Las compañías eléctricas han decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la partida de 200 millones de euros que el Ministerio de Industria les ha endosado para sufragar el llamado “bono social”, la ayuda que las familias más desprotegidas reciben para poder pagar el recibo de la luz.

Las eléctricas han pedido a Industria que financie el “bono social” con cargo a los presupuestos del Estado. El Gobierno no sólo no les ha contestado sino que ya ha empezado a publicar en el Boletín Oficial del Estado el porcentaje que, en 2017, deberá aportar cada una de ellas. Ha empezado con Endesa que sufragará el 41% de todo el fondo. Y les siguen Iberdrola, con el 37,9%, Unión Fenosa-Gas Natural, asumirá el 14, 8%, Hidrocantábrico el 3,26%, Viesgo, un 2,22%, y el resto se reparte entre pequeños distribuidores.

Industria ni siquiera ha contestado a la propuesta efectuada por las grandes eléctricas agrupadas en la patronal Unesa. Endesa plantea que se cambie el sistema de asignación de tal manera que se traslade parte de la misma a los presupuestos del Estado “por su evidente función social”. Alternativamente se pretende que esos 200 millones se financien con cargo a la tarifa, “tal y como se hizo entre 2009 y 2013,” teniendo en cuenta que la actual situación de superávit tarifario permitiría incorporar este coste sin crear ningún tipo de desequilibrio”.

Endesa también propone una reestructuración de esta ayuda de tal manera que se crearían tres grupos: un bono social, otro de cobertura de clientes en situación de pobreza energética, y el tercero sería un fondo para incentivar la eficiencia energética.

Ni la propuesta de Endesa, presentada en febrero pasado, ni las posteriores de las otras compañías han recibido respuesta por parte del Gobierno. De ahí que se haya iniciado una guerra que tiene como principal campo de batalla la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que deberá decidir al respecto.

El llamado bono social, que, como se podrá deducir, tiene asignada una cantidad de 200 millones para el año próximo, es una especie de subvención tarifaria a los colectivos considerados “vulnerables” económicamente: las familias numerosas, las familias con todos sus miembros en paro, y los que cobran pensiones mínimas. Todos ellos, por supuesto, deben tener contratada una potencia que no supere los 3 kilovatios. En estos casos, la tarifa estará congelada mientras dure esta situación lo que viene a suponer un importante ahorro en el recibo de la luz.

Las eléctricas quieren cambiar, también, estos criterios para que los descuentos del bono social vayan destinados a los hogares que realmente lo merezcan basándose en los niveles de renta. Es decir, los que realmente están en situación de pobreza energética. En la actualidad 2,4 millones de consumidores se benefician de los descuentos del “bono social”.

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