El abogado general del TJUE ya dio muestras, en abril pasado, de la debilidad de las instituciones ante la poderosa banca española. Si el poder judicial, a través de la instancia superior europea, hizo pensar lo contrario, que por encima de todo está el poder emanado el pueblo, el Gobierno de Rajoy se ha encargado de volver a echar un jarro de agua fría sobre este principio. El proyecto de código de buenas prácticas que obligaba a todas las entidades financieras a devolver el dinero cobrado de más, se ha quedado en un brindis al sol. Papel mojado. Decisiones que no sirven para nada.

El PSOE ya ha anunciado que si es cierto lo que se ha dicho estos días en la prensa, no apoyará parlamentariamente el decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 13. Al final se vuelve a los planteamientos iniciales. Las entidades deberán someterse a una mediación obligatoria por parte de una comisión independiente en el momento en el que el cliente le reclame el dinero cobrado de más a través de la aplicación de la llamada cláusula suelo. Pero el dictamen que se emita podrá aplicarse… o no.

Esto supondrá que las entidades que todavía no han sido condenadas, es decir que judicialmente sus cláusulas suelo no han sido calificadas de “abusivas”, con toda probabilidad se negarán a devolver el dinero. Al cliente no le quedará más remedio que acudir a los tribunales.

Porque lo que verdaderamente querían los bancos, que se eliminase el principio de que todas las clausulas suelo de los contratos hipotecarios son opacas y por tanto abusivas, se ha conseguido. Y hay entidades en que insisten en que sus cláusulas son “transparentes”. Que se dio total información tanto a la hora de informar comercialmente como la de suscribir el contrato.

Los que no han salido bien parados son las asociaciones de consumidores. Estas anunciaron, a bombo y platillo, que habían ganado sus “demandas colectivas”. Y ahora se comprueba que no ha sido así. La de Adicae en un juzgado mercantil de Madrid, por ejemplo, aunque la titular falle teniendo en cuenta el principio del TJUE, será recurrida por los demandados con toda seguridad, lo que provocará el ganar tiempo.

Y es que es eso lo que pretende la banca. Para el sector, ganar tiempo es crucial ya que así pueden periodificar el impacto de la devolución en sus cuentas de resultados. Además, tienen la obligación de agotar todas las vías para defender los intereses de sus accionistas.

No es la primera vez que un gobierno de Rajoy cede ante las pretensiones de la cada vez más poderosa banca. Cuando hace, ya, unos años, se tuvo que acudir al rescate y a la creación del Frob, el Fondo de Recuperación y Reordenación Bancaria, los grandes se negaron a aportar dinero para salvar a “los pequeños”. Eso supuso el tener que acudir a Bruselas con las consecuencias de todos conocidas. Todavía se están pagando los 20.000 millones prestados, y lo que queda.

Ni el Banco de España, ni el Banco Central Europeo son capaces de parar las pretensiones de las entidades financieras españolas que ponen como excusa la situación por la que atraviesan. Pero, en realidad, sólo el Popular parece haber tenido problemas y está en vías de solucionarlos. El resto han pasado, y al parecer según se dice con muy buena nota, los test de estrés de Basilea II en materia de solvencia.

Entonces, ¿dónde están los apuros? En estos próximos días se conocerá la realidad del sector, cuando comiencen a publicarse los resultados del pasado ejercicio. Se da por descontado que la banca sigue ganando dinero. Menos, pero sigue en positivo.

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