–   El consejero Francisco del Busto defiende un servicio público, equitativo y accesible para todos en el treinta aniversario de la Ley de Sanidad

–   El Principado prepara una nueva norma que incluya garantías de calidad en la asistencia


 

La Consejería de Sanidad ha reivindicado hoy la supresión del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que puso fin a la sanidad universal y que vincula el derecho a la atención sanitaria a cotizaciones sociales, con distinta condición, de asegurado o beneficiario. Coincidiendo con el treinta aniversario de la promulgación de la Ley General de Sanidad 14/1986 en la que se  establecieron las bases de la construcción del Sistema Nacional de Salud, el Ejecutivo del Principado ha reiterado su compromiso con una sanidad igual para todos, equitativa, accesible y con suficiencia financiera para atender a la población.

La consejería ha recordado que la ley aprobada el 25 de Abril de 1986 supuso una auténtica revolución en el concepto de la protección integral a la salud, bajo las premisas de una prestación integral y de acceso en igualdad como un derecho de la ciudadanía. Estableció, además, que  la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, lo que convirtió esta ley en un instrumento de justicia social, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de las desigualdades lograda en la década de los ochenta.

Esta ley aprobada por un Gobierno socialista puso las bases políticas y legales para construir un sistema de salud de cobertura universal, público, de calidad y de acceso gratuito y coordinado. Un sistema que hoy sigue vigente y que en Asturias, junto con la Ley del Servicio de Salud del Principado, “ha impulsado el mayor progreso de nuestro sistema sanitario y el periodo de más desarrollo de la atención sanitaria en Asturias”, según ha asegurado el consejero de Sanidad, Francisco del Busto.

Para impulsar una sanidad de mayor calidad, el Gobierno del Principado está elaborando una ley que fijará un nuevo mapa sanitario que contribuya a mejorar el acceso de todos los ciudadanos al dispositivo asistencial que mejor pueda resolver sus problemas de salud, con independencia de su lugar de residencia.

La norma también incluirá garantías de calidad de la atención y dotará al Principado de estructuras de gobernanza y cooperación para conseguir un servicio más eficiente, ético y transparente.

Según el consejero, “queremos hacer más real la igualdad y modernizar nuestra sanidad pública, porque tenemos que afrontar nuevos retos como la innovación terapéutica; el envejecimiento saludable y la cronicidad; la equidad, y el nuevo impulso a la primaria y la salud pública. Y todas estas cuestiones que requieren el compromiso de la sociedad y los recursos para la renovación tecnológica, el desarrollo profesional, la investigación y la transformación de los procesos asistenciales”.

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