En Catalunya se viven momentos de zozobra. Las recientes manifestaciones de miembros del Gobierno de Madrid son inquietantes. El sólo hecho de decir que “haremos cumplir la legalidad vigente” hace temblar a más de uno. A ello hay que añadir la situación de incertidumbre generada por la posibilidad de que se pase a una desconexión directa. No reconocida. Que conduzca al duopolio de diversas gestiones que afectan directamente a la ciudadanía como son impuestos y pensiones públicas.

El primer paso que preocupa es el del referéndum. El gobierno de Rajoy ya ha dicho que su celebración es ilegal y se impedirá “con todos los medios al alcance”. Si se produce esa hipótesis, – se baraja, incluso, antes de verano-, se presentará recurso de inconstitucionalidad. El TC fallará en contra de la celebración y dictará las oportunas órdenes de responsabilidades penales a los que promuevan la consulta.

Hasta ahí, todo previsible. El caso es que los partidarios del “procès” ya han dicho que no van a obedecer. El siguiente paso, entonces, sería poner en marcha una serie de medidas coercitivas que se contemplan en la Ley de Seguridad Nacional como por ejemplo la intervención de algunas áreas de gobierno de la Generalitat, principalmente, Ensenyament y Mossos D´Esquadra que dependerían de un “gabinete de crisis” creado para la ocasión.

A partir de ahí, todo puede pasar. Algunos expertos creen que lo más probable será el desistimiento por parte de las autoridades catalanas de la convocatoria de referéndum y, a cambio, la disolución del Parlament y nuevas elecciones autonómicas. Aprovechar el “victimismo” que generaría la medida coercitiva, para conseguir más apoyos a la causa. Esquerra Republicana y más concretamente Oriol Junqueras, serían los grandes beneficiarios de la crisis.

En ese momento, y una vez constituido el nuevo Parlament se pasaría directamente a la aplicación de las llamadas “leyes de desconexión”. Primero, la política fiscal para la obtención urgente de recursos. Posteriormente, el reconocimiento internacional y la puesta en marcha de la Constitución de la República Catalana. Estos y los siguientes pasos son anticonstitucionales para España lo que obligaría al gobierno de Madrid a tomar decisiones más drásticas.

Sólo en ese caso se pondría en marcha el artículo 155 de la Constitución, y se suspendería la autonomía en Catalunya. En ese supuesto, la delegación del Gobierno se haría cargo de las fuerzas de seguridad y ordenaría la ocupación de las dependencias territoriales con el fin de que los representantes elegidos por Madrid se hicieran cargo de los servicios básicos esenciales y de la gestión inmediata con el fin de no paralizar la vida ciudadana. Sólo en ese caso, se tomarían las medidas más drásticas que se pueden adoptar sorteando, si no es estrictamente necesario, la declaración de los estados de excepción, emergencia y de sitio. Y eso sí. Siempre contando con el apoyo de los socios de la Unión Europea. Se pretende evitar, a toda costa, un escándalo internacional.

En Moncloa no se piensa, todavía, en esta última posibilidad. Se cree que nunca se llegará a tanto. Pero la permanente amenaza de las llamadas “leyes de desconexión” aprobadas por el Parlament hace que se tengan en cuenta todas las hipótesis.

Lo que parece casi seguro es que, con este Gobierno, será imposible un acuerdo. Ni en lo que se refiere a la convocatoria de referéndum ni en la posibilidad de encontrar una solución a medio camino que satisfaga a todos. Así las cosas, esa inquietud de la que se habla al principio de esta información es totalmente justificable.

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