El pasado mes de diciembre la Corte de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo que reconocía que el territorio del Sáhara Occidental no pertenece al Reino de Marruecos y que, por tanto, sus productos no pueden beneficiarse de las ventajas comerciales que tienen los marroquíes según los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Marruecos.

Han pasado tres meses desde esa resolución y ha sido a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Jorge Luis Bail por la que el Gobierno afirma que «se informa que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016, sólo establece que los beneficios comerciales previstos en los Acuerdos Euromediterráneos entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no son aplicables en relación con el territorio del Sahara Occidental, ya que éste no forma parte del territorio del Reino de Marruecos a los efectos de la interpretación de los mismos».

Este reconocimiento de España a que la ex colonia no pertenece a Marruecos y la propia sentencia de la Corte de Luxemburgo abren un periodo de incertidumbre respecto a la reacción del Reino de Marruecos que siempre ha defendido que el Sáhara está dentro de su soberanía.

Ya se produjo una reacción en el mes de enero tras unas declaraciones del Comisario Miguel Árias Cañete en el que afirmó que los tratados alcanzados con Marruecos en materia de energías renovables se aplicarían «teniendo en cuenta la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental», declaraciones que, por tanto, confirmaban la sentencia de la Corte de Luxemburgo. Fue Aziz Akhnnouch, ministro de Agricultura de Marruecos quien advirtió en un comunicado que la Unión Europea corría el peligro de que se abriera el grifo migratorio que Marruecos «ha detenido».

Tanto la sentencia de diciembre como los diferentes comunicados del Gobierno de Rabat unido al reconocimiento de España de la no pertenencia del Sáhara Occidental a Marruecos abren un nuevo enfrentamiento entre la UE y el reino alauí. Esta es una de las consecuencias que debe afrontar la Unión por su política de buscar fronteras exteriores para frenar los flujos migratorios. Bruselas se halla amordazada y cualquier tensión surgida con esos terceros países puede suponer un incremento de llegadas a las fronteras de la UE. Así ocurrió tras las declaraciones de Arias Cañete y tras el comunicado de Rabat. Apenas diez después se produjo una entrada masiva de subsaharianos a Ceuta ante la pasividad de la policía de fronteras marroquí, tal y como denunciaron las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las relaciones entre la UE y Marruecos siempre han estado en constante tensión por la situación del Sáhara Occidental. En febrero de 2016 el gobierno marroquí anunció la «suspensión de todo contacto con todas las instituciones europeas» a causa de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de anular un acuerdo para la aplicación de medidas de liberalización de aranceles a los productos agrícolas y pesqueros porque se incluyó en dichos acuerdos al Sáhara Occidental. Este fallo fue la consecuencia de una denuncia del Frente Polisario. En todos estos casos Marruecos siempre utiliza la misma baza: el grifo migratorio.

El hecho de que España haya asumido que el Sáhara no es territorio que esté bajo la soberanía de Marruecos abre una nueva herida en la delicada relación entre el reino alauí, quien pidió explícitamente que no se acatara la sentencia de la Corte de Luxemburgo, y la Unión Europea. Lo que sí representa es un paso adelante en el reconocimiento de la soberanía del Sáhara Occidental.

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