El ejecutivo de Mariano Rajoy da por hecho que deberá prorrogar los presupuestos de este año. Aún en el mejor de los casos, que no fueran necesarias unas terceras elecciones, el trámite parlamentario de unas nuevas cuentas imposibilita su entrada en vigor el 1 de enero. Por lo tanto, se ha puesto a trabajar para complementar la prórroga con una serie de medidas económicas, sociales y fiscales que se aprobarán por decreto.

En esta próxima semana, el Consejo de Ministros tendrá listo el primer grupo de estas medidas con las que se pretende hacer frente a las condiciones impuestas por Bruselas en materia de déficit público. La más importante de ellas será la reforma del Impuesto de Sociedades, que elevará el tipo de pagos trimestrales a cuenta hasta el 20%. En el Ministerio de Hacienda creen que podrán recaudar unos 5.000 millones de euros que ayudarían a reducir el desfase presupuestario que se generó en 2015 y que es el que ha dado lugar a la apertura del expediente por parte de la Comisión Europea.

La urgencia de esta medida se debe a que las empresas cerrarán ejercicio contable a finales de este mes de septiembre. De esta manera, les dará tiempo a calcular los adelantos sobre la nueva base imponible. Además, se piensa recaudar unos 1.000 millones adicionales en la lucha contra el fraude fiscal.

Paralelamente, Economía prepara un nuevo plan de estabilidad que debería presentar a Bruselas antes del 15 de octubre. Aquí es donde hay que echarse a temblar porque es donde figurarán los recortes necesarios para alcanzar el objetivo de déficit. No obstante, los expertos tranquilizan al respecto porque se entra en nuevo periodo electoral y habrá que suavizar las medidas a adoptar si no se quiere perder votos, conscientes en el PP de que en unas terceras elecciones subirían en escaños. Una subida esta vez lo suficiente como para investir a Rajoy como presidente.

También se están estudiando medidas de corte industrial para garantizar el suministro energético en 2017. Entre ellas, los nuevos peajes de suministro eléctrico que permitirán ajustar el marco tarifario.

Y las medidas de tipo social. El Gobierno debe de tener en cuenta las necesidades puntuales de los casi 15 millones de ciudadanos que reciben algún tipo de prestación por parte del Estado. Las pensiones subirán lo estipulado en la Ley, el 0,25%. Se estudia la posibilidad de incrementar los sueldos públicos un 1%. Se incrementará el Salario Mínimo Interprofesional y se actualizarán las prestaciones, becas y ayudas sociales.

El Gobierno estudia dividir este paquete de medidas en dos. Uno, de carácter urgente, sería aprobado mediante decreto entre octubre y noviembre. Su contenido se limitaría a las medidas necesarias para que Bruselas no siga interviniendo en el asunto del desvío del déficit. Para ello, Rajoy intentará recabar el apoyo de Ciudadanos y del PSOE para acudir a la Comisión Europea en una posición de mayor fortaleza.

El otro paquete se incluiría en un decreto similar al que el Partido Popular aprobó cuando regresó al poder, en diciembre de 2011. Un decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera que estaría listo para aprobar en los primeros días de enero, manejando la hipótesis de elecciones el 18 de diciembre, con resultados, esta vez sí, positivos para los populares.

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