La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, ha emitido un auto por el que decide reabrir el caso de la concesión de la mina sevillana de Aznalcóllar por parte de la Junta de Andalucía, archivado el pasado diciembre por el juzgado de instrucción número 3 de la capital andaluza y avalado en su momento por la propia fiscalía, una decisión que recurrió la empresa perdedora del concurso de adjudicación.

Pese a esta reapertura judicial del caso de presunta concesión irregular, la Administración andaluza ha decidido mantener abierta la explotación minera alegando que se refiere solo a cuestiones “administrativas” y que esta nueva decisión de la juez Alaya no afecta “a la adjudicación de la mina”.

A través de una nota de prensa, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio contradice el auto de la juez Alaya y asegura que la decisión de la Audiencia de Sevilla de reabrir la investigación por la adjudicación de la mina “no afecta a la adjudicación de la mina, manteniéndose la actividad y el empleo”.

la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio contradice el auto de la juez Alaya

Este auto judicial, según la Junta andaluza, “no afecta en modo alguno a su adjudicación, ni suspende la actividad industrial y minera que allí se está desarrollando”. La Administración andaluza toma esta decisión para insistir en que el empleo de la localidad minera “seguirá asegurado”.

El pasado 21 de diciembre, la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, confirmó el archivo del caso de la concesión de la mina por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis-Grupo México tras rechazar los recursos de reforma presentados por Emerita Resources (empresa perdedora en el concurso) y Manos Limpias.

La juez decidió entonces el archivo del caso por considerar que no existían indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, informa Efe. Previamente, el 6 de noviembre, la juez archivó la causa, en la que había siete imputados, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial y luego restituida en su puesto.

La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resources, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el auto de archivo, la juez explicó que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis. “En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto”, dijo la juez antes de recordar que se hizo “teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso”.

Ahora, la juez Alaya, coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento de Andalucía, decide revocar “íntegramente” el archivo de la causa y decide reabrir el caso. En su auto, la juez Alaya insta a que se tomen todas las “declaraciones y documental que se consideren de interés para la investigación de los hechos, así como el requerimiento a la Junta para que incorpore a los autos una resolución de la Consejería de Innovación por la que se concede a Minera Los Frailes autorización para la exploración en la reserva minera de Aznalcóllar objeto del concurso y las dictadas con posterioridad, así como todas aquellas que se deriven y que con libertad de criterio estime pertinentes” la juez de instrucción.

En su auto, Alaya recrimina a la Administración andaluza por no haber comprobado “la solvencia técnica” del proyecto ganador, pues Minorbis –argumenta la magistrada de la Audiencia de Sevilla– no aportó nada al respecto al ser una entidad creada el 19 de marzo de 2014 para participar en dicho concurso, sin proyectos anteriores y con un capital de 3.000 euros y aunque podía integrar su solvencia técnica a través de medios externos, volvemos a la misma idea: debe acreditarse por el licitador, y así ha de cerciorarse por la Administración que es quien ha elaborado el pliego de condiciones”, sostiene.

La Junta andaluza, explica que mantiene abierta la explotación minera pese a todo después de que “tras haber invertido más de 5,5 millones de euros, la empresa adjudicataria cuenta en la actualidad con 178 trabajadores, así como con los servicios auxiliares de 25 empresas”.

El Gobierno de Susana Díaz añade que el auto de la Audiencia Provincial requiere a la juez de instrucción que “continúe investigando el asunto exclusivamente desde el punto de vista de si la Administración haya cumplido el procedimiento administrativo de contratación”, por lo que interpreta que “la investigación se ciñe exclusivamente a cuestiones administrativas, nada más, y no existen caudales públicos afectados”. Asimismo, precisa la Junta que el auto de la Audiencia Provincial se centra en que la juez de instrucción “solicite, por tercera vez, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pues las dos veces anteriores no fue contestado su requerimiento por este organismo de la Administración del Estado”. De esta forma, precisa que la Audiencia “estima una sola prueba de las solicitadas por Emerita”.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía manifiesta su “absoluto respecto” a esta nueva decisión de la juez Alaya que afecta directamente a sus intereses y expresa su “total colaboración” al esclarecimiento completo de los hechos, “tal y como ya hiciera en el pasado y continuará realizando en el futuro”, con la intención prioritaria de lograr una “máxima transparencia”.

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