistas declararan para determinar si los crímenes cometidos pueden considerarse de lesa humanidad. La primera suspensión se produjo cuando el ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias, que declaraba como víctima, no pudo contar al juez su testimonio. La Fiscalía española aduce indeterminación del proceso. IU consideró como «muy grave» la actuación del ministerio público y denunció su vinculación con el poder político. La Fiscalía General del Estado ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles. A la Justicia todavía no se la ha permitido determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad. Estoy seguro que llegará el momento.

No se puede seguir utilizando la Transición para frenar cualquier crítica, reformas o querellas contra el franquismo y sus crímenes cometidos. Ana Messuti, abogada de la querella argentina, repasa el proceso judicial abierto en Buenos Aires contra la dictadura y carga contra los obstáculos de la justicia y la Administración española. «Parece que para el Estado no existiesen ni las Naciones Unidas ni los derechos humanos universales», dice y dice bien; «Hay que abrir una rendija en el muro de la impunidad». La Fiscalía española advierte a la jueza Servini de que no puede cuestionar la transición española, que por unas o por otras cosas, se está convirtiendo en el sancta sanctorum de los despropósitos, complicidades, ocultaciones, negaciones y misterios de la Transición, que afectan hoy al desarrollo y salud de la democracia, cuarenta años después.

Los implicados e investigados por los crímenes franquista, protegidos por España, como el ex ministro franquista Utrera Molina, no se amedrenta y hace apología del franquismo defendiendo «una España grande y limpia» y carga contra la ley de Memoria Histórica. Recuerda que España no se resignó a ser pisoteada por el comunismo en 1936. El Gobierno no solo protege a estos personajes, presuntos criminales, sino que lo hace por defender una cruenta dictadura –de la que los Genoveses se sienten herederos–, en la que la represión fue su bandera y el sufrimiento humano su alimento

La Justicia investiga los crímenes –no la española, la argentina–; la española no está en esto ni se la espera. Recuerdo los dos ajusticiamientos a garrote vil, cinco fusilados ante pelotones voluntarios de la muerte y cinco muertos por defender sus derechos laborales, tiroteados por una policía conformada por secuaces al servicio del fascismo de la época. Doce muertos heroicos, asesinatos inmisericordes, por el régimen franquista, que hoy, el gobierno español encubre, protege a sus responsables y se convierte en su cómplice.

La jueza argentina María Servini, está siguiendo un procedimiento contra distintos dirigentes franquistas, que estuvieron implicados en acontecimientos, que pudieran estar considerados como crímenes de lesa humanidad. En concreto se les relaciona con la sentencia de muerte y posterior ejecución de Salvador Puig Antich en 1974; con los cinco últimos fusilamientos del régimen de Franco en 1975; y con la represión, en una concentración en Vitoria en 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores.

Siete ex ministros, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado figuran en la lista de «buscados» por la Organización Internacional de Policía Criminal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual. Se les acusa de colaboradores necesarios de asesinato premeditado, torturas y sustracción de menores. Perseguidos por la Justicia de Argentina, el gobierno de España protege, convirtiéndose en cómplice de crímenes que no prescriben, al haberse cometido contra los Derechos Humanos.

Por la Ley de Amnistía, del 15 de octubre de 1977, quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de junio de 1977. Esta ley señala que, en todo caso, están comprendidos en la amnistía: los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos; la objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos; los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación; los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley; y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

La Ley de Amnistía se ha convertido en el parapeto perfecto de los franquistas para evitar que la Justicia haga su trabajo

La Ley de Amnistía se ha convertido en el parapeto perfecto de los franquistas para evitar que la Justicia haga su trabajo. No hay que olvidar que AP, PSOE y CiU se pusieron de acuerdo para tumbar una propuesta de reforma que abría la puerta a la investigación judicial del franquismo en los tribunales españoles, conociendo que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no prescriben nunca y no pueden ser cubiertos por una ley de punto final; porque la Ley del 77 contradice tratados internacionales firmados por España; porque primero hay que investigar, establecer pena y después aplicar la amnistía; por el propio espíritu de la ley, que no se aprobó para amnistiar a los franquistas.

Tendrían que haber aparecido expresamente, de entre los delitos que se amnistiaban, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzosas, las ejecuciones clandestinas, los enterramientos ilegales en las cunetas o las torturas hasta la muerte. No se atrevieron con tanto detalle, y lo que no se dice no queda dicho. Las leyes internacionales los consideran imprescriptibles. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado al gobierno de España, la derogación de la ley de Amnistía, al considerarla incompatible con el Derecho Internacional.

Ahora, la jueza argentina María Sevini ha visto cómo la Fiscalía se opuso desde el minuto cero a la extradición de cargos franquistas o cómo se ha dado la orden de no tomar declaración en juzgados españoles. La causa se abrió hace 6 años con las denuncias de víctimas y familiares tras quedar cerradas las vías de investigar en España, algo que intentó el juez Garzón. Rajoy incluso se negó a que se detuviera a exministros franquistas como ordenó la justicia argentina, alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes.

El bloqueo de España a la querella argentina es firme. Alega la prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de Amnistía del 77. Con su actitud, el Gobierno del Partido Popular no solo protege a los presuntos criminales, sino que lo hace por defender la dictadura cruenta del general Franco, que utilizó la represión política como su modus operandi y el sufrimiento humano como su alimento. El PP es su heredero.

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