La realidad española puede percibirse desde el exterior como confusa. Tal vez, también contradictoria tanto política como socialmente observada. La más relevante fuente de desconcierto, es el estilo con el que el partido en el gobierno ha gestionado a sus propios casos de corrupción. Sólo el procurar opacar la acción de los medios informativos resulta inadmisible. En la mayor parte de las democracias estos comportamientos no se permiten. La expresión del desdén de sus portavoces es la actitud más frecuente. Tanta soberbia se diluye, sin embargo, cuando sus representantes se enfrentan a jueces independientes.
Este otoño judicial dejará al descubierto la crudeza del despojo. La corrupción ha puesto en peligro la propia existencia de la finalidad de un estado democrático. Ese es el fracaso personal del señor Rajoy. Pero no el único. Su debacle lo alcanza todo arrastrándonos con él. Es la de España.
Así, por ejemplo, en la cohesión territorial, se aprecian fisuras notables incentivadas por las políticas centralizadoras de Madrid. La España de las Autonomías debería entenderse como la respuesta que, en la denominada Transición, se le dio al espectro de nacionalidades español. Desde entonces, con mayor o menor acierto, el juego democrático permitió transferir autonomía de gobierno a las nacionalidades y regiones. En especial, a dos nacionalidades históricas: El País Vasco y el País Catalán. Aunque mucho más al primero que al segundo. El caso de Galicia siempre resultó marcado por la complicidad traidora de sus propios representantes que nunca estuvieron a la altura.
En términos de los titulares de la prensa, fue el país Vasco quién estuvo presente por décadas. En particular, por la actividad de un grupo que eligió el terror como vía para obtener la independencia. El fin de ETA deja a la vía política como opción más razonable para afrontar la convivencia pacífica y armónica de este maltratado país llamado España. El PP optó por judicializar la cuestión respaldándose en las cuestionables mayorías conservadoras de las instituciones judiciales.
Casi como consecuencia de corruptelas e ineptitudes, desde que Aznar llegó al gobierno de la segunda legislatura de mayoría absoluta, afloró la cuestión catalana básicamente por cuestiones presupuestarias. Esta relación entre Madrid y Barcelona, se tensó especialmente como efecto del recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional cuando, el Parlament Catalán con gobierno socialista, aprobó en 2006 su Estatut. Algo así como su Constitución territorial. Similar al valenciano o al andaluz, que no fueron judicializados. Eso ya se vivió como una afrenta que inició la marea cohesiva de los nacionalistas que está llegando a las playas de 2017.
El fallo del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, dictó la sentencia de inconstitucionalidad de hasta 14 de los 200 artículos que lo componían. Fue la primera vez desde la restauración democrática de 1977, que el Alto Tribunal se pronunciaba sobre una ley fundamental refrendada por los electores. Repito, el hecho de judicializar una cuestión sociopolítica dejó heridas mal curadas. Bueno es decir, que el independentismo catalán venía siendo minoría. También es correcto mencionar que, la gestión del Gobierno Rajoy, se ha venido ocupando de producir un incremento en la tensión con el conjunto de los catalanes, con el propósito explícito de apropiarse de la defensa de la denominada “unidad de España”. Con ello produjo un aumento de adhesiones independentistas y la captación de un sentimiento nacionalista que lo benefició electoralmente a nivel nacional. De tal modo, una buena parte de la coalición que gobierna en Cataluña hoy, pasó de reclamar una mejor relación presupuestaria a promover una convocatoria de consulta popular en materia independentista, en el marco del “Proces”. De una cuestión de carácter menor, la gestión de Mariano Rajoy la ha conducido a una cuestión territorial de gravedad incalculable. Para algunos, cintas mediante, instrumentalizada desde las “cuevas del Estado”. El PP necesita crear enemigos que justifiquen sus excesos en nombre del “bien de España”.
El panorama político general en el que se desenvuelve esta cuestión se viene enrareciendo con un incremento de casos de corrupción económica, política y financiera, como no se tenía memoria. España se está convirtiendo en algo espantoso gracias a la pasiva cobardía de los honestos ciudadanos. La nacionalización de la banca, derivada de las antiguas cajas de ahorros, figura financiera histórica en España, terminó con una serie de escándalos que han salpicado a numerosas e importantes figuras de la política española. No sólo los conservadores se han visto afectados. También importantes dirigentes, en activo o en retiro, han quedado vinculados a tramas de distinta índole. Todas en el territorio de la ilegalidad.
Esa dinámica está siendo condicionada también por el estilo procrastinador del propio Mariano Rajoy. Personaje cuyo lugar en la historia puede ser el más patetismo de la post transición. Así es, éste tiende a dilatar las decisiones que afronta, a ejercer un negacionismo del reconocimiento de la corrupción. Es estructural a su partido y, lo que es más grave, a demostrar una incompetencia máxima en la gestión de esta tormenta que arrasó España. La mal llamada Crisis. Históricamente, a lo largo de su carrera política, se basó en la creencia de dejar que los temas se resolviesen solos. Además de hacer recaer en las rentas del trabajo el mayor recorte del que se tenga memoria, con la explícita intención de beneficiar a un grupo de gestores de negocios.
Los pésimos resultados del modelo se han convertido así en un fracaso personal de la política del gobierno actual de España. Pero no nos confundamos, el verdadero responsable es el modo de entender la política del Partido Popular y de Alianza Popular. Rosendo Naseiro mediante, su propia finalidad ha sido concebirse como un centro de negocios. Llegados estos tiempos, los españoles parecen no soportarlo más… y aún no han llegado los verdaderos recortes de la Troika.
Por cierto, El Ayuntamiento de Madrid reduce su deuda 1.000 millones en un año y la Comunidad la incrementa 3.000 millones. ¿Así lo entiendes mejor?
